La violencia doblemente letal que es urgente detener en Arauca

Por: Luis Eduardo Celis 

Nuevamente volvemos a escuchar de Arauca por los estruendos de la violencia y los estragos sobre vidas humanas, una violencia de más de cuatro décadas en un territorio donde el Estado colombiano no funciona de manera cabal y donde los actores irregulares, que imponen una violencia sistemática contra las comunidades, ejercen efectivo control sobre los territorios.

Arauca ha sido lejana, desconectada y escenario de varios conflictos que se entrelazan y alimentan. Hay el reto de entender lo que allí sucede y asumir que se requieren políticas concertadas entre el Estado central y la sociedad araucana en toda su diversidad, para propiciar los procesos de diálogo, concertaciones difíciles y construcción de políticas que resuelvan los temas que generan conflictividad social y alimentan la persistencia de la acción violenta.

En Arauca las comunidades han soportado los órdenes impuestos por las guerrillas del ELN y las FARC –ahora disidencias– para permanecer en el territorio. A sangre y fuego se ha construido un orden de permanencia que tiene como base una desconfianza con el Estado central y una cultura de permanecer bajo la tutela de los armados, armados que conocen muy bien Arauca y que han desarrollado vínculos de diálogo y adhesión de muchas comunidades que, ante un Estado incapaz y distante, no ha logrado una legitimidad y un funcionamiento democrático.

Arauca, hasta los años ochenta, era un territorio más conectado con Venezuela. De hecho los niños, niñas y jóvenes entonaban de manera más fluida y decidida el himno de Venezuela que escuchaban en una televisión que sí llegaba, mientras la colombiana estaba ausente. Igualmente era y sigue siendo más fácil moverse por Venezuela para llegar a Cúcuta que tomar la trocha de la vía de la soberanía que hoy es un camino tortuoso e incierto y más en época de invierno. Esta desconexión de vieja data es una de las explicaciones de la desconfianza y la distancia que hay entre la sociedad araucana y el poder central.

Paradójicamente, la colonización campesina de los años setenta habría podido generar una cercanía con el gobierno, que ofreció las tierras que este campesinado pobre no encontró en Santander o Norte de Santander, Boyacá, Antioquia o Tolima, de donde proviene la inmensa mayoría de la población que llegó a lo que hoy es Saravena y Fortul, y parte de Arauquita y Tame. La acción de gobierno se quedó a la mitad. Vinieron los conflictos por los servicios básicos de salud, educación y vías para moverse, temas que hoy siguen siendo vigentes, y sin los servicios básicos. Vinieron los conflictos, las protestas, los acuerdos y los incumplimientos; y todo este relacionamiento conflictivo derivó en una profunda ruptura política. Entonces, se instalaron las guerrillas. Esta historia lleva ya más de cuatro décadas.

Luego vino el cogobierno de las guerrillas con la clase política; las imposiciones, pactos, encuentros y desencuentros; todo mediado por dosis de violencia; vinieron los conflictos por ordenar y controlar el territorio, con el trasfondo de cuantiosos recursos del petróleo de Caño Limón, que han traído muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas terribles.

El año más violento en la última década

La historia de la Arauca de las últimas cuatro décadas ha sido la del desarrollo de tres poderes que conviven, se enfrentan, se adaptan y cumplen ciclos de convivencia forzada y ciclos de abierto enfrentamiento violento. En medio de todo ello, la sociedad ha debido adaptarse y aprender a convivir con estos órdenes autoritarios y criminales.

Ahora hay una abierta confrontación entre el ELN, que conoce el territorio y tiene raíces en la sociedad, con las disidencias de las Farc, que igualmente conocen el territorio y tienen vínculos con la sociedad. ¿El motivo de la confrontación? El de siempre: quién controla y quién es el regulador de lo que se puede y no en este rico territorio.

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A la fecha van más de trescientos homicidios en el departamento, lo que hará de este año quizás el de más muertes violentas de la última década, con una taza que puede llegar a ciento cincuenta homicidios por cien mil habitantes. Esto coloca a este territorio como uno donde la muerte violenta es pandemia.

Esta violencia entre conocidos ya tiene un antecedente: la disputa que se dio entre 2006 y 2011, que fácilmente pudo dejar mil muertos, la inmensa mayoría civiles y muchas comunidades desplazadas. Esa guerra igualmente se dio por el control del territorio, como la de ahora, y tuvo el detonante de la decisión del ELN de erradicar toda la coca que entre 1995 y 2005 se había instalado en Arauca, que se acercaba a las diez mil hectáreas. Esta guerra fue dura y cruel, como todas las guerras territoriales. Paró cuando Farc y ELN asumieron que dado el nuevo orden que dejaba la confrontación, era el momento de pararla.

La violencia en curso en Arauca, en este nuevo ciclo, se inició el pasado 2 de enero, cuando el ELN asesinó de manera simultánea a veintidós supuestos integrantes de las estructuras de las Farc, en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita. A la fecha van más de trescientos homicidios en el departamento, lo que hará de este año quizás el de más muertes violentas de la última década, con una taza que puede llegar a ciento cincuenta homicidios por cien mil habitantes. Esto coloca a este territorio como uno donde la muerte violenta es pandemia.

La violencia en curso en Arauca es tremendamente preocupante, porque ambos contradictores se conocen de vieja data y afectan la vida comunitaria y el tejido social. Es una violencia doblemente letal, porque se ejerce de manera indiscriminada y no se vislumbra que vaya a parar en el corto o mediano plazo. Todo indica que es una confrontación por imponerse uno sobre el otro, no por pensar nuevamente en un reparto del territorio, como ocurrió en la última confrontación ya señalada.

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En Arauca hay que construir un Estado social, democrático y de derecho, que cobije a todas las comunidades, a toda la ciudadanía y funcione cabalmente en todo el territorio, que sea tramitador legítimo de intereses y conflictos y sea instrumento de convivencia, paz y desarrollo incluyente.

No es pequeño el desafío que tiene la sociedad araucana. Debe protegerse y sobrevivir, en medio de una violencia dura y cruel. Ante tamaño desafío le corresponde al Estado nacional acompañar a las instituciones estatales locales y a las comunidades, en su protección y defensa, no pueden cruzarse de brazos ante la tragedia, es el momento de la acción protectora civilista.

En Arauca hay que construir un Estado social, democrático y de derecho, que cobije a todas las comunidades, a toda la ciudadanía y funcione cabalmente en todo el territorio, que sea tramitador legítimo de intereses y conflictos y sea instrumento de convivencia, paz y desarrollo incluyente. No es un pequeño desafío, pero hay que asumirlo.

Hoy hay que proteger a las comunidades, reforzar la acción de la Defensoría del Pueblo y de las personerías, y los programas humanitarios de las alcaldías. Es el momento en que la fuerza pública sea factor de protección y gane legitimidad en este territorio. Hay que mantener presente que los grandes conflictos que persisten y que deben ser tramitados, pasan por asumir un proceso de paz con el ELN y un debido tratamiento a la persistencia de las disidencias de las Farc.

Arauca requiere un Estado que funcione y superar tanta barbarie, exclusiones y desconfianzas.

*Luis Eduardo Celis es sociólogo de la Universidad Nacional, analista del conflicto armado y sus perspectivas de superación y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.