A quienes hemos creído y participado en procesos de paz nos impactó la decisión del presidente De la Espriella de poner tajante fin a diálogos o negociaciones con grupo armado alguno. 

No la comparto del todo, pero la entiendo. Interpreta la decepción de los colombianos con estos procesos —con la “falsa paz”, como él la llama— y el inocultable deseo ciudadano de tener un Estado que pueda imponer ley y orden en todo el territorio nacional. De la Espriella ha asimilado bien este sentimiento y de ahí su popularidad. 

En la medida en que produzca resultados, que a él le gusta medir en el número de bajas “enemigas” (que algunos equiparan con la purga de servidores públicos de pasadas administraciones), mantendrá una imagen de gobernante firme y decidido.

Pero ojo con pasar de una fracasada “paz total” a una innecesaria “guerra total”, como advierte el gobernador de Nariño, que defiende los resultados de diálogos con grupos armados en su departamento. Son los complejos matices regionales del conflicto armado colombiano, que con frecuencia enfrentan la estrategia del gobierno central con la visión de mandatarios locales en las zonas de candela. Aquí no cabe dudar sobre cuál predominará. 

El otro ángulo de la estrategia presidencial es su declarada ofensiva sin cuartel contra el eterno cáncer de la corrupción. Nada más desgastado que este tipo de discurso, pero nada sería más convincente que ver sanciones de veras ejemplarizantes contra los culpables de carne y hueso, individualizados e identificados, del saqueo de los dineros públicos. Empeño en el que se muestra muy comprometido, a juzgar por su anuncio de que revisará a fondo el funcionamiento del Estado para expulsar roscas e intermediarios corruptos. 

Suena a lo mismo, pero hace tiempo no escuchaba una intervención presidencial tan enfática y detallada sobre el tema de la contratación pública y la urgencia de depurarla de consultorías, asesorías, lobbies jurídicos, políticos o empresariales, que le hacen el juego al saqueo. Por los callos que pise y los gritos que suscite también se medirá mejor la eficacia de sus medidas.   

Analistas como Ariel Ávila han formulado serios reparos al plan gubernamental, pero si de alguna manera resulta exitosa la revisión integral que propone de la estructura del Estado para volverla más eficiente y menos costosa y si además sigue marcando puntos en orden público —el golpe contra las disidencias en Guaviare fue grande—, tendremos abelardismo para rato. 

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Hace cuarenta años, un 30 de agosto del 86, fue asesinado en Barrancabermeja de seis balazos por la espalda Leonardo Posada, primer congresista elegido de la recién fundada Unión Patriótica (UP). Un crimen que me impactó profundamente y fue el presagio de tiempos oscuros. 

Lo había conocido unos dos años antes como dedicado miembro de la Juventud Comunista (JUCO), que combinaba su entusiasmo militante con una personalidad extrovertida y nada mamerta. Leonardo cantaba, tocaba guitarra y echaba chistes cargados de sardónico humor político. 

Fue la primera víctima de lo que se convertiría en una inclemente campaña de exterminio político de la UP, apoyada en un creciente paramilitarismo que alentaban sectores sociales que habían padecido los brutales excesos de las Farc y no estaban en plan de perdón y olvido.    

Mirando hacia atrás, en estos cuarenta años, van apareciendo los nombres y rostros de tantas personas valiosas que se llevó ese torbellino de violencia. Además de los de un Luis Carlos Galán o un Rodrigo Lara Bonilla, tengo siempre presente la figura de Héctor Abad Gómez, un hombre pacífico y encantador, un humanista por excelencia, que pagó con la vida su cotidiana dedicación a la defensa de los perseguidos de cualquier estrato o afiliación.   

Fueron magnicidios selectivos que se sucedieron en medio del fuego cruzado de esa atroz violencia triple de guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo que enfrentó la democracia colombiana al entrar en los años noventa. 

Y que aún enfrenta. En circunstancias que han cambiado en su contexto doméstico e internacional, pero que persisten en su capacidad para generar violencia. En el prólogo del libro La guerra por la paz, que en 1985 publiqué sobre el tema, me preguntaba si existían límites del aguante. Si habría un punto de saturación que sacara a Colombia de ese maldito círculo vicioso de una violencia que se alimentaba a sí misma y se expandía por todo lado. 

Eso fue hace más de cuarenta años y, tristemente, lo peor estaba por venir. Pero de la subsiguiente oleada de terror y sangre, de masacres y carros bomba, también logramos salir sin que se desplomaran las instituciones. Este es un país singular. 

P. S. 1: Nunca pensé que Donald Trump terminaría convertido en el regente de la Venezuela de Chávez y Maduro. El que determina hacia dónde han de dirigirse la economía y la política del vecino país.   

En eso está y no le ha ido mal. Obtener enormes concesiones sobre las reservas petroleras más grandes del mundo no es un logro menor. Y que el sueño chavista de una revolución bolivariana continental haya terminado en el “Escudo de las Américas” es algo que Trump también exhibe con orgullo. 

Los elogios de la presidenta Delcy Rodríguez al mandatario gringo y su beneplácito por el regreso de las grandes petroleras que el chavismo odiaba son muestra de cuánto ha cambiado el escenario político en el vecino país. 

Solo falta que la Casa Blanca diga cómo y cuándo deben celebrarse las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. 

P. S. 2: Preocupantes las instrucciones del Gobierno sobre cuál debe ser su relación con la prensa. Por cierto tufillo autoritario que destilan y porque propiciar un periodismo dócil y amiguero nunca es bueno para la democracia.