El desminado humanitario: una asignatura pendiente
Crédito: Colprensa
Siete organizaciones internacionales le piden al Gobierno garantías para poder realizar el trabajo de desminado que ordenó el Acuerdo de Paz y que apenas se ha podido cumplir un 20 por ciento.
El proceso de desminado en Colombia fue uno de los puntos más debatidos en la mesa de negociación que llego al Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La idea era que los integrantes de la guerrilla entregaran las coordenadas de los artefactos explosivos para facilitar el desminado en los territorios más azotados por la guerra.
Para profundizar
Para realizar esta tarea de limpieza se puso en marcha el Plan Estratégico de Desminado, con el fin de descontaminar 673 municipios –60 por ciento del país– de los 28 departamentos en los cuales hay sospecha de presencia de artefactos explosivos.
Según cifras del Gobierno, el desarrollo de estas actividades tendría un costo aproximado de 327.000 millones de dólares, ya que desminar cada metro cuadrado puede costar alrededor de 6 dólares y en el país hay más de 52 millones de metros cuadrados invadidos de explosivos.
Como parte del apoyo a esta tarea, las Naciones Unidas invitaron a varias organizaciones internacionales para realizar las tareas de desminado humanitario. Las siete escogidas se repartieron en varias zonas del país.
En 2018, iniciaron sus tareas en los departamentos de Arauca, Cauca, Huila, Antioquia y Norte de Santander, pero desde entonces su labor se ha visto entorpecida por tres factores: restricciones relacionadas con el conflicto armado, 40 por ciento; limitaciones geográficas o de infraestructura, otro 40 por ciento, y restricciones relacionadas con protestas de comunidades coaccionadas por los grupos ilegales, 20 por ciento.
En los últimos meses, la inseguridad para ejecutar el desminado creció tanto que las organizaciones internacionales decidieron suspender las operaciones y ordenar la salida de sus empleados de las zonas estratégicas.
En consecuencia, los directores de las organizaciones civiles de desminado que operan en Colombia solicitaron al Gobierno nacional realizar campañas de comunicación para sensibilizar sobre el enfoque humanitario del desminado.
Difícil tarea
El trabajo de desminado humanitario se ha dificultado, sobre todo, por el aumento de la presencia de los grupos ilegales en las zonas donde trabajan las organizaciones. Según un mapa de la presencia de grupos armados realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), al menos 412 municipios registran la presencia de uno o más grupos. Cerca de uno de cada dos de estos municipios son disputados por dos o más grupos, una situación que no solo aumenta el riesgo para la población civil, sino que también aumenta las restricciones de acceso a los grupos humanitarios de desminado.
En una encuesta realizada por las Naciones Unidas en diciembre de 2021, el 79 por ciento de los actores humanitarios declararon que las restricciones de acceso aumentaron significativamente el año pasado, una situación que se ha mantenido a lo largo de 2022.
Así las cosas, hasta agosto de este año la labor de desminado solo se había cubierto 20 por ciento, con 11.675.399 metros cuadrados despejados.
Pablo Parra, director del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (Unmas), explicó: “Debido a la reconfiguración de los diferentes conflictos en Colombia, los equipos de las organizaciones se han convertido en objetivo de amenazas, actos de intimidación e incluso ataques, hechos que limitan el acceso humanitario y, en última instancia, afecta a las comunidades”.
Ante esta situación, han reclamado a las organizaciones armadas respetar los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia que rigen a los grupos humanitarios.
“Para estas organizaciones, los costos de reparar un país cuyo territorio ha sido contaminado por minas son enormes, por cuanto estas armas acarrean consecuencias sociales, económicas y políticas de las comunidades afectadas, lo que lleva a sus habitantes a tensiones, nuevos conflictos y la imposibilidad de construir una paz estable y duradera”, afirmó Parra.
La denuncia fue el tema central de una reunión que sostuvieron los representantes con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien se comprometió a reforzar la seguridad en las zonas que han tenido inconveniente las organizaciones internacionales, con una mayor presencia de fuerza pública, con el fin de permitir el retorno de las máquinas y los equipos para el desminado humanitario.
