“No hablaría de una crisis en sentido estricto”: el examen del contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez al gobierno que terminó

El pleno del Congreso eligió como próximo contralor general de la República a Jorge Eliécer Laverde, un hombre de la casa que durante doce años fue secretario de la Comisión VI del Senado.

Por el momento y hasta el próximo 31 de agosto, el vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez Becerra, de 57 años, continuará al frente del organismo de control fiscal. El contralor saliente respondió un cuestionario de CAMBIO en el que advirtió que, a pesar de la grave situación fiscal que el gobierno de Abelardo de la Espriella hereda del mandato de Gustavo Petro, no cree que se pueda hablar de que haya una crisis.

Rodríguez culmina un periodo accidentado por una decisión del Consejo de Estado que lo sacó de su cargo en mayo de 2023 y por otra de la Corte Constitucional que permitió su reintegro el 12 de junio de 2024, cuando fue, elegido de nuevo por el Congreso en pleno. 

"El déficit fiscal es sin lugar a duda la principal preocupación"

CAMBIO: Contralor, este mes el país estrenó un nuevo gobierno y en pocos días usted terminará su periodo legal. ¿Qué logró su administración? 

Carlos Hernán Rodríguez: A través de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas intensificamos la vigilancia y el control sobre todas y cada una de las variables presupuestales y económicas del país. Aumentamos la cobertura de vigilancia sobre los activos de la Nación, llegando en 2026 a $1.233 billones, la cifra más alta de la historia de la Contraloría. También activamos las funciones de advertencia cuando el riesgo así lo requería, particularmente frente al manejo de la deuda pública, los compromisos y transferencias presupuestales y la presentación del Presupuesto. También fortalecimos el trabajo sobre las finanzas territoriales. En este frente consolidamos el balance general de las finanzas de cada uno de los municipios y departamentos del país, incluyendo sus ingresos, gastos, deudas, inversiones y regalías, información que, sin duda, podrá nutrir una reorganización presupuestal y de competencias que requieren las entidades locales. 

En lo que corresponde al macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público, durante el cuatrienio 2022-2026 alcanzamos un resultado significativo en el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, por valor de $4,41 billones. De esta cifra, $3,73 billones corresponden al recaudo histórico obtenido por la entidad mediante el cobro coactivo de los fallos con responsabilidad fiscal proferidos. Además, $655.282 millones corresponden a recursos resarcidos en 1.149 actuaciones de responsabilidad fiscal antes de proferir fallo, culminadas con cesación de la acción fiscal por resarcimiento mediante pago o reintegro de bienes; y $17.524 millones corresponden a la intervención de la Contraloría en procesos penales como víctima, en representación de los intereses patrimoniales del Estado.

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También se destacan los 1.090 fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados durante el periodo, por una cuantía de $3,37 billones. Finalmente, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata —DIARI—, y en el marco del control fiscal preventivo y concomitante, se recuperaron 312 obras públicas que se encontraban en estado crítico y que fueron alertadas mediante nuestros modelos analíticos, por un valor de $7,44 billones. Y lo más importante para la Contraloría: esas obras fueron puestas en funcionamiento y entregadas a la ciudadanía.

CAMBIO: ¿Y la principal dificultad? Podríamos pensar que más allá de la situación legal que vivió con su salida y posterior reintegro, lo más difícil estuvo en no haber sido escuchado en sus advertencias… 

C.H.R.: Considero que la mayor dificultad fue, sin duda, no haber podido ejercer el período en su totalidad. El hecho de haber estado un año en el cargo, luego otro año fuera de él y, posteriormente, regresar para ejercer durante dos años más, representó una dificultad innegable. Sin embargo, cumplimos con el plan previsto. También debo señalar que no fue posible trabajar de manera plenamente armónica con el Gobierno Nacional. El control fiscal no existe para obstaculizar ni incomodar, sino para contribuir, desde el ejercicio de sus competencias, al mejoramiento de la función administrativa. Más allá de las circunstancias institucionales y jurídicas que atravesé durante mi período, la mayor dificultad fue comprobar que muchas veces advertir a tiempo no significa necesariamente ser escuchado a tiempo.

La Contraloría hizo esfuerzos importantes por anticiparse al daño. Advertimos sobre riesgos en las finanzas públicas, el crecimiento de la deuda, las presiones sobre el presupuesto, la situación del sistema de salud y otros asuntos que podían comprometer recursos públicos y afectar la sostenibilidad del Estado. Pero hay que entender algo: la Contraloría advierte, no gobierna. Vigila, pero no coadministra. Nuestra responsabilidad constitucional es identificar los riesgos, sustentarlos técnicamente y ponerlos oportunamente en conocimiento de quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones. Y probablemente una de las lecciones más importantes que deja este período es que el costo de una advertencia desatendida casi nunca se ve el día en que se formula; aparece meses o años después, cuando el riesgo termina materializándose y corregirlo resulta mucho más costoso para el país.

CAMBIO: El presidente Gustavo Petro tuvo avances en la reducción de la pobreza, pero, al mismo tiempo, deja a una Colombia con unas finanzas públicas gravemente deterioradas… ¿Cuáles son los principales números e indicadores en rojo?

C.H.R.: Existe un deterioro significativo de los principales indicadores de sostenibilidad de las finanzas públicas. El mayor desafío que recibe la próxima administración será precisamente recuperar el equilibrio fiscal, sin poner en riesgo los logros sociales alcanzados. El déficit fiscal es sin lugar a duda la principal preocupación, teniendo en cuenta que en 2025 fue del - 6,4% del PIB y que de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estima que sea en 2026 del -5,3%. 

La Contraloría General advirtió desde el inicio de 2026 que el creciente costo del servicio de la deuda presionaría las finanzas públicas, reduciría el espacio fiscal para atender las necesidades de la población y, en un contexto de déficits fiscales persistentes, altas tasas de interés y crecimiento económico moderado, aumentaría los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal. En efecto, el saldo de los TES B aumentó $75,3 billones en lo corrido del año, se ha utilizado el 97% del cupo de emisión autorizado por el congreso y la nueva administración deberá enfrentar importantes vencimientos de capital e intereses, con pagos estimados por $14,4 billones en lo que resta de 2026 y $59,6 billones en 2027. La deuda pública, por sí misma, no es un problema; constituye un instrumento legítimo de política fiscal cuando se utiliza de manera responsable para financiar inversiones que impulsen el crecimiento económico y el bienestar de la población. 

CAMBIO: ¿Podemos hablar de una crisis? 

C.H.R.: No hablaría de una crisis en sentido estricto, el Estado mantiene acceso a los mercados y capacidad de financiamiento, pero estos indicadores evidencian que es indispensable avanzar en una estrategia de consolidación fiscal, fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar que estas presiones se profundicen en los próximos años.

CAMBIO: ¿Qué requiere el país para superar esa situación marcada, entre otros, por el incumplimiento de la regla fiscal, el incremento en la deuda pública y la calidad en la ejecución del gasto? 

C.H.R.: Esto implica iniciar el camino de la reducción el déficit fiscal, estabilizar la trayectoria de la deuda pública y activar muy pronto ingresos de corto, mediano y largo plazo para el país. Sin embargo, el ajuste no debe recaer exclusivamente sobre la inversión pública, ya que esta constituye un motor fundamental del crecimiento económico y de la generación de empleo. Igualmente, es indispensable fortalecer la calidad del gasto público, priorizando proyectos con mayor impacto económico y social, mejorando la planeación, la ejecución y la evaluación de los recursos públicos, de manera que cada peso invertido genere resultados verificables.

CAMBIO: En sus casas, quizás un grueso de colombianos no sienta el impacto de la situación fiscal como sí sienten otras acciones como el aumento del salario mínimo. ¿Cómo explicarle a ese ciudadano la preocupación sobre los números actuales del Estado? 

C.H.R.: Muchas veces los ciudadanos no perciben de inmediato una situación fiscal, porque sus efectos no se sienten de un día para otro. Sin embargo, las finanzas públicas son como los cimientos de una casa: mientras están firmes, todo funciona con normalidad; cuando empiezan a debilitarse, las consecuencias terminan apareciendo en distintos frentes. Hoy una de las principales preocupaciones de la Contraloría General es que el Proyecto de Presupuesto para 2027 radicado al Congreso, contempla una gran brecha entre gastos e ingresos ciertos con los que cuenta el Estado. En términos sencillos, significa que el país está planeando asumir compromisos muy por encima que aún no tienen plenamente garantizada su financiación. Esa situación exige prudencia, porque un presupuesto solo es sostenible cuando cada peso que se compromete tiene un respaldo real.

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Además, observamos que una parte cada vez mayor de los recursos públicos deberá destinarse al pago de la deuda. Esto reduce el margen para atender nuevas necesidades y limita la capacidad del Estado para responder a los retos que demanda el desarrollo del país. La función de la Contraloría es precisamente anticipar esos riesgos y aportar análisis técnicos e independientes para que las decisiones presupuestales se adopten con responsabilidad.

CAMBIO: En materia energética, ¿el país queda en riesgo de sufrir un apagón? 

C.H.R.: Predecir si habrá racionamiento el próximo año no es sencillo, porque depende de diversos factores. Pero la institucionalidad del sector energético los monitorea de manera permanente, entre otros mecanismos, a través de la CACSSE, la comisión que da seguimiento a la evolución de estas variables en situaciones de emergencia y define medidas para mitigar los riesgos.  Desde la Contraloría hacemos seguimiento constante a la gestión de la emergencia y, como ya lo hemos hecho, emitiremos cualquier alerta que consideremos pertinente. 

La posibilidad de que se requiera un racionamiento para la temporada seca de finales de 2026 y comienzos de 2027 depende de dos factores clave: el primero es la intensidad del fenómeno de El Niño y el nivel de los embalses durante su período más crítico, cuando las lluvias suelen disminuir en Colombia.  El segundo es la disponibilidad de recursos de generación y de líneas de transmisión. En generación, el punto crítico son las plantas térmicas, que funcionan con gas, carbón y combustibles líquidos. Pendientes también de recursos financieros y cuentas por pagar de agentes morosos. Por eso, es fundamental que estos insumos estén disponibles oportunamente.

CAMBIO: Y sobre el sistema de salud ¿Quiénes deben responder porque hoy estemos peor que antes? 

C.H.R.: Dentro del ejercicio de Control Fiscal de la Contraloría General de la República se ha evidenciado un franco deterioro financiero del sistema de salud, especialmente en las EPS Intervenidas por la Supersalud, que genera una afectación directa sobre el derecho a la salud de millones de colombianos. Los resultados de las diferentes actuaciones de vigilancia fiscal en este periodo han constituido hallazgos fiscales por más de 11 billones de pesos, adicionalmente se han trasladado posibles hallazgos disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación y de tipo penal a la fiscalía general de la Nación, donde se determinarán, surtido el debido proceso los responsables de las fallas que han vulnerado el derecho a la salud de los usuarios del sistema de salud colombiano. 

CAMBIO: ¿Cómo fue su relación institucional con la presidencia de Petro?

C.H.R.: Lamentablemente, la relación con el Gobierno Nacional no fue fluida. Desde la Contraloría realizamos varias advertencias a los ministerios, no con el propósito de interferir en el desarrollo de la política pública ni de invadir las competencias propias de la administración, sino con el ánimo de alertar oportunamente sobre riesgos que podían derivar en errores más graves, de mayor dificultad o incluso irreversibles. Así ocurrió en sectores sensibles como salud, minas y energía e infraestructura, especialmente frente a las intervenciones en el sistema de salud y al manejo de recursos asociados a proyectos viales, incluidas las vías 4G. En ese sentido, considero que esas advertencias fueron importantes.

CAMBIO: ¿Cuál fue el papel de la Contraloría en el accidentado proceso de empalme? 

C.H.R.: Cuando el empalme se trabó por la controversia política, actuamos con base en la ley, no en las circunstancias del momento. Junto con la Procuraduría expedimos una directiva conjunta recordando que el Acta de Informe de Gestión, prevista en la Ley 951 de 2005, es un deber que no admite excepciones ni cálculos políticos. Por otro lado, instalamos mesas técnicas sectoriales con el equipo del Gobierno entrante y entregamos diagnósticos construidos desde la vigilancia y el control fiscal: riesgos, indicadores y advertencias que ya habíamos identificado. Nuestro papel fue el de garante técnico, nunca el de árbitro político. La Contraloría no toma partido; vigila que la transición sea trazable y que los recursos públicos queden protegidos.

CAMBIO: ¿Cuáles son sus consideraciones sobre un gobierno que entra con un claro mensaje sobre la reducción en el tamaño del Estado?

C.H.R.: Aunque las decisiones sobre la estructura y el tamaño del Estado corresponden a las autoridades democráticamente elegidas, la Contraloría no puede mantenerse como simple espectadora de una transformación de esa magnitud. Tampoco le corresponde coadministrar ni definir cuál debe ser el modelo de Estado del Gobierno de turno. Su papel es acompañar estos procesos, desde el control fiscal y con absoluta independencia, para establecer sus efectos fiscales, anticipar riesgos y vigilar que se desarrollen con criterios de eficiencia, economía y transparencia. Una transformación de esta naturaleza puede implicar reestructuraciones, fusiones o supresión de entidades, modificaciones de plantas, contratos, activos y recursos. Allí la Contraloría debe verificar que los cambios produzcan verdaderos ahorros, eliminen duplicidades y gastos innecesarios y protejan el patrimonio público, sin que terminen debilitando capacidades esenciales del Estado o trasladando costos mayores hacia el futuro. Si el propósito es construir un Estado más eficiente, nuestra tarea es contribuir a que esa eficiencia sea real, sostenible y se traduzca en un mejor uso de los recursos de los colombianos.

CAMBIO: ¿Qué mensaje le deja al país en una coyuntura de tanta polarización?

C.H.R.: En tiempos de polarización, la evidencia, la transparencia y el respeto por el ordenamiento jurídico constituyen el principal respaldo de la institucionalidad y la mejor garantía para los ciudadanos. En escenarios de alta polarización política y social, las instituciones de control enfrentan el desafío de preservar la confianza ciudadana mediante actuaciones objetivas, técnicamente sustentadas y plenamente independientes. Para la Contraloría General de la República, esta responsabilidad implica ejercer la vigilancia y el control fiscal con fundamento exclusivo en la evidencia, el ordenamiento jurídico y la protección del patrimonio público.

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Su función constitucional no está determinada por las controversias políticas ni por la orientación ideológica de quienes administran los recursos del Estado. Por ello, la neutralidad no puede entenderse como pasividad; por el contrario, exige aplicar criterios, metodologías y niveles de rigor uniformes a todos los gestores fiscales, con independencia del gobierno, partido político o sector al que pertenezcan. Precisamente por ello, aun en medio de las diferencias legítimas de una democracia, la defensa del patrimonio público debe constituir un propósito común.

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ana.cuesta@cambiocolombia.com