Paz total aunque sea por un día

El pasado 20 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de reconocimiento de las Fuerzas Militares como comandante supremo, afirmó que las tropas debían prepararse para ser un “Ejército de paz", tras décadas de conflicto interno que su Gobierno quiere extinguir mediante negociaciones con los grupos armados irregulares.

"Se trata de cambiar la concepción misma (...) lo que se le demanda por parte del pueblo colombiano (...) es un Ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine, ojalá si lo logramos, como un Ejército de paz", afirmó.

El mayor "reto" –enfatizó– es levantar los "pilares fundamentales de una paz que se vuelva definitiva", tras una "violencia permanente, una guerra perpetua".

El Ejército de la paz, sin embargo, no ha podido atenuar la guerra. Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde la posesión del Gobierno de Gustavo Petro han ocurrido masacres en 14 de los 34 departamentos del país. Las zonas de frontera son las áreas más impactadas por la presencia ilegal por el negocio del narcotráfico.

“En las zonas de mayor presencia de grupos armados, las violencias contra la población civil continúan. En las regiones fronterizas de Norte de Santander, Arauca y Nariño, las tensiones por el control territorial entre los ilegales aumentan el riesgo de los habitantes a sufrir violaciones a los derechos humanos”, aseguró Pares en el informe.

La disputa por el dominio del territorio, los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas han profundizado la violencia contra la población civil, señalada una y otra vez como sospechosa de pertenecer o auxiliar al bando contrario.

Juan Carlos Villamizar, líder social de Tame, Arauca, afirmó que el cese del fuego que prometieron los grupos armados –para atender al llamado de diálogo del Gobierno– solo se ha cumplido contra la fuerza pública, pero no para los campesinos, que han quedado abandonados entre los fuegos de los distintos grupos de delincuentes. "Tenemos muchos muertos civiles y la presencia de las Fuerzas Militares no se siente, o se siente pero días después de los enfrentamientos”.

Jesús Garzón, habitante de Caldono, Cauca, denunció que lo preocupante es que la fuerza pública está dejando que ocurra. "No tienen confrontaciones con los criminales, pero sí dejan que se presenten ajusticiamientos contra los pobladores". 

En Putumayo, particularmente, los combates entre el frente primero de las disidencias de la Farc y los comandos de frontera terminaron recientemente con la muerte de 23 integrantes de las bandas y el desplazamiento de cientos de familias en Puerto Guzmán. La respuesta del presidente fue enviar 200 nuevos uniformados.

Yudy Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, aseguró que la militarización no es la solución a la difícil situación que viven miles de habitantes en el país. “Más aún cuando hay indicios de corrupción por denuncias de relaciones entre las Fuerzas Militares y los actores armados ilegales; es decir, que la situación, en vez de mejorar, puede empeorar”.

Vivir en medio de las balas 

Jesús Garzón dijo que los habitantes de los municipios afectados por varias décadas por la violencia en el país ven con buenos ojos el proyecto de la Paz Total, que esta debería comenzar por un mayor compromiso de los grupos ilegales de respetar a los civiles y no solo a los militares.

Los militares, por su parte –añadió Carlos Álvarez, habitante de Saravena, Arauca– deberían comprometerse a no abandonar a los civiles a su suerte.

“Si se tomó la decisión de suspender las operaciones contra los delincuentes para crear un ambiente especial, no quiere decir ello que se deba mantener al margen a poblaciones vulnerables sin la seguridad mínima correspondiente; se requiere una mayor presencia de la fuerza pública para evitar que se presenten situaciones de extorsión confinamientos o desplazamientos”, afirmó Carlos Álvarez, habitante de Saravena, Arauca.

El sueño distante de la paz

Para Alejandro Restrepo, coordinador de Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, de Pares, la estrategia del Ministerio de Defensa es detener las operaciones ofensivas para cambiar la mala imagen que tienen entre las comunidades.

Garzón propuso que al menos el Gobierno cumpla con su compromiso de la seguridad humana, que involucre no solo a los grupos ilegales en guerra sino a los pobladores que la han sufrido y que no tienen alternativa distinta a la de lucrarse del único proyecto productivo de las zonas en conflicto: el narcotráfico. 

Esta opinión es compartida por Juan Carlos Villamizar, en Arauca: "Los habitantes están frustrados por los proyectos no cumplidos del Acuerdo de Paz y preocupados por la cantidad de asesinatos de desmovilizados, lo que obstruye el sueño de vivir tranquilos".

Yudy Quintero, por su parte, opinó que, si bien la paz total es una idea de política bien confeccionada y con respaldo legislativo –por cuenta de la sanción presidencial de la ley que prorroga de la antigua Ley de Orden Público–, se requiere una estrategia que se sienta en el terreno. "Más allá de los compromisos entre los militares y los grupos ilegales por no hacerse daño, deben haber garantías de protección para la población, para que esa paz que tanto se busca se sienta al menos por un día entre los campesinos".