Pague a la DIAN, así ya haya pagado antes

"Pague a la DIAN, así ya lo haya pagado antes, y luego reclame." Esa fue la conclusión de varios abogados que consulté sobre el caso de una compañía. Lo entiendo: conocen la DIAN, y saben que un proceso contencioso administrativo de años puede salir más costoso que pagar de nuevo, con sanción e intereses.

La compañía había pagado una retención en la fuente hace más de diez años, un par de meses tarde, sin registrarlo de manera correcta ante la DIAN. Hoy el caso está en la Fiscalía, contra el gerente de esa época, por omisión del agente retenedor. Los sesenta y tres millones que se pagaron, al no quedar bien presentados, se dieron por no recibidos. Y entre sanciones e intereses de once años, se convirtieron en más de trescientos millones. 

Para muchas compañías ese dinero no es fácil de conseguir, a veces es imposible, y con el costo del dinero hoy, más crítico todavía.

“Entre sanciones e intereses de once años, se convirtieron en más de trescientos millones”.

Cuando alguien le debe al Estado, la maquinaria no perdona un solo día: intereses sin techo, a la tasa de usura menos dos puntos, que en un litigio largo multiplican la deuda original. Cuando el Estado le debe al ciudadano —por un cobro mal hecho, una glosa anulada— no hay intereses, salvo que el administrado se someta a años de demanda contra la DIAN, con pocas probabilidades de ganar. La balanza no es pareja.

No es un caso aislado. Una empresa bogotana que presta servicios en Medellín olvidó presentar, hace dos años, la información exógena municipal. La Secretaría de Hacienda le liquidó una multa de más de cien millones calculada sobre la totalidad de sus ingresos nacionales, no sobre lo que factura en esa ciudad. Así quedó liquidada, y así tendrá que enfrentarla, dedicando meses y sumando honorarios de asesores legales defendiéndose de la arbitrariedad. 

Vale la pena, también, destacar el otro lado de la moneda. Conocí otro caso, con un problema de registros en la presentación de declaraciones de importación, con el mismo riesgo: multas millonarias, pese a haber pagado impuestos de aduana de más por un error. 

Ahí el desenlace fue distinto: el funcionario entendió que no había mala fe y encontró la forma de hacer las correcciones dentro de la norma vigente. La empresa no tuvo que volver a pagar los impuestos aduanales ni la sanción, ni pasar meses o años reclamando lo pagado de más. La diferencia no estuvo en la gravedad de la falta, sino en el margen de maniobra de ese funcionario.

Ese contraste es el mejor argumento a favor de una reforma. Son pocos los funcionarios sin actitud proempresarial, pero cuando aparecen, casi nunca es por mala voluntad: la norma no les da herramientas para ayudar, y hacerlo por fuera de ese margen los expone a una investigación disciplinaria. La solución no es esperar a que cada contribuyente tenga la suerte de toparse con el funcionario correcto o con una norma más permisiva, sino darles a todos la posibilidad de resolver con criterio los errores que no nacen del dolo.

“La respuesta que ha encontrado el país, reforma tras reforma, es la amnistía”.

El diseño tributario, nacional o municipal se construyó, con razón, para que nadie use la plata retenida de terceros como caja propia — y por eso recurre a intereses y sanciones que pueden ser muy duras. El problema es que, en el camino, también atrapa a quien se equivocó de buena fe, pagó tarde u olvidó reportar información exógena — y ahí la respuesta del Estado debería ser proporcional, no la misma.

Y como los intereses de mora no tienen techo ni hay un mecanismo ágil para cruzar lo ya pagado, el funcionario queda con las manos atadas: aplica la norma en su versión más dura, o se arriesga él mismo a una investigación disciplinaria por "ayudar".

Nadie gana, salvo quizás quien ve en esa desproporción la oportunidad de pedir por debajo de la mesa lo que la ley no permite resolver por encima de ella. Trescientos millones por una falta de sesenta y tres es, para un funcionario con pocos escrúpulos, una invitación abierta a negociar.

La respuesta que ha encontrado el Estado, reforma tras reforma, es la amnistía: cada cierto tiempo el Gobierno de turno abre una ventana con intereses reducidos y sanciones con descuento. La más reciente, de este año, bajó la tasa de interés moratoria, temporalmente, al 4,5% anual y las sanciones al 15% de su valor.

Es un alivio real, pero también la confesión de que el sistema es tan desproporcionado que ni el Estado ni el municipio puede sostenerlo sin corregirlo por ley, decreto o resolución cada tanto. Si la excepción se volvió la única forma razonable de cobrar, el problema no está en el contribuyente: está en la regla.

“Nada de esto le quita al Estado su facultad de perseguir el fraude real”.

Lo que hace falta no es otra amnistía, sino una reforma de fondo con tres ejes: un tope razonable a los intereses moratorios, que hoy crecen sin límite mientras dure un litigio; mecanismos rápidos de compensación, para que lo ya pagado se cruce contra la deuda sin años de trámite ni dobles pagos; y sanciones proporcionales a la falta, no a la capacidad recaudatoria de quien las impone. Nada de esto le quita al Estado su facultad de perseguir el fraude real.

Falta, además, reconocer algo obvio: somos falibles, y en impuestos y aduanas el error es, estadísticamente, casi inevitable. Con las docenas —a veces cientos, como en aduanas— de reportes y declaraciones que presenta una empresa cada año, que ocurra un error de vez en cuando no debería ser condena de por vida ni confiscación del patrimonio de una empresa o de quien la representa. Tiene más sentido un régimen escalonado: corrección y pedagogía primero, sanción proporcional después, y solo al final —con reincidencia sistemática o indicios reales de dolo— la puerta a lo penal y a la persecución sancionatoria real del Estado.
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