Colombia, una nación que disfruta de mirarse al ombligo, suele pasar por alto las oportunidades, aprendizajes y avances en muchos temas de los países fronterizos, que, al contrario en nuestro país, parecieran estar en un eterno bucle de conflictividad. En particular, hablo desde la óptica ‘ambiental’, donde creo que podríamos aprender mucho de nuestros vecinos en temas que he vivido recientemente.
Arrancando por Ecuador, es de destacar que ha sido el país amazónico que mayor control y reducción sobre la deforestación ha tenido en la última década en el continente. Allí se ha implementado el programa Socio Bosque como una política de Estado, con acuerdo a 20 años con las comunidades locales y beneficiarios individuales, y donde la deforestación en los últimos cinco años no pasa de 20.000 hectáreas por año, y se conserva una porción cercana al 80 por ciento de su superficie en bosques en buen estado, principalmente en territorios indígenas y áreas protegidas. Ecuador posee, además, uno de los desarrollos más significativos del continente en áreas protegidas subnacionales, dándole salida a muchos modelos de conservación y uso sostenible del bosque, las cuales hasta hace unos años llegaban casi al 50 por ciento del territorio.
Planificar a largo plazo acuerdos de conservación, y avanzar en modelos de usos sostenibles del bosque: una lección para aprender. Y eso increíblemente, a pesar de las enormes presiones recientes del crecimiento de minería ilegal, que se entrecruzan con los intereses en la expansión vial desde la Gran Troncal Amazónica que va por su piedemonte de norte a sur.
Y es precisamente allí donde aparece un ejercicio digno de aprendizaje, liderado por la instancia principal de coordinación y planificación regional de la Amazonía ecuatoriana que es el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que me recuerda los antiguos Corpes de Colombia. Está acompañado técnicamente por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), que tiene a su cargo elaborar, actualizar, implementar y hacer seguimiento del Plan Integral para la Amazonía (PIA), el cual está avanzando en la inclusión de un Plan Maestro Intermodal de Transporte como derrotero técnico vinculante para todas las inversiones en materia de transporte que se vayan a desarrollar a futuro en la región. Para Colombia urge hacer vinculante este mismo concepto de intermodalidad para las inversiones de transporte en la Amazonía, con visión de largo plazo ,y más aún, conciliar una instancia de planificación regional y focalización financiera que le dé concreción a la mentada ‘regionalización’ del país.
Del lado peruano, sigo ‘babiando’ por la capacidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), que durante décadas ha realizado importantísimos avances particularmente en la investigación aplicada a los usos de la biodiversidad. En mi concepto, confluyen allí dos factores que hacen diferencia con nuestra institucionalidad, que son la destinación de recursos provenientes de las regalías petroleras, y la continuidad en el desarrollo de líneas de investigación aplicada en usos de la biodiversidad y su encadenamiento productivo. De allí que el número de investigaciones, infraestructura, investigadores, productos y alianzas comerciales sea de alto impacto en el contexto regional; una decisión política y financiera en Colombia, especialmente con el Sinchi, potenciaría tremendamente su capacidad en un momento en que el uso sostenible del bosque es un imperativo para atenuar la presión de la deforestación y sus economías asociadas, sean licitas o no. Cualquier visitante en Iquitos, para señalar un ejemplo, sale a sus calles y encuentra calzada por calzada, una oferta de frutos amazónicos, aceites, semillas, almendras, pescados, insectos y mucho más que se han desarrollado en cadenas comerciales de consumo nacional e internacional, como resultado de años de una decisión bien fundamentada.
Cierro con el caso de Brasil, que cada día amplía más su ventaja con respecto al continente. Y se puede escoger el caso a ojo cerrado: su capacidad de investigación en biodiversidad y clima, sus sistemas de monitoreo, sus políticas para reducir deforestación, sus modalidades de bioeconomía y sus fondos financieros para la protección del bosque, en fin, hay una larga lista de admirar. Pero donde me quiero detener es en la calidad de las ONG brasileñas, que juegan un papel fundamental en todo este engranaje. El número de doctorados, maestros y personal de alta calidad académica es, de lejos, el más alto del continente, y nutre frecuentemente las más altas posiciones de las grandes agencias multilaterales y privadas del mundo ambiental. Sus investigaciones son referente frecuente no solo a nivel mundial, sino que los datos de sus organizaciones son usados por el Gobierno como fuente de contraste para evaluar sus propios datos, como ha sucedido históricamente con los datos de deforestación, de aplicación de la ley y de delitos ambientales, entre muchos temas cruciales. El otro tema de asombro, para mí, es el rol que han jugado en el involucramiento con el sector privado para desarrollar acuerdos de trazabilidad con el sector ganadero, de soya y de otras cadenas de valor, que han permitido una sinergia positiva que ha desembocado en el liderazgo brasilero en adoptar prácticas de trazabilidad que son modelo para el resto del continente (y en el diálogo con la Unión Europea y China como principal proveedor de esos mercados). Y, en particular, para abrir un camino vital de diálogo con un sector privado que juega un papel definitivo en estabilizar la frontera agropecuaria sobre los grandes bosques del Brasil, y su efecto en los demás países del continente. ¿Será posible pensar en una relación constructiva con los gobiernos de turno sin perder la independencia crítica, pero tampoco la claridad de trabajar para fortalecer la democracia, que también implica sumar esfuerzos donde sea posible?
El otro camino nos llevará a la confrontación de la eterna Patria Boba.
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