Magistrados liberales de la Corte abren debate sobre las suspensiones de la Procuraduría

Un nuevo debate alrededor de las facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación podría arrancar en la Corte Constitucional. Dos de los magistrados más liberales del Alto Tribunal están pidiendo a sus colegas que se revise la tutela que el superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez Casas presentó en contra de la decisión de la Procuraduría que lo suspendió del cargo por tres meses.

Se trata de una tutela contra la decisión de la suspensión provisional, que se tomó en noviembre de 2023, mientras se revisaba el caso. Cabe precisar que la entidad comunicó el 7 de abril de 2024 que optó por destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 12 años.

El caso llama a la atención por donde se lo mire. Pérez es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, quien ampliamente ha cuestionado que la Procuraduría pueda afectar derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular y cuyo caso motivó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que indicó que la destitución e inhabilitación solo puede hacerla un juez penal.

La Corte Constitucional determinó que la Procuraduría puede seguir tomando sus decisiones, pero estas quedan en suspenso hasta que el Consejo de Estado, que es un juez administrativo, las revise. Esa sentencia versa sobre las destituciones y las inhabilitaciones para hacer política, pero nada dice sobre otra facultad de la Procuraduría: la de suspender por tres meses al servidor público que investiga.

Por esa vía fue suspendido Pérez y el canciller Álvaro Leyva, para poner ejemplos recientes. Hay dos magistrados que están insistiendo para que la Corte Constitucional se meta en este debate. Por un lado, Vladimir Fernández, quien llegó a la Corte en diciembre de 2023, y había sido secretario jurídico de la Presidencia de Petro. Además, es su amigo cercano.

Por otro lado, está Juan Carlos Cortés, quien es el magistrado más liberal de la Corte actualmente y quien fue viceprocurador general de la nación.

En su escrito de insistencia, el magistrado Cortés dijo que es "necesario y oportuno pronunciarse sobre este caso para precisar y reafirmar con claridad el alcance de las atribuciones disciplinarias para suspender un servidor público".

"De otro lado, se podrá precisar el ejercicio de la competencia de suspensión cautelar, su alcance y condiciones de ponderación para no generar una afectación significativa en el funcionamiento de una entidad del Estado, en particular de una que ejerce funciones constitucionales y legales de inspección, vigilancia y control, a nombre del presidente de la república", agregó Cortés.

En su escrito de insistencia, Vladimir Fernández dice que la tutela del caso de Pérez debe ser seleccionada porque daría a la Corte una oportunidad para pronunciarse sobre los requisitos que se deben cumplir para dictar esas suspensiones.

"Resulta importante recordar que, conforme al criterio de esta corporación, si bien es cierto que el órgano de control disciplinario cuenta con un margen de decisión para adecuar la conducta sancionable, también lo es que este debe ser razonable, por lo cual no pueden realizarse interpretaciones extensivas de las disposiciones legales contentivas de las faltas disciplinarias", dijo.

Para Fernández, el caso igualmente permitiría a la Corte pronunciarse sobre la posibilidad que tiene el sancionado de cuestionar la suspensión.

"La selección para revisión del asunto de la referencia adquiere una marcada relevancia constitucional, toda vez que resultaría útil para que la Corte, si así lo estima pertinente, estudie si las providencias dictadas por los jueces de tutela de primera y segunda instancia, que declararon improcedente la tutela desconocieron o no el precedente constitucional según el cual la acción de tutela es procedente para controvertir medidas de suspensión contra funcionarios públicos”.

Luis Guillermo Pérez Casas fue suspendido en principio por tres meses por supuestamente haber hecho una modificación a la lista de personas elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, para incluir a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila. Y ahora la Procuraduría lo destituyó del cargo.