Coca en el sur de Bolívar: un círculo vicioso

Los campesinos del sur de Bolívar que siembran coca viven entre la extorsión que tienen que pagarle a la Policía, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la alianza entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cambio viajó a las fincas cocaleras y realizó un reportaje audiovisual de la situación.

Las experiencias de los pobladores de cuatro municipios de Bolívar con los policías antinarcóticos, son el chantaje económico y el abuso de poder. Cuando llegan a erradicar, los uniformados piden dinero a cambio de no cumplir con su misión. Quienes han dejado de pagarles entre uno y 8 millones de pesos, dinero que exigen, según el número de hectáreas sembradas con coca, se han encontrado con que les dañan sus pertenencias o los agreden físicamente. Hoy hay siete raspachines heridos con las balas de los policiales.

“Aquí vinieron una vez y nos dijeron que les diéramos un millón de pesos, y nos tocó darlo para que no nos fumigaran”, advierte un hombre que tiene casi tres hectáreas de coca en un corregimiento a dos horas y media de San Pablo. Los otros dos actores armados que hacen presencia en las zonas rurales de Simití, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa en el Magdalena Medio son en las AGC y los soldados de la Fuerza de Tarea Marte. A ellos, dicen los lugareños que los han visto ir unos adelante y otros atrás. Que en ocasiones se presentan como Ejército y que después los ven como miembros de las AGC.

“Son los mismos”, esa frase es común oírla en la zona. La primera semana de abril los pobladores del corregimiento Santo Domingo del municipio de San Pablo debieron permitir que marcaran sus casas con la sigla: AGC. En uno de los vehículos en los que cotidianamente se transportan quienes viajan de San Pablo hasta Santa Rosa, una mujer contó que los paramilitares les dijeron que no podían borrar las letras que les habían pintado en las fachadas de sus casas. Los campesinos dicen que no quieren la coca pero que es con lo único que han podido mantener a sus familias.

En el Acuerdo de Paz se proyectaron recursos y garantías para mutar de la coca a productos legales a través del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el propósito de que se diera una erradicación voluntaria a cambio de dinero y de mejores condiciones para comercializar productos de uso lícito. Hace cinco años que se firmó la paz y los cultivadores de hoja de coca solo han recibido 12 millones de pesos, las vías siguen siendo de difícil acceso para sacar productos agrícolas y los grupos armados continúan dominando el territorio y el negocio. Hace dos años el ELN era el mandamás, pero la aparente alianza de los militares con los paramilitares es lo que los tiene alejados de los caseríos donde patrullaban y del control de la base de coca por la que pagaban hasta 4.000.000 de pesos por kilo, dicen los dueños de los laboratorios. Este año se está pagando máximo 3.400.000 pesos.