La transformación del barrio San Bernardo: ¿Devaluarlo para venderlo?

El barrio San Bernardo, en Bogotá, ha visto cómo sus alrededores se transforman: el TransMilenio le rodea con las troncales Avenida Caracas, Carrera 10 y Calle 6; a unas cuadras está el parque Tercer Milenio, una zona que recuperó y convirtió en parque público la primera administración de Enrique Peñalosa; y muy cerca está también el Bronx, antes la olla más temida de Bogotá y hoy una zona cultural. 

Los vecinos dicen que el problema empezó hace más de 20 años, con la renovación del parque Tercer Milenio, que desplazó a habitantes de calle y jíbaros de la zona. Algunos de ellos llegaron al San Bernardo y la situación solo empeoró con la intervención del Bronx en la segunda administración de Peñalosa. 

Pero fue durante la administración de Gustavo Petro cuando se inició el plan para que la renovación urbana llegara también al barrio San Bernardo. En estos procesos, después de las socializaciones y negociaciones con la comunidad, es normal que se compren predios a un valor cercano al comercial para demoler y construir parques, nuevas vías, edificios comerciales o residenciales, entre otras obras. 

En 2018, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) por fin radicó ante la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá el Plan Parcial de Renovación Urbana “San Bernardo Tercer Milenio”, tras años de negociaciones con la comunidad. Así empezó un proceso de licitación para elegir a la empresa que haría las obras y en simultáneo las compras y demoliciones de predios. 

Pero los vecinos notaron que los años pasaban y los escombros seguían en su lugar, mientras más habitantes de calle y consumidores de drogas llegaban a su zona. Hoy, la ERU ha comprado el 97 por ciento de los predios y el 99 por ciento de los propietarios privados le han entregado sus antiguos inmuebles y después de pedir por mucho tiempo una intervención en los predios desocupados, hoy por fin la ERU los tiene limpios de escombros y encerrados con barreras de aluminio. Pero a sus alrededores siguen los problemas. 

Uno de los predios demolidos y encerrados colinda con la sede B de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe, que recibe a niños y niñas en primera infancia, es decir entre los dos y los cinco años. A su lado, entre el andén y la barrera del predio, se consumen todo tipo de drogas y la nube de olores llega al colegio.

Los padres de familia se han hecho parte de ese entorno en el que la tensión es tal que algunos inician pleitos ahí, en la entrada del colegio de sus hijos. Algunos, dicen los vecinos, también son consumidores. 

Predios más baratos

Por eso, mientras el el Comité Operativo de Habitabilidad en Calle de la localidad de Santa Fe lleva constantemente brigadas y actividades para atender este fenómeno, el sector educación hace actividades a la salida del colegio y del Instituto San Bernardo de La Salle, que queda apenas a una cuadra y al que los estudiantes también asisten en medio del consumo de drogas y los habitantes de calle. 

Samuel Amézquita, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, dice que esta situación ha llevado a que sus predios se devalúen; así, la ERU les puede ofrecer entre 800.000 pesos y 900.000 pesos a los dueños de los predios que necesitan comprar, un valor insuficiente para adquirir otra vivienda en algún lugar. La ERU indicó a CAMBIO que el presupuesto que se asignó a la compra de predios y costos asociados es de aproximadamente 128.000 millones de pesos.

Amézquita dice que este Plan Parcial les ha dejado lecciones como la necesidad de exigir mayor presencia a las distintas entidades distritales para que a su barrio dejen de llegar los problemas y la ilegalidad, un fenómeno que no les permite negociar “en las mismas condiciones” con la ERU ahora que están socializando un nuevo plan de renovación en la zona. 

“Las discusiones ahora todas tienen que ver con que los avalúos de la ERU están sujetos a cómo se ve el terreno por circunstancias de las que el mismo gobierno distrital ha sido cómplice, como la habitabilidad de calle y el microtráfico, ya sea por omisión o complicidad. Eso afecta especialmente a los propietarios porque no van a poder comprar una vivienda igual de digna a la que tienen por el precio que les están ofreciendo”, advierte Samuel.

Al respecto, el concejal verde Martin Rivera dice que la lección de estos planes de renovación es que no se pueden tardar tanto tiempo. Es necesario establecer plazos de ejecución y de seguimiento al proceso para evitar justamente que las zonas se deterioren ante los retrasos de ejecución. 

Además, destaca que “hay que ser realistas, no tiene sentido hacer, por ejemplo, 10 planes de renovación al tiempo ,o cinco; hagamos uno, dos, o aumentamos la planta de trabajo de equipo en la ERU para poder garantizar que se pueda hacer; la articulación con el IDU es clave”. 

Por su parte, la ERU dice que este año se terminarían los trámites prediales de la zona para que, ahí sí, Galias S.A., la empresa contratada, haga su parte en construir el proyecto que distribuye las 8,8 hectáreas a intervenir así: 1,5 hectáreas de espacio público con parques, plazoletas y similares; 12.800 metros cuadrados de equipamiento público deportivo, cultural y recreativo, y 5.000 metros cuadrados comerciales. 

Una zona con proyección 

Samuel Amézquita y sus vecinos saben que el barrio y la zona van a mejorar. El problema es cuánto tiempo tendrán que esperar y a qué costo. En la zona se construirán más de 3.000 viviendas de interés social, una de las estaciones de la primera línea del Metro de Bogotá estará frente a ellos en la Avenida Caracas y el plan parcial tiene programadas allí otras obras de espacio público. 

Adicionalmente, el segundo plan parcial conecta la renovación del barrio con las obras y la zona de influencia del complejo hospitalario San Juan de Dios. Rivera dice que se ha planteado conectar el cable turístico –en proyecto–, que iría desde Museo Nacional hasta Monserrate y luego hasta Las Cruces. "Es una herradura que pasa por ese sector. Si eso se puede hacer de esa manera, entonces usted está dando una conectividad mucho más grande al sector”. Pero advierte que primero hay que esperar a que se ejecute el primer plan y se desarrollen sus alrededores, como ha pasado con el crecimiento de la mayoría de las ciudades occidentales.

La ERU dice que su objetivo es "mejorar la percepción de seguridad, valorización de las viviendas y brindar espacios para el disfrute de la ciudadanía" y que mientras el proyecto se desarrolla, cuenta con "siete puestos de vigilancia 24 horas al día con caninos, quienes realizan ronda por las manzanas donde están los predios bajo custodia y vigilancia. El servicio de seguridad coordina los acompañamientos y apoyos requeridos con autoridades como la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá".

Mientras tanto, la necesidad de la comunidad es que las obras se construyan, que las autoridades se articulen y que todas hagan presencia pues no basta solo con un operativo policial para desplazar habitantes de calle, realizar actividades en las calles de los colegios y ofrecer ayuda institucional a los habitantes de calle si cada uno va solucionando “por su lado” y por turnos.