Exclusivo: subdirector jurídico de Fenoge pide investigar al exministro Edwin Palma por aparente retaliación

CAMBIO conoció el documento con el que el subdirector jurídico de Fenoge, Camilo Iván Rincón León, amplió ante la Procuraduría la queja por la cuestionada cesión del contrato del exdirector Brayan Giraldo. En el escrito, fechado el 14 de agosto, Rincón pidió investigar al exministro de Minas Edwin Palma y a los demás integrantes del Comité Directivo por dos decisiones tomadas el 4 de agosto: aprobar la cesión del contrato de Giraldo cuando ya estaba suspendido y ordenar investigar a los dos funcionarios que habían advertido que la suspensión impedía esa operación.

La queja señala, además de Palma, al entonces viceministro de Energía, Víctor José Paternina; al director de Energía Eléctrica, Diego Fernando Román; al secretario general del Ministerio, Elkin Leonardo Pérez, y a la directora de la Upme, Indira Cristina Portocarrero. Los cinco participaron en la sesión y suscribieron el acta mediante la cual se aprobó la cesión del contrato de Giraldo.

La aparente retaliación

El conflicto entre Brayan Giraldo y algunas dependencias de Fenoge venía de antes de su suspensión. El 8 de julio, en un grupo de WhatsApp de subdirectores de la entidad, Giraldo cuestionó actuaciones relacionadas con Colombia Solar, acusó a funcionarios de hacer “sabotaje” mediante conceptos y pidió la presentación de cartas de renuncia y terminaciones contractuales. En uno de los mensajes afirmó que se trataba de un ataque contra la administración, el Ministerio y el presidente Petro.

Casi un mes después, el 3 de agosto, la Procuraduría suspendió provisionalmente a Giraldo. En cuanto se conoció la decisión, Camilo Iván Rincón, encargado de la Subdirección Jurídica y Contractual, y Sindy Lorena Ramírez Perdomo, encargada de la Subdirección Técnica, impartieron instrucciones para hacer efectiva la medida y limitar las actuaciones que Giraldo podía seguir adelantando desde Fenoge.

Al día siguiente, 4 de agosto, el Comité Directivo se reunió de manera extraordinaria. Primero acordó acatar la suspensión, pero en esa misma reunión aprobó la sesión del cesión del contrato solicitada por Giraldo. Además, conoció las actuaciones adelantadas por Rincón y Ramírez y ordenó al nuevo director analizar sus posibles implicaciones contractuales, disciplinarias, penales y profesionales, y, si encontraba mérito, presentar las denuncias o quejas correspondientes. 

En su queja ante la Procuraduría, Rincón sostiene que esa decisión podría constituir una retaliación. Señala que ni él ni Ramírez fueron citados a la sesión, escuchados ni tuvieron oportunidad de controvertir los cuestionamientos formulados contra sus actuaciones. También señala que el Comité ordenó analizar posibles consecuencias, incluso penales, sin que, según la denuncia, el contenido completo de los documentos cuestionados hubiera sido incorporado al acta.

Por esta razón, Rincón pidió a la Procuraduría investigar si el Comité excedió sus competencias y si la decisión contra ambos contratistas constituyó una desviación de poder destinada a “neutralizar el control interno que se oponía a la cesión”.

Finalmente, Rincón pidió que, si la Procuraduría encuentra mérito, compulse copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las posibles conductas penales. También solicitó remitir la información correspondiente a la Contraloría y a la Superintendencia Financiera.