Manuel Alejandro Pretelt se posesionó esta semana como secretario general del Ministerio de Agricultura. Ese despacho maneja un presupuesto anual de cinco billones de pesos y el secretario general es el encargado de la administración interna y las finanzas. Una billetera de semejante tamaño está confiada a alguien que mintió en un testimonio ante la justicia.

El nuevo secretario general es hijo de Jorge Pretelt Chaljub, el corrupto exmagistrado de la Corte Constitucional. Pretelt padre fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y medio de prisión por pedir 500 millones de pesos para gestionar la aprobación de una tutela que favorecía a una empresa llamada Fidupetrol. Pedir un soborno está tipificado en el Código Penal como concusión.

La culpa de ese delito es del padre, pero Pretelt hijo tiene una responsabilidad. Él mintió de manera deliberada en su testimonio en el proceso. Trató de engañar a la justicia para favorecer a su progenitor y ocultar así su participación en un delito. 

La Constitución establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra sus familiares. Es decir, una persona en esa circunstancia tiene derecho a negarse a rendir testimonio, pero ¿puede mentir? ¿Puede asegurar que pasó algo que no sucedió? ¿Puede alterar la realidad de los hechos para acreditar la coartada del padre delincuente?

Las preguntas no son sencillas, pero lo que está claro es que Manuel Alejandro Pretelt faltó a la verdad, atestiguando que el día y la hora en la que su padre pidió la plata y dio instrucciones sobre cómo pagarla, no estaba en el apartamento donde ocurrieron los hechos. La Corte no solo concluyó que el magistrado Pretelt evidentemente había estado ahí, sino que su hijo faltó a la verdad en la declaración que rindió bajo la gravedad del juramento.

El principal testigo de cargo en el caso contra el magistrado Jorge Pretelt se llama Víctor Pacheco. Él asegura que el integrante de la Corte Constitucional lo citó antes de la hora del almuerzo en su lugar de residencia, en el norte de Bogotá, y allí le pidió los 500 millones. En respuesta, Pretelt alegó que su hijo Manuel, la única persona que se encontraba en el apartamento al mediodía de esa fecha, negaba categóricamente la visita de Pacheco.

En la sentencia, la Corte Suprema de Justicia señala claramente que Manuel Pretelt mintió: “ese testimonio no puede ser digno de crédito” y “pretendió favorecer a su señor padre”.

Esa no fue la única mentira de Manuel Pretelt en su testimonio. Aseguró también que se había encontrado con su papá ese mismo día, en una reunión en el Club El Nogal. Al respecto, la Corte Suprema concluyó: “el hijo del exmagistrado Pretelt no estuvo en el evento del Nogal, como pretendió hacerlo creer”.

También dice que Manuel, su padre y algunos subalternos de este quisieron inducir en error a la justicia afirmando que el magistrado no había ido a su apartamento ese día, a esa hora: “pretendieron hacer creer, sin lograrlo (…) que el doctor Pretelt Chaljub se trasladó desde la Corte Constitucional directamente al Club EI Nogal, sin pasar previamente por su apartamento. En virtud del soporte documental antes expuesto, la conclusión lógica es que faltan a la verdad las personas cercanas al acusado”.

La Corte Suprema de Justicia no compulsó copias contra esos testigos. En el caso particular de Manuel Pretelt es claro jurídicamente que tenía derecho a guardar silencio, pero no hay norma alguna que le otorgue permiso para mentir.

El defensor de su padre en ese proceso fue el ahora presidente Abelardo de la Espriella, quien debe recordar con precisión las circunstancias de este sonado juicio que perdió. Su triunfo electoral no se puede convertir en agua lustral para sus poderosos clientes o para sus familiares, tampoco para él.

P.D.: Hace una semana, nadie podía esperar una tragedia de las dimensiones que está sufriendo el país. La reconstrucción de las regiones golpeadas puede costar más de dos reformas tributarias. 

En esas circunstancias, es razonable abrirle un compás de espera a los resultados del nuevo gobierno. Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia en el control ciudadano y periodístico. 

Los colombianos tienen derecho a conocer la historia de nombramientos como este y otros, además de las decisiones administrativas que los van a afectar.