El regaño de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro fue duro pero certero en las observaciones que hizo a la gestión del ICBF frente a las muertes de niños indígenas en La Guajira. Entre los objetivos estratégicos de dicha entidad se encuentra el de “garantizar intervenciones pertinentes y de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial”. Sin embargo, esa institución con fines tan nobles se ha convertido desde hace varios cuatrienios en una gigantesca e insensible máquina de contratación.

Fieles a una arraigada tradición colombiana los medios y los congresistas se han centrado en culpar solo a una persona de la alarmante cifra de niños fallecidos y no en revisar la calidad y eficiencia de las políticas y programas de esa importante institución oficial. Las largas y tozudas equivocaciones del ICBF no surgieron durante la gestión de su actual directora. Es indiscutible que existían grandes expectativas sobre el viraje que este Gobierno daría a esa importante entidad gubernamental orientada al cuidado y ayuda de las familias en Colombia. En contraste con lo esperado hoy predominan en el ánimo ciudadano la incertidumbre y la frustración.

El reproche de Petro al hecho de que el ICBF desconoce el concepto de familia que tiene el pueblo wayúu está ampliamente fundamentado. No se entiende cómo esta entidad no ha emprendido una caracterización de los tipos de familia existentes en dicha sociedad y establecer cómo operan las responsabilidades con respecto a los infantes por parte de los padres biológicos y clasificados de estos. Los deberes y derechos de los parientes uterinos del padre y los parientes uterinos de la madre con respecto a un individuo son diferentes. Esto debe ser comprendido por parte de los funcionarios que culpan frecuentemente a los padres wayúu de la muerte de sus hijos.