Nadie está más allá de la naturaleza, pero si algo quedó demostrado tras la tragedia producida por el terremoto del lunes 10 de agosto es que la solidaridad ciudadana actuó de manera más rápida y eficiente que el Estado. De paso, puso en evidencia la falta de protocolos nacionales para atender una emergencia de la magnitud que vivió el país ese día, un hecho que debe llevarnos a sacar lecciones.
La prueba más contundente de la ausencia de protocolos para enfrentar una catástrofe natural fue la precipitada actuación del ahora exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Javier Pava, quien recomendó a la Cancillería no activar la solicitud de equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate porque, supuestamente, Colombia contaba con la capacidad para arreglárselas sola.
Aunque la suficiencia del país para intervenir las docenas de edificaciones colapsadas pronto quedó en entredicho, fue solo tres días después, y cuando estaba a punto de vencerse la ventana de 72 horas en las que según estándares internaciones hay más probabilidades de rescatar personas con vida, que el Gobierno colombiano aceptó el ingreso de grupos especializados de búsqueda y rescate, pero únicamente de tres países con gobiernos ultraderechistas: Israel, Estados Unidos y Ecuador, a los que el presidente Abelardo De la Espriella se refirió como “aliados”.
Es lamentable y muy cruel con las víctimas que, en medio de la tragedia que afronta el país, el nuevo Gobierno haya sacado a flote sesgos ideológicos y políticos.
En esa lógica absurda se inscribe el rechazo de 250 rescatistas mexicanos ofrecidos por el Gobierno de Claudia Sheimbaum, a los cuales, según la misma presidente mexicana, se les exigió certificaciones que no les exigieron a gobiernos que tienen afinidades políticas con el presidente De la Espriella.
Mientras esperaban que la burocracia estatal desplegara los primeros socorristas y se coordinara, ciudadanos sin cascos ni entrenamiento, pero organizados, lograron rescates tempranos de personas que quedaron atrapadas entre los escombros en ciudades como Cali y Pereira.
En la capital del Valle, incluso, hubo protestas de ciudadanos desesperados con lo que consideraban un despliegue lento de los socorristas oficiales en varios de los sitios afectados por el terremoto.
“Hemos ido a lugares donde hay cuatro bomberos y 50 voluntarios haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo el personal de rescate”, dijo en una entrevista con Caracol el rescatista argentino de los Topos Azteca de México Cristian Kuperbank. Los propios bomberos de Cali y de Pereira han destacado el apoyo de los voluntarios en las labores de rescate.
Al margen de la confusión que provoca un desastre natural en cualquier lugar del mundo, fue notoria también la ausencia de un protocolo de comunicaciones para momentos de crisis nacional.
Pasaron días con cifras contradictorias sobre el número de víctimas y de daños. Incluso Asocapitales comenzó a divulgar reportes que diferían de los que daban el propio presidente y los gobiernos departamentales. Así ocurrió hasta que la Ungrd sistematizó los informes, pero esto ocurrió ya el jueves.
También ha sido confusa la cadena de mando. El presidente De la Espriella, que estaba apenas en el primer día hábil de su mandato, tardó un par de horas en desplazarse desde Barranquilla a Bogotá, lo que plantea dudas sobre la conveniencia de tener “sedes alternas” de Gobierno en ciudades diferentes a la capital del país, habida cuenta de que la verdadera descentralización no consiste en abrir oficinas y residencias oficiales en otras ciudades del país.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumieron el liderazgo en esas primeras horas, pero fue más por la experiencia política de esos funcionarios que por seguir protocolos previamente establecidos.
¿Quién manda, después del presidente, cuando ocurre un desastre natural de estas características, y quiénes se hacen cargo de la coordinación interinstitucional y de las comunicaciones con los gobiernos departamentales y municipales? Es evidente que cuando se produjo el terremoto, el pasado lunes 10, no había claridad sobre estos roles.
Y esto produjo vacíos que, necesariamente, fueron llenados por la solidaridad espontánea de miles de colombianos que se volcaron a las calles para intentar salvar a quienes quedaron atrapados entre los escombros, para asistir a los sobrevivientes y para recolectar ayuda.
Los ciudadanos organizados no solo sobrepasaron al Estado en la velocidad de respuesta para los rescates, sino también en la rapidez para montar centros de donaciones y acopio de ayudas para los damnificados.
Solo Bogotá despachó 344 toneladas de ayudas tres días después del terremoto, todas donadas por los ciudadanos y organizaciones sociales que acudieron a los centros de acopio, según la propia Alcaldía. La ONG católica Banco de Alimentos ha jugado un papel sobresaliente en estos días en la organización de la asistencia en víveres y enseres para las poblaciones más afectadas del país.
Así como las ciudades actualizan sus normas de construcción sismoresistentes cuando ocurre un terremoto catastrófico, el Gobierno nacional debería elaborar y actualizar periódicamente un manual operativo frente a desastres naturales con protocolos que permitan al Estado reaccionar con rapidez y eficacia frente a eventos como el que hoy tiene a Colombia de luto y con la sociedad activa en labores de solidaridad.
Hay países ‘aliados’ de este Gobierno, como Estados Unidos y Chile, que tienen experiencia y pericia institucional para manejar desastres como terremotos, inundaciones y huracanes. Deberíamos comenzar por aprender de sus experiencias y de cómo se han preparado para responder ante esas catástrofes naturales, más allá de la siempre necesaria solidaridad social.
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