Incentivar al que crea empresa

“No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, dijo el presidente De la Espriella en su discurso de posesión. La frase resume lo que estuvo mal en el trato tributario de los últimos años: una normatividad que no entendió la inversión como el verdadero motor del empleo formal y el desarrollo. Le agregaría un matiz: así como no se debe castigar al que ya genera riqueza, tampoco hay que dejar solo al que lo intenta —hay que incentivarlo y promoverlo.

El tejido empresarial colombiano está hecho, en su enorme mayoría, de pequeñas y medianas empresas. Muchas no logran consolidarse, por razones que van desde un mal cálculo de flujo de caja a un mercado que cambió más rápido de lo previsto. Pero también por una sobrecarga de obligaciones burocráticas que distraen, desenfocan y encarecen el comienzo de un negocio, entre muchas otras razones.

Eso es, lamentablemente, parte del funcionamiento actual del sistema. La pregunta es de qué manera puede el Estado promover ese intento, en vez de entorpecerlo o de cruzarse de brazos mientras el emprendedor intenta crear un negocio. Propongo algunas ideas.

Primero, la asimetría tributaria entre deuda e inversión. Ya lo he mencionado en columnas anteriores: las empresas requieren capital de riesgo de largo plazo, pero no hay incentivos tributarios en Colombia que lo promuevan o lo defiendan ante un fracaso. Por ejemplo, si usted le presta dinero a una empresa y esta se va a pique, el crédito incobrable tiene camino para ser deducible de impuestos. Pero si invirtió capital —si creyó en el proyecto lo suficiente como para invertir patrimonialmente en el negocio, no solo prestar—, esa pérdida no es deducible de impuestos. El mensaje es perverso: es más prudente prestarle a una empresa que invertir en su capital. Corregir esto no cuesta recaudo nuevo; solo iguala el trato entre dos formas de arriesgar el mismo peso.

Segundo, el salario mínimo golpea distinto según dónde se paga, y la norma no lo distingue. El salario mínimo de 2026 quedó en 1.750.905 pesos, más auxilio de transporte, para un ingreso total cercano a los 2.000.000 de pesos —un incremento del 23,7 por ciento decretado, desoyendo las sugerencias de la OIT de aumentarlo gradualmente, y sin consenso entre gremios y sindicatos.

“Muchas no logran consolidarse, por razones que van desde un mal cálculo de flujo de caja a un mercado que cambió más rápido de lo previsto”.

El debate público se centró en si ese aumento era justo para el trabajador, y es válido que se discuta. Pocos se preguntaron si un mismo salario mínimo tiene el mismo peso relativo en Bogotá que en San Gil, Santander, o en Aguachica, Cesar. No lo tiene: el costo de vida, el arriendo comercial, la demanda local y la capacidad de fijar precios son enormemente distintos entre esas tres ciudades, y sin embargo la pequeña empresa que está iniciando o tratando de sobrevivir de cualquiera de ellas debe absorber exactamente el mismo costo laboral de entrada. 

El resultado previsible no es más formalidad, sino más informalidad en las regiones donde ese salario pesa proporcionalmente más. Vale la pena explorar mecanismos de alivio regionalizado —no un salario mínimo regional distinto, por ahora, que tiene sus propios riesgos constitucionales y sociales, sino apoyos focalizados a la nómina de la micro y pequeña empresa en municipios de menor costo de vida: reducción temporal de aportes parafiscales, subsidios de nómina mientras la empresa gana tamaño, o créditos blandos atados a la formalización de cada nuevo empleo.

Tercero, apoyar a quien quiere industrializarse. La empresa que quiere apostarle a la industrialización de sus procesos podría potenciarse dándole beneficios fiscales concretos por compra de maquinaria y por la formación técnica de los operarios que la van a manejar. 

No es lo mismo comprar una máquina que saber operarla bien; un incentivo que solo promueva la compra del activo y no la capacitación del talento humano se queda a medio camino. Esa formación, además, ganaría fuerza si se hiciera en convenio certificado con el SENA regional, con un descuento tributario mayor cuando la capacitación quede documentada por esa vía, en lugar de dejar que dos políticas públicas —incentivo fiscal y formación técnica— sigan caminando en paralelo sin hablarse.

Cuarto, Colombia ya tiene algo parecido a un incentivo de ‘primer empleo’, pero es más estrecho de lo que el país necesita hoy. La Ley 1780 de 2016 exonera del pago de aportes a cajas de compensación durante el primer año a quien contrate formalmente a un joven entre 18 y 28 años, y libera del pago de matrícula mercantil en su primer año a las llamadas ‘pequeñas empresas jóvenes’. 

“…es más prudente prestarle a una empresa que invertir en su capital”.

Es un buen punto de partida, pero nació pensada para el emprendimiento juvenil, no para el primer empleo formal en general. Valdría la pena ampliarla: que el alivio de aportes no dependa de la edad del contratado sino de si es, en efecto, el primer empleo o los primeros —por ejemplo, los primeros diez— que firma una empresa, y que cubra una porción mayor de la carga parafiscal durante más tiempo, no solo las cajas de compensación. El momento en que una empresa pasa de informal a formal es, con frecuencia, el más costoso de toda su historia; ahí es donde un alivio bien diseñado tiene el mayor efecto por peso invertido.

Nada de esto se logra solo desde el empresariado; requiere también una nueva actitud del Estado frente a quien produce. Hoy, el nuevo gobierno, transmite esa mentalidad distinta.

Si el trámite de la reforma fiscal de septiembre ya está demasiado avanzado para incorporar ideas como las propuestas, el país cuenta con otros caminos igual de válidos: una ponencia que los incluya durante el debate en el Congreso, un decreto reglamentario posterior, o un proyecto de ley de ajuste más adelante en este mismo cuatrienio.

Lo importante no es el vehículo normativo, sino que el sistema facilite el camino a quien hoy está en pleno intento de crear empresa para que no engrose la estadística de cierres, sino que llegue a la formalización, aporte al desarrollo del país y se convierta en PIB productivo real. Se trata de ser un país proempresa en cada norma que anima, incentiva y promueve hacer empresa.

“Hoy el nuevo gobierno transmite una mentalidad distinta”.

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