Estados Unidos sanciona a la presidenta de la CPI: la ofensiva de Trump contra La Haya y el dilema que le deja a Colombia
A Tomoko Akane, presidenta de la corte en La Haya, se le suma Abdoulaye Seye, sustituto del fiscal de la corte. La sanción implica, sobre todo, el bloqueo de sus activos en ese país. Esta decisión hace parte de una campaña de desprestigio contra la Corte que, incluso, se ha extendido a América Latina. ¿Qué implica para Colombia?
Este martes 18 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sumó dos nombres nuevos a su lista de sancionados: Tomoko Akane, la jueza japonesa que preside la Corte Penal Internacional desde marzo de 2024, y Abdoulaye Seye, el senegalés que es el suplente del fiscal principal de juicios del tribunal. La medida ahora también recae sobre una de las funcionarias de más alto rango de la institución que juzga los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión al señalar que las dos personas sancionadas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte por investigar, arrestar o procesar a funcionarios de gobiernos que no han aceptado su jurisdicción. En su declaración, Rubio reiteró el argumento de la Casa Blanca contra la CPI, al decir que es un tribunal politizado que ha excedido su mandato y que representa un ataque a la soberanía de los Estados. Este país, además, firmó el Estatuto de Roma que creó la Corte en 2002, pero nunca lo ratificó, de modo que no es Estado parte del tribunal.
Las sanciones congelan cualquier activo que las personas señaladas tengan en Estados Unidos y las excluye, en la práctica, del sistema financiero estadounidense, una red a la que están conectados casi todos los bancos que operan internacionalmente, pues en el papel ambos quedan en la lista OFAC.
¿A qué otros miembros de la Corte ha sancionado Washington?
Se remontan al 6 de febrero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que autorizó las sanciones contra la Corte. El primer nombre en la lista fue el del entonces fiscal jefe, Karim Khan, de Reino Unido.
Desde entonces, la lista siguió creciendo: en junio de 2025 fueron sancionadas cuatro juezas y jueces: la entonces vicepresidenta Reine Alapini-Gansou (Benín), Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez (Perú) y Beti Hohler (Eslovenia). En agosto de 2025 se agregaron los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), junto con los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal). En diciembre de 2025 llegó el turno de los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia). A la presión, los implicados respondieron en junio de 2025, cuando tres jueces de la Corte demandaron a Trump y a su gobierno, al considerar que las sanciones eran ilegales.
El motivo, al que muchos analistas atribuyen esta escalada, tiene dos ejes: las órdenes de detención que la Corte dictó contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y una investigación anterior sobre la conducta de soldados estadounidenses en Afganistán.
Una ofensiva de Estados Unidos: campaña de desprestigio
El mes pasado, el secretario de Estado anunció que Washington intensificaría sus esfuerzos por debilitar a la Corte, incluida una gestión diplomática para persuadir a otros países de que abandonen la institución. Rubio sostuvo que el tribunal amenaza al personal estadounidense que aplica las políticas migratorias de Trump o que participa en operativos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas, además de a otros miembros de las Fuerzas Armadas. Aunque se ha señalado que el presidente de Estados Unidos busca, en parte, frustrar cualquier intento futuro de pedirle cuentas a él o a sus funcionarios por acciones militares en el exterior.
En conversación con CAMBIO, Lawrence Gumbiner, ex-diplomático norteamericano, estableció que la relación de Estados Unidos con la justicia penal internacional ha sido tensa mucho antes de Trump. “Los norteamericanos, especialmente los conservadores, son escépticos sobre los mecanismos multilaterales de justicia, percibiendo una tendencia “anti-gringa" entre los jueces. Los EE.UU. no quieren permitir que sus soldados sean juzgados por cortes multilaterales. El pueblo norteamericano comparte este punto de vista”, dice.
Alejandro Bohórquez-Keeney, docente-investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se mantiene en esa misma línea al decir que Trump no inauguró esta postura, sino que llevó al extremo una tendencia propia de la política exterior estadounidense: la de no responder ante instituciones internacionales.
¿Cómo se refleja esto en América Latina?
Este ataque contra la CPI se ha extendido en el continente americano. Por ejemplo, Colombia acaba de estrechar su alineamiento con Estados Unidos cuando se unió, el 12 de agosto, en Panamá, a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, el llamado Escudo de las Américas. Allí, Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo, entre otras cosas, la reiteración de la salida de los países miembros del tribunal. Días antes, el 10 de agosto, ese alineamiento con la política exterior de EE.UU. se confirmó cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella se convirtió en el segundo país del mundo en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.
Ese es el telón de fondo sobre el que los expertos leen un eventual acercamiento de Bogotá a la línea de Washington frente a la Corte. Gumbiner anticipa un desenlace en dos frentes: la decisión quedaría mal ante la mayoría de países que todavía sostienen las instituciones internacionales, pero bien ante una minoría creciente de gobiernos de derecha que las rechazan y prefieren manejar sus relaciones caso por caso. Para ese grupo, encabezado por Estados Unidos, dice, Colombia quedaría bien parada.
En cambio, Bohórquez-Keeney es más cauto, y también más pesimista. No descarta que la Argentina, El Salvador y ahora Colombia terminen sumándose a este tipo de iniciativas, algo que considera grave. Y en el caso colombiano lo ve especialmente riesgoso, pues "seguimos siendo el Estado más demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", es decir, Colombia es un Estado que tiene muchos reclamos en mecanismos de justicia internacionales. Su advertencia de fondo es sobre la propia arquitectura de la justicia global: "Las instituciones internacionales pesan tanto como las potencias que las respalden".
¿Sirve de algo la presión? La Corte no ha perdido jurisdicción
Hay un límite tanto de la ofensiva gringa como de la propia Corte. Para Eduardo Pastrana Buelvas, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Derecho de la Universidad de Leipzig, el seguidismo de varios gobiernos de extrema derecha en América Latina hacia el trumpismo choca con el hecho de que ni las sanciones ni una eventual denuncia del tratado apagan la competencia del tribunal.
"La Corte no pierde jurisdicción, así se retire", resume Pastrana. La razón está en su diseño: la CPI es subsidiaria, es decir, entra a actuar solo cuando un Estado no puede o no quiere investigar los cuatro delitos que contempla el Estatuto de Roma. "Si en algún Estado, por incapacidad o por decisión de sus órganos de justicia, no se investigan estos crímenes, la Corte entra a suplir esa denegación de justicia, asume la competencia y puede seguir investigando", explica. La creencia de que las sanciones deslegitiman al tribunal, sostiene, no es cierta.
Si bien Pastrana enmarca la ofensiva en algo más amplio, como "una nueva extrema derecha contraria a las organizaciones del orden mundial liberal" que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del Muro de Berlín, eso, para los países más pequeños es diferente. En otras palabras, una potencia con capacidades militares extraordinarias puede intimidar a la Corte y tender sobre sus ciudadanos "una especie de manto de impunidad", pero eso no corre igual para los Estados que no son grandes ni medianas potencias. En América Latina, recuerda el experto, la Corte ha adelantado investigaciones incluso contra la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Y si se extiende este escenario hasta lo que podría pasarle a Colombia si se alinea, una vez más, con Estados Unidos, se llegaría hasta la JEP, por ejemplo. La CPI cerró en 2021 el examen preliminar que mantenía sobre el país desde hacía 17 años, pero conservó su competencia complementaria y advirtió que podría reconsiderarla ante cualquier obstáculo a su trabajo. "Incluso si aquí se eliminara la JEP o se estrangulara, la Corte entraría, porque tiene competencia hacia el futuro", afirma Pastrana. Su argumento de fondo es que estos delitos son imprescriptibles y "no conocen fronteras". Por eso las violaciones graves del derecho internacional "no van a quedar nunca en la impunidad, así se denuncie el Estatuto de Roma".
Si Colombia decidiera plegarse a la campaña de desprestigio que Washington, no ganaría un blindaje frente a ella. Lo que sí arriesgaría es quedar del lado minoritario del consenso internacional, tensar aún más su relación con el mundo árabe y erosionar su propia voz en los escenarios multilaterales, justo cuando sigue siendo uno de los Estados más expuestos ante la justicia interamericana.
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