Jonathan Malagón salió corriendo. Lo habían llamado para posesionarse como ministro de Vivienda y aquel treintañero, uno de los integrantes más jóvenes del gabinete de Iván Duque, avanzó con tanta emoción que terminó resbalándose y cayendo al piso. Se rio. Nunca se le vio la incomodidad del funcionario que acaba de protagonizar un pequeño desastre frente a las cámaras. Solo la felicidad casi infantil de quien todavía no puede creer el lugar al que acaba de llegar. Se levantó y siguió corriendo hacia donde lo esperaba el presidente en el primer día de gobierno.
Años después, aquella escena resulta ser una llamativa metáfora de su carrera. Malagón ha llegado muy rápido a casi todas partes. Pero, sobre todo, ha terminado desempeñando un oficio en el que lo verdaderamente difícil no es correr sino conservar el equilibrio.
Acaba de terminar en Cartagena la 60a Convención Bancaria. Se habló —como corresponde— de economía, crédito, banca y tecnología, y de los enormes cambios que están transformando el sistema financiero. Pero había otra conversación que, aunque no figuraba en la agenda, resulta especialmente pertinente en este momento del país: la relación entre los gremios y el poder político.
No es una discusión menor. Los gobiernos necesitan a los empresarios, pero con cierta frecuencia intentan influir sobre sus organizaciones. Y los gremios necesitan interlocución con los gobiernos, pero corren el riesgo de confundir interlocución con cercanía y esa cercanía con dependencia. Entre la confrontación permanente y la cooptación existe un terreno necesario pero difícil de transitar: el de la independencia.
Por eso, la historia de Malagón resulta interesante. No para construir una reivindicación de su gestión, ni un perfil amistoso, sino porque su trayectoria permite observar una manera interesante de ejercer el liderazgo gremial.
Hay un primer hecho relevante. Malagón representa hoy a una de las organizaciones más importantes del establecimiento económico colombiano, pero no viene de los círculos tradicionales del poder. Sus raíces están en el Cesar y La Guajira, estudió en la Universidad Nacional y construyó una trayectoria académica excepcional que posteriormente complementó en algunas de las mejores universidades del mundo. Quienes lo conocen desde hace años dicen que nunca ha perdido esa conexión con las regiones ni con sus raíces y que eso se refleja en el perfil de sus proyectos. No parece accidental que alguna vez haya señalado a La vorágine como su libro favorito: además de su extraordinario valor literario, allí está descrita con crudeza la Colombia que durante décadas ha sido mirada solamente desde el centro.
Hay otra característica que ayuda a entenderlo: su confianza en la técnica. Malagón pertenece a esa estirpe de economistas que considera que las discusiones pueden comenzar en la ideología, pero en algún momento deben terminar enfrentándose a los números. “La matemática no es opinable”. Esa es una frase de uno de los miembros de la junta de Asobancaria, pero sobre todo es un punto de encuentro que le generó gran confianza de sus jefes.
Pero su particularidad más visible está probablemente en combinar esa aproximación técnica con algo que no siempre acompaña a los tecnócratas: sensibilidad social.
De hecho, Malagón no encuentra ninguna contradicción entre defender al sector privado y preocuparse por quienes están por fuera de sus beneficios. Por el contrario, entiende que el crecimiento económico es una condición indispensable para producir desarrollo social. Mercado y política social no son fuerzas enfrentadas sino instrumentos que pueden trabajar juntos.
Su paso por el Ministerio de Vivienda ayuda a entender esa concepción. Iván Duque lo conoció cuando todavía era senador y Malagón ocupaba la vicepresidencia técnica de Asobancaria. Encontró en aquel joven economista alguien a quien podía consultar para entender asuntos financieros y económicos complejos. Malagón explicaba, aportaba información, ayudaba. Se construyó una relación de confianza.
Cuando Duque llegó a la Presidencia lo llamó para entregarle, pese a su juventud, el Ministerio de Vivienda. Allí desarrolló programas que combinaron precisamente esos dos mundos. Mi Casa Ya articuló subsidios públicos, constructores, bancos y familias que difícilmente habrían podido acceder a una vivienda sin la intervención del Estado. Durante su administración se alcanzaron cifras récord de vivienda social, acceso a servicios públicos y un incremento sin precedentes de compra de casas y de acceso a apoyos estatales. También tuvo que enfrentar el enorme desafío de la reconstrucción de Providencia después del huracán Iota y los estragos de la pandemia. Siempre llevando hasta el límite a sus equipos de trabajo.
Pero sin duda su examen más interesante vendría después. Malagón regresó a Asobancaria, esta vez como presidente, y terminó protagonizando una paradoja política formidable: quien había sido uno de los ministros jóvenes del Gobierno de Iván Duque debía convertirse en el principal interlocutor de los bancos frente al Gobierno de Gustavo Petro.
Y no se trataba de representar cualquier actividad económica. Petro convirtió durante buena parte de su Gobierno al sector financiero y a algunos de sus empresarios más importantes en símbolos de aquello contra lo que decía luchar. Hubo acusaciones, discursos incendiarios, amenazas de inversiones forzosas y momentos en los que la ruptura parecía más que posible, inminente.
Sin embargo, la ruptura nunca llegó. Hubo tensiones fuertes, naturalmente, pero también negociación. Y quizás el mejor ejemplo fue el Pacto por el Crédito, mediante el cual Gobierno y sistema financiero consiguieron encontrar un terreno común que permitió canalizar recursos hacia sectores considerados estratégicos y evitar, al menos en ese momento, el camino de las inversiones forzosas. Aunque el Gobierno Petro pretendió desinflar el proyecto, las cifras estaban ahí. El Pacto por el Crédito había dado frutos. De nuevo —para fortuna de Malagón y su gremio— quedó comprobado que los números no son opinables.
Pero más interesante que el acuerdo logrado, es el método. Quienes han trabajado con Malagón destacan una característica que en la Colombia de estos años resulta casi contracultural: intenta no convertir las diferencias en asuntos personales.
Malagón puede irse contra una propuesta, pero nunca contra quien la formula. Trata de entender la perspectiva del otro, identificar dónde existe algún interés compartido y comenzar la negociación desde allí. Y para eso se prepara con el mismo interés para una presentación ante centenares de expertos o para un almuerzo de trabajo. Su empatía no es solamente una cualidad espontánea de su personalidad; es sobre todo una convicción, una disciplina de trabajo.
Eso ayuda a explicar algo excepcional y aparentemente contradictorio: representar durante años a uno de los sectores más cuestionados por Petro sin convertirse personalmente en enemigo del presidente ni transformar a Asobancaria en una organización de oposición política.
Y eso no significa ceder. Se trata de entender que el trabajo de un dirigente gremial no consiste en derrotar al Gobierno, como tampoco debería consistir en agradarle. Su obligación es representar los intereses legítimos de sus afiliados, defenderlos cuando corresponda y, al mismo tiempo, encontrar los espacios donde esos intereses puedan coincidir con los del país y con la visión del gobierno de turno.
Por eso Malagón es la pista para aterrizar en el problema de fondo.
Colombia atraviesa un momento particularmente sensible en las relaciones entre el poder político y las organizaciones empresariales. Los gobiernos, de cualquier orientación, tienen la tentación de preferir gremios dóciles, interlocutores cercanos y dirigentes con quienes resulte cómodo conversar. Y los empresarios pueden caer en la tentación contraria: sacrificar independencia para conservar acceso al poder.
Un presidente gremial enfrenta entonces dos riesgos igualmente peligrosos. Puede convertirse en un dirigente de oposición, confundiendo la defensa de unos intereses económicos legítimos con la militancia contra un Gobierno. O puede acercarse tanto al Gobierno que termine confundiendo diálogo con subordinación.
En el centro de ese territorio, en el medio de ambos extremos está el liderazgo gremial que necesita una democracia: técnicamente sólido, políticamente independiente, capaz de construir consensos, dispuesto a conversar con gobiernos ideológicamente distantes y suficientemente firme para decir NO cuando corresponda.
También ayuda no depender exclusivamente de los códigos tradicionales del poder. Una nueva generación de dirigentes colombianos está llegando a posiciones que durante décadas parecieron reservadas para determinados apellidos, universidades, clubes o círculos sociales. Su legitimidad proviene de otro lugar: conocimiento, resultados, conciencia de país y lazos de afecto. Jonathan Malagón puede ser uno de esos casos.
Ese joven que salió corriendo para posesionarse como ministro perdió el equilibrio durante unos segundos, cayó al piso, se rio, se levantó y siguió, hoy dirige uno de los gremios más poderosos de Colombia y su trabajo consiste, paradójicamente, en algo bastante parecido: conservar el equilibrio. Y lo ha logrado. Entre el mercado y las necesidades sociales. Entre los bancos y el Gobierno. Entre los grandes capitales y la gente del común. Entre la técnica y la política. Entre el diálogo y la firmeza. Entre mantener abierta la puerta del poder y evitar que ese poder termine entrando a gobernar su propia casa.
Quizás esa sea una de las lecciones que deja este momento turbulento de los gremios colombianos.
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