Los temores financieros de la reforma pensional

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó el miércoles 16 de noviembre el primer borrador de la reforma pensional, que espera discutir y modificar en una mesa tripartita con empresarios y trabajadores. Pero al día siguiente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que el proyecto no se ha discutido lo suficiente dentro del mismo gobierno. 

En una rueda de prensa, el ministro dijo que prefería no hablar sobre la pensional por ahora porque “todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer una discusión amplia sobre ese tema”. En cambio, analistas, el gremio de las AFP y hasta entidades privadas como Goldman Sachs y Bank of America sí se lanzaron al agua. Sus análisis no son alentadores. 

Con un tono similar al del ministro Ocampo, el presidente de Asofondos –el gremio de las AFP–, Santiago Montenegro, le dijo al gobierno que la propuesta debe ser ampliamente discutida, que debe tener en cuenta las visiones y sugerencias de todos los sectores y que debe responder preguntas como si las pensiones seguirán siendo heredables o qué pasará con el derecho a recibir la devolución de aportes y sus rentabilidades en el caso de los ahorradores en las administradoras de pensiones.

Montenegro también destacó que el proyecto debe incluir los cálculos del gobierno sobre “los efectos en aspectos como el ahorro de los trabajadores, sus pensiones futuras, la cobertura pensional, el ahorro del país, el impacto que habría sobre el déficit fiscal y la refinanciación de la deuda, sobre las tasas de interés y el precio del dólar”.

Malos cálculos

Según las cuentas del Ministerio de Trabajo, el gobierno recibiría cada año cerca de 24,7 billones de pesos por las cotizaciones de los trabajadores con un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, que son la mayoría. Con esos recursos, pagaría un subsidio de medio salario mínimo a los adultos mayores sin jubilación y 18,4 billones que antes debía pagar el gobierno a Colpensiones para repartir entre sus pensionados. 

Sin embargo, esto significaría cambiar un ahorro que se está haciendo en el presente por una deuda que habría que adquirir en el futuro, cuando esos trabajadores actuales se tengan que pensionar. Además, en el momento en que eso ocurra, se espera que la población joven sea inferior a la adulta y en edad de pensión, según las proyecciones del Dane. 

Mario Cruz, director de Seguridad Social y Vida de Fasecolda, calcula que la propuesta de reforma, que traslada a 96,2 por ciento de los afiliados a los fondos privados de pensiones, aumentaría la deuda implícita del gobierno en el equivalente a 60 reformas tributarias.

Y como solo el 38,5 por ciento de esos trabajadores cotiza de manera frecuente al sistema pensional, significa que con esas condiciones solo 6,8 de 17,8 millones de trabajadores podrían pensionarse en las próximas dos generaciones, sin que Colpensiones tenga el ahorro suficiente para pagar esas mesadas.

Cruz explica que “bajo la fórmula de liquidación de las pensiones públicas, una pensión promedio de 2 millones de pesos tiene un subsidio implícito de 250 millones a valor presente y una de 4 millones tiene un subsidio de 491 millones de pesos. Esto asumiendo la vida del pensionado y sus beneficiarios”.

Al mismo tiempo, esos 24,7 billones de pesos que recibiría cada año Colpensiones son recursos que dejarían de entrar a las cuentas de ahorro de las AFP y a sus portafolios de inversión. Esto aumentaría notablemente el nivel de déficit de cuenta corriente del país e, incluso, puede hacer que aumente su prima de riesgo y lleguen menos inversionistas internacionales. 

Bank of America lo explica de este modo: “Aritméticamente, la cuenta corriente es igual a los ahorros del país menos las inversiones. La reforma pensional va a conducir a una reducción en los ahorros y, como un efecto secundario, el déficit de cuenta corriente recibirá más presión por unas mayores tasas de interés (resultado de la caída en el ahorro). Esto hará que el déficit primario del gobierno sea más grande. Por ejemplo, Colombia tendría que pagar montos más altos en intereses de sus TES en manos de extranjeros”.

El banco de inversión Goldman Sachs no se quedó atrás y le recordó al gobierno que dado que solo cerca del 10 por ciento de los trabajadores reciben más de dos salarios mínimos, “la reforma reducirá considerablemente los flujos de recursos a los portafolios de inversión de las AFP. Como poseedoras del 25,8 por ciento de la deuda local del gobierno a octubre de 2022, las AFP son las mayores prestamistas del gobierno (superadas únicamente por los fondos extranjeros)”.

Según la entidad internacional, esto signifca que “la reforma impactará la habilidad y voluntad de las AFP de seguir comprando bonos soberanos de Colombia, lo que comprometerá una fuente importante de recursos para el gobierno, en medio de una ya vulnerable situación fiscal”.