Las pruebas contra el embajador

Siete años después de haber sido sacado abruptamente de la Policía, el mayor y arquitecto William Orlando Moreno está a la espera de que la institución lo reintegre y lo llame a ascender a teniente coronel. ¿La razón? La reciente sentencia del Consejo de Estado en la que se reconoce que hubo desviación del poder de sus superiores, quienes lo sacaron tras sus denuncias de corrupción en varias obras civiles que adelantaba la Policía en todo el país. Una de esas es la fallida construcción de 111 casas fiscales en el departamento del Tolima, en la que está involucrado el hoy embajador de Colombia en Australia, general en retiro Óscar Atehortúa Duque.

Atehortúa era director del Fondo Rotatorio de la Policía en 2015, justamente cuando el mayor William Moreno fue retirado de la institución, entre otras cosas, porque él y sus subalternos, según el testimonio de Moreno, se negaron a la petición del entonces coronel Atehortúa de no registrar las inconsistencias encontradas en el proyecto. “Atehortúa siempre manifestó que eso podría hacerle daño a la Policía”, dijo el mayor Moreno. Un mes después del retiro del mayor, Atehortúa archivó el proceso contra el contratista de la obra, con todo y los soportes que había entregado el mayor William Moreno en los que quedó registrada la ausencia de licencia de construcción, cambio de materiales, grietas en las edificaciones, viviendas sin agua potable y ausencia de planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras irregularidades.

Cambio tuvo acceso al expediente de la Procuraduría en el que los implicados describen cómo los superiores de Atehortúa despidieron al mayor Moreno por negarse a pasar por alto las irregularidades del proyecto, cómo Atehortúa recibió a satisfacción esas obras que estaban a medio terminar y cómo interfirió posteriormente en la investigación interna liderada por el general William René Salamanca, quien se desempeñaba como inspector de la Policía.

“Hoy se va a morir”

El primer intento por obstaculizar las investigaciones sucedió en diciembre de 2019, cuando Atehortúa decidió arbitrariamente enviar a vacaciones al general Salamanca por los 405 días que llevaba acumulados. Tres días más tarde, la Procuraduría realizó una visita sorpresiva a las oficinas de la Inspección General y recogió todos los expedientes que investigaba Salamanca, entre ellos, el de las 111 casas fiscales que enredaban al general Atehortúa. El escándalo de las vacaciones de Salamanca fue tan grande que el ministro de Defensa de entonces, Carlos Holmes Trujillo, ordenó su reincorporación inmediata para que continuara investigando.

Por aquellos días, el capitán Antonio José Ortiz, integrante del grupo de investigadores del general Salamanca, recibió una llamada amenazante: “Está muy sapo, hoy se va a morir”, escuchó al otro lado de la línea. Fue el comienzo de un calvario para el propio Salamanca, quien empezó a vivir la zozobra de las intimidaciones. Según le contó a la Procuraduría y a la Fiscalía, le tocó sacar a su familia del país, y hasta reubicar a su propia madre, una señora de 83 años que, en plena pandemia, recibió en su casa de Boyacá la visita de personajes extraños. Incluso, en el expediente de la Procuraduría existen pruebas de conversaciones que daban cuenta de un posible infiltrado dentro de la Inspección, el teniente Óscar Andrés Moreno Gómez, quien tenía algo en común con Atehortúa: en el pasado habían firmado el acta de recibo de las casas fiscales.

En más de una ocasión intentó interceder con uno de los investigadores de Salamanca a favor de Atehortúa. De hecho, en una de las conversaciones, el investigador habla directamente con Atehortúa: “Mi general, buenas noches. He verificado el tema. Tiene solución jurídica. Cuando considere pertinente explicarle. Buenas noches, Dios lo bendiga”. A lo que Atehortúa le respondió preguntándole que si refería "a lo de Moreno", es decir, a lo de su aliado del pasado.

Unas casas demasiado costosas

El proyecto de las 111 casas fiscales en el departamento del Tolima nació en 2011, con el objetivo de dotar de vivienda a 290 policías e instructores que laboraban en las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones Policiales, en el municipio de San Luis, donde se preparaban y planificaban con la mayor reserva y confidencialidad operaciones de alto impacto. Por eso necesitaban protegerlos en casas fiscales cerca al sitio de entrenamiento. Uno de los contratistas de la obra era Julio Gómez, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Hasta el momento en que Atehortúa recibió las obras, en 2015, la inversión ascendía a 16.000 millones de pesos. En 2019, ya como director de la Policía, el general destinó otros 1.000 millones de pesos para intentar corregir las irregularidades. Sin embargo, una auditoría interna realizada en 2020 dejó constancia del estado de la obra cinco años después. “Las 60 casas fueron entregadas en 2015 con dificultades para su uso, aspectos que vienen siendo solucionados para su habitación cada vez que se solicita una vivienda fiscal”, reza el informe que aparece en el expediente. Desde entonces, han pasado dos años más y las obras aún no concluyen.

Atehortúa fue relevado de la dirección de la Policía en diciembre de 2020, no sin antes garantizar recursos por otros 11.900 millones de pesos para el mismo proyecto, que debió concluir en diciembre pasado, pero todavía está en veremos. Seis meses después de su retiro, Atehortúa fue premiado por el presidente Duque con la embajada en Australia, donde aún representa a Colombia. Salamanca, por su parte, fue relevado de su cargo de inspector al tiempo que Atehortúa, justo un día después de –ahora sí por su propia decisión– salió a vacaciones para reencontrarse en el exterior con su familia.

Ahora la pelota está en el campo de la Procuraduría, que deberá dictar un fallo en las próximas semanas, luego de una larguísima espera. Cambio consultó sobre todo este entramado al embajador Atehortúa. Sin embargo, a pesar de los reiterados mensajes, no obtuvo respuesta.