Qué es la regla fiscal y por qué preocupa que Petro quiera modificarla
Crédito: Imagen: Colprensa
Ser responsables sobre hasta dónde podemos gastar de acuerdo con el dinero que recibimos genera confianza en quienes nos prestan y en quienes quieren invertir.
El presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la economía del país. Esta vez, dijo que el gobierno anterior le dejó un marco fiscal muy exigente y “que se supone que no se puede romper”, lo que limita su capacidad de gastar para cumplir muchas de sus promesas de campaña.
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Pero lo más probable es que el presidente haya hablado de marco fiscal para referirse, en realidad, a la regla fiscal.
El Marco Fiscal –cuyo nombre completo es Marco Fiscal de Mediano Plazo– es un documento que el Ministerio de Hacienda debe presentar cada año con cálculos actualizados de PIB, tasa de cambio, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, inflación, recaudo tributario y precio internacional del petróleo.
El Marco Fiscal también incluye una proyección de cómo cree Hacienda que se va a comportar la economía colombiana en los próximos diez años. La idea del documento es que sirva como hoja de ruta para organizar las finanzas públicas.
La regla fiscal, el verdadero “límite estricto”
En otra orilla está la regla fiscal, una ley que le indica al gobierno central hasta dónde puede gastar, dependiendo de los ingresos que recibe. La norma, sin embargo, fue modificada en 2021, en la última reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, para que incluyera un ancla a la deuda pública.
La regla fiscal se creó en 2011 y empezó a aplicar desde 2012. El mecanismo evita que el país se gaste todos los recursos de las bonanzas que se le presenten, de manera que, cuando la situación económica sea menos favorable, pueda utilizar ese ahorro y así los ciclos económicos golpean con menos fuerza al país.
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En un principio, la regla fiscal solo indicaba cuánto déficit fiscal podía tener el país cada año. La meta a largo plazo era que este déficit llegara a 0,1 por ciento del PIB nacional. Además, había un comité consultivo ligado al mismo Ministerio de Hacienda que aconsejaba cuál debía ser el nivel de déficit fiscal, teniendo en cuenta una serie de variables, entre ellas el crecimiento de la economía local.
Esta regla tenía una crítica de los expertos: obligaba al país a reducir cada año su déficit fiscal –es decir, el volumen de dinero que gasta el gobierno central por encima de sus ingresos–, pero permitía que la deuda pública siguiera subiendo.
En 2020, con la crisis que provocó la pandemia, el gobierno utilizó la cláusula “de escape” que tenía la regla para suspender por dos años la obligación de cumplir con un límite de déficit fiscal. En 2021, antes de cumplirse el plazo para volver a la norma, el Ministerio de Hacienda aprovechó para mejorarla.
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Lo que hizo fue: incluir los ingresos petroleros en la fórmula de cálculo del déficit, con la obligación de guardar una parte de esos ingresos para pagar la deuda, si el crudo supera cierto precio; crear el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, como entidad separada de Hacienda, e incorporar una obligación de deuda pública máxima.
Las metas de déficit fiscal que estableció para los próximos años fueron de 4,7 por ciento en 2022, de 1,4 por ciento en 2023 y de 0,2 por ciento en 2024. Para 2025, debe haber –se supone– un superávit fiscal de 0,5 por ciento. Estas proyecciones hacen que en 2023 el gobierno deba frenar drásticamente el gasto, si quiere cumplir la regla.
Ahora sí se entiende por qué el presidente dice que tiene una norma muy estricta: quisiera gastar a manos llenas, pero no puede porque hay una ley que se lo impide. Al fin y al cabo, aun si es para financiar auxilios y programas sociales, endeudarse más de la cuenta podría ser mucho más costoso, no solo por el aumento de intereses correspondiente, sino porque las tasas de interés serían más altas, por el riesgo que implica prestarle a alguien que ya está suficientemente endeudado y puede que se cuelgue en los pagos.
