El presidente Gustavo Petro fue duro pero certero en las observaciones que hizo a la gestión del ICBF frente a las muertes de niños indígenas en La Guajira. Entre los objetivos estratégicos de dicha entidad se encuentra el de “garantizar intervenciones pertinentes y de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial”. Sin embargo, esa institución con fines tan nobles se ha convertido desde hace varios cuatrienios en una gigantesca e insensible máquina de contratación.
Fieles a una arraigada tradición colombiana los medios y los congresistas se han centrado en culpar solo a una persona de la alarmante cifra de niños fallecidos y no en revisar la calidad y eficiencia de las políticas y programas de esa importante institución oficial. Las largas y tozudas equivocaciones del ICBF no surgieron durante la gestión de su actual directora. Es indiscutible que existían grandes expectativas sobre el viraje que este Gobierno daría a esa importante entidad gubernamental orientada al cuidado y ayuda de las familias en Colombia. En contraste con lo esperado hoy predominan en el ánimo ciudadano la incertidumbre y la frustración.
El reproche de Petro al hecho de que el ICBF desconoce el concepto de familia que tiene el pueblo wayúu está ampliamente fundamentado. No se entiende cómo esta entidad no ha emprendido una caracterización de los tipos de familia existentes en dicha sociedad y establecer cómo operan las responsabilidades con respecto a los infantes por parte de los padres biológicos y clasificados de estos. Los deberes y derechos de los parientes uterinos del padre y los parientes uterinos de la madre con respecto a un individuo son diferentes. Esto debe ser comprendido por parte de los funcionarios que culpan frecuentemente a los padres wayúu de la muerte de sus hijos.
Antes que centrarse en la existencia de barreras interculturales es necesario estructurar una agenda de dialogo horizontal entre el ICBF y la sociedad wayúu que extienda el enfoque del bienestar de los niños indígenas más allá del “nutricionismo”. Este puede ser definido como un paradigma autoritario que presupone que son solo los nutrientes científicamente identificados en los alimentos los que determinan el valor de los distintos componentes que forman la dieta. Por ello muchos wayúu rechazan minutas en el que el brócoli o la berenjena, ajenos a sus patrones alimenticios, son impuestos basándose en su valor nutritivo. Es necesario acercarse a las concepciones wayúu respecto de las gramáticas de su propia cocina, la ontología de los alimentos y la relación entre cuerpo y alimentos que pueden contemplar prescripciones y restricciones dietarías acerca de las personas en ciertos momentos de su trayectoria vital y social.
La malnutrición de los niños wayúu obedece a diversas causas. Por ello es justo señalar que la responsabilidad en la lucha contra la desnutrición también compete a otras entidades públicas en el campo de la salud, el agua y la educación. una efectiva participación de la población indígena debe contemplar un esfuerzo conjunto para ahondar e identificar los determinantes sociales de la desnutrición. Hay que buscar respuestas a preguntas tales como, ¿quiénes se desnutren?, ¿en qué áreas geográficas?, ¿en qué tipos de familias se presenta esta situación? La presencia de niños indígenas en las vías de La Guajira pidiendo dinero y alimentos debe preocupar al ICBF y a las propias autoridades tradicionales indígenas. Las acciones integrales frente a esta grave situación implican, como lo ha señalado la Corte Constitucional, asumir una corresponsabilidad, pues al lado de los derechos justamente reclamados también se encuentran unos deberes que aún están por cumplir.
