¿El gobierno de la ley?

En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Sin embargo, Abelardo de la Espriella (ADLE) lleva tan solo un mes en el cargo y ya ha violado la Constitución del 91 en varias oportunidades. No queda ni la sombra de aquel candidato que golpeaba el atril prometiendo defender el gobierno de la ley “como corresponde”, su frase favorita.

Voy a mencionar tan solo unos ejemplos, algunos ya subrayados por importantes constitucionalistas como Rodrigo Uprimny.

ADLE arrancó su mandato desconociendo el carácter laico de nuestro Estado y en la ceremonia de posesión incluyó rituales religiosos dirigidos por un pastor y un rabino. Con esto violó la ley 133 de 1994, la cual señala de manera explícita que ninguna iglesia es ni será oficial o estatal, y poco le importó lo que se conoce como “especial prudencia”, contemplada en la sentencia T-124 de 2021 de la Corte Constitucional, la cual obliga a todo alto funcionario a respetar el carácter laico que proclama nuestra Constitución.

La laicidad no es un tema menor. Garantiza la neutralidad del gobierno al tiempo que protege la libertad de conciencia para que ninguna persona sufra discriminación por sus creencias religiosas o por no tenerlas; promete que las leyes y políticas públicas no se basarán en un dogma de fe particular, para que las normas nos apliquen y beneficien a todos por igual; fomenta que nuestro gobernante represente a toda la población sin imponer su propia fe; y obliga a instituciones públicas, como escuelas y hospitales, a atender a los ciudadanos sin cuestionar su credo. Pero a ADLE poco le importó lo que dicta la Constitución. ¿Y aun así habla del gobierno de la ley?

Otra decisión anticonstitucional: a tan solo unos días de asumir el poder, permitió la entrada de tropas estadounidenses e israelitas sin contar con la aprobación del Senado ni con la consulta previa al Consejo de Estado, como lo exigen los artículo 173 y 273 de nuestra Carta Magna. Con esto puso en juego varios asuntos relevantes: la soberanía, el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica, y, como si fuera poco, los derechos humanos, pues los soldados extranjeros responden a las leyes de su propio país, no a las del nuestro.

ADLE permitió el ingreso de tropas extranjeras pasándose por la faja al Senado. Esto quiere decir que está actuando sin controles, “como corresponde”. ¿Y aun así habla de respetar el gobierno de la ley? 

Otro zarpazo a la Constitución: a través de su canciller, ADLE afirma que Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio perteneciente a Siria. Con esto ha violado el artículo 9 de nuestra Constitución, a través del cual nos comprometemos como país a respetar los principios del derecho internacional, dentro de los cuales está rechazar la anexión de territorios por la fuerza. 

Aceptar que otro país se apropie de un territorio por la vía de las armas es dar luz verde para que en el futuro otros países hagan lo mismo, incluso en Colombia. ¿Y aun así se atreve a hablar del gobierno de la ley?

Otro acto inconstitucional: ADLE ordenó el cierre de 20 emisoras de paz, y ha informado que solo dará ruedas de prensa a los medios “amigos”, violando con esto el artículo 13, derecho a la igualdad; el artículo 20, el cual garantiza a los ciudadanos el derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial; el artículo 74, el cual obliga al Estado a entregar datos de interés general en condiciones de igualdad para todos los medios; y el artículo 209, referente a la imparcialidad administrativa.

Otorgar privilegios informativos a los que considera medios amigos, como lo ha hecho ADLE, evidencia un trato desigual y discriminatorio frente a la prensa independiente; además, usar la infraestructura de la Presidencia para favorecer líneas editoriales específicas contradice el carácter neutral que debe observarse en un servidor público. ¿Y aun así el autodenominado Tigre se atreve a hablar del gobierno de la ley?

El día 27 de agosto, ADLE, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó un bombardeo en El Retorno, departamento del Guaviare, en el cual fallecieron tres menores de edad. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, dijo en rueda de prensa que “eran combatientes en función continua dentro de un grupo armado ilegal". Pero esto viola más de un artículo: el artículo 44, el cual establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; el artículo 11, el cual obliga al Estado a preservar la vida de la población civil y de las personas protegidas, un estatus que los menores de edad no pierden y mucho menos si han sido reclutados forzosamente; y el artículo 93, que integra las normas internacionales de derechos humanos y de DIH ratificadas por Colombia directamente al rango constitucional.
El Principio de Precaución exige que si hay información verificable de menores en la zona, el ataque debe suspenderse o cancelarse porque no son combatientes legítimos sino víctimas.  A cambio de eso, ADLE se paseó frente a las cámaras entre los cadáveres, dentro de los cuales estaban los de los niños, convirtiendo a la muerte en un espectáculo. ¿Y aun así se atreve a hablar del gobierno de la ley?

El presidente ha utilizado su empresa privada, De la Espriella Lawyers, para perseguir a varios periodistas críticos e influenciadores y exigirles que borren sus publicaciones o se retracten. Esto viola el artículo 6 de nuestra Constitución en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, pues, aunque use una fachada privada, se está extralimitando en el ejercicio de sus funciones. Además, viola nuevamente el artículo 20 de nuestra Constitución, el cual garantiza el derecho de toda persona a expresar y difundir su pensamiento y opiniones sin censura. ¿Dónde está el gobierno de la ley?

Por último, recientemente vimos un video en el cual ADLE ofrecía disculpas públicas por incluir dentro de la ceremonia de posesión actos religiosos, tal como se lo ordenó el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. El presidente cumplió, pero cerró la disculpa con el alarido: “¡Que viva Cristo Rey!”. Con esto, además de mostrar su cinismo y desprecio por la ley, violó una vez más el artículo mencionado al inicio de esta columna, a la vez que nos recordó momentos lamentables de la historia española y de la colombiana. El dictador Franco terminaba sus discursos con este grito de guerra y los chulavitas usaban el mismo cierre cuando asesinaban a sus contradictores liberales. En serio, ¿esta es la manera en que ADLE dice respetar el gobierno de la ley? ¿O más bien será el gobierno de su ley?

Una de dos: ADLE estudió derecho pero se rajó en Constitucional o sencillamente le importa un bledo tomar decisiones que contradigan la ley. Sospecho, y sus actos lo confirman, que le importa un bledo. Por eso no le creo cuando dijo que desde que es presidente se siente como el padre de 53 millones de colombianos. Un papá que viola la Constitución de manera tan descarada y sistemática está haciendo del nuestro un país de huérfanos.