ICBF ya conocía denuncias por el 'Cartel de la experiencia' desde hace casi dos años
Crédito: Fotomontaje: Yamith Mariño Díaz
Representantes del Pacto Histórico acusaron al ICBF de recibir contratistas que presentan documentación de experiencia falsa. Denuncias similares en Valle, Chocó y Antioquia ya se habían puesto en conocimiento de la exdirectora Lina Arbeláez.
Por: Redacción Cambio
A propósito de la oleada de críticas que por estos días recibe el ICBF y su directora, la administradora de empresas Concha Baracaldo, esta semana la representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal denunció ante en el Congreso que esa entidad está pasando por alto las alertas sobre contratistas que no cumplen con los requisitos para adjudicación y además, falsifican los certificados de experiencia.
Carrascal contó que en el Magdalena la dirección departamental del ICBF recibió a la Fundación Social Vida para prestar servicios de atención a la primera infancia, a pesar de que esa corporación expuso documentación falsa para garantizar su supuesta experiencia en el sector social.
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En aquel proceso de contratación ese operador ostentó como garantía un certificado de experiencia del colegio JJ Thompson. Según la representante a la Cámara, la rectora de este centro educativo firmó un acta en la que manifiesta que nunca firmó las certificaciones que la fundación presentó.
Este no sería el único caso en el denominado ‘cartel de la experiencia’ y el ICBF tiene conocimiento de esas denuncias desde hace casi dos años.
En enero de 2021, el entonces representante a la Cámara Jhon Arley Murillo Benítez le envió a la directora del ICBF de ese entonces, Lina Arbeláez, un documento en el que detallaba presuntas irregularidades en los documentos de soporte que los contratistas estaban presentando en Chocó, Valle del Cauca y Antioquia.
Según la denuncia, el ICBF suscribió un contrato con la Unión Temporal Pequeños Sueños ASMETCO del Valle del Cauca, pero su documentación no era visible en el Secop y además no cumplía con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros para que se adjudicara un contrato.
La matricula en Cámara y Comercio de Cali se hizo en el mismo año que el ICBF lanzó la convocatoria para el contrato (razón por la que no cumplía el requerimiento de llevar tres años en el sector) y en cambio, los documentos presentados hacían referencia a la experiencia de la representante legal, más no del operador.
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Corporación La Nueva Colombia, otro de los contratistas denunciados, presentó certificaciones de experiencia de la Alcaldía de Quibdó y Río Quito para aspirar a un contrato para la atención de niños y mujeres gestantes, sin embargo, el representante Murillo Benítez denunció que los objetos de esos contratos en Chocó fueron “suministro de arreglos florales”, es decir, no había constancia de la idoneidad para presar servicios al ICBF, según la denuncia.
Por último, la fundación MAPATOR entregó una certificación para respaldar su experiencia en trabajos realizados con la Alcaldía de Buenaventura. Al ser consultado al respecto, el municipio vallecaucano dijo “no encontrar información” sobre contratos con ese operador.
La exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez, se defendió ante las acusaciones del exrepresentante Murillo y adujo que gracias el sistema tecnológico Betto -que se empezó a implementar en el pasado Gobierno- se ha logrado que la información de contratistas sea pública.
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