Buscar la paz en Colombia es una tarea que puede costar la vida, la estigmatización o el ostracismo. “Más miedo no se necesita —decía Jaime Garzón en 1999, unos días antes de que lo asesinaran en una esquina cercana la emisora Radionet, en el barrio Gran América, de Bogotá, a la que iba todas las mañanas manejando su propia camioneta—: cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar; cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar; que no se levanten hasta que no haya un acuerdo, porque todas las veces que se ha interrumpido [la mesa de diálogo], ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión de lado y lado: entonces lo único que uno quiere es que se sienten: hay que darse la pela por la paz”. Por eso lo mandaron a asesinar. Por buscar liberaciones de secuestrados de manera humanitaria. Por reírse del poder e insistir en que la paz no era un anhelo sino una necesidad para la cual se necesita voluntad política y terquedad en un país acostumbrado a zanjar sus conflictos por medio de la violencia. Por el crimen fue condenado José Miguel de Narváez, el 13 de agosto de 2018, cuando el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá le dictó sentencia a 30 años de prisión como autor intelectual del homicidio.
Esta semana que pasó, el Gobierno que cumple un mes en el poder decidió clausurar las mesas de negociación de paz que se habían establecido de 2022 a 2026, en la llamada Paz Total. Sin siquiera examinar las particularidades de cada una de ellas, Abelardo de la Espriella hizo una alocución para anunciar que quienes habíamos sido delegados del Gobierno de Gustavo Petro, en mesas como las que se sostuvieron con la disidencia Comuneros del Sur, del ELN, no lo seríamos más. Sin tomarse el trabajo de averiguar por nuestra renuncia, que habíamos presentado a partir del 31 de julio, el gesto quería enviar un mensaje: quienes se la juegan por la paz son proscritos o puestos bajo sospecha: es una vieja tradición. Por ello, no solo notificó algo que no era necesario, sino que mencionó de manera enfática el nombre de nuestra colega, la excandidata a la Vicepresidencia de la República, representante a la Cámara, psicóloga y escritora, Ángela María Robledo. Esa mención, por supuesto, no fue fortuita, pues acto seguido, pronunció el nombre de Gabriel Yepes, alias HH, jefe de ese grupo armado organizado, contra quien pesa una orden de captura con fines de extradición. El señalamiento del presidente contra una mujer feminista, que ha tenido una voz pública que ha inspirado a millones de mujeres, no es inocente.
Al día siguiente, en la cumbre de gobernadores, celebrada en Mompox, De la Espriella humilló públicamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Como si no hubiera bastado la acusación aleve y mendaz del expresidente Uribe hace unos meses, señalándolo de orquestar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, basado en un anónimo que presuntamente filtró a la prensa, ahora, de nuevo, el presidente en funciones, le ordenó, como si pudiera hacerlo, cesar cualquier esfuerzo de paz: le lanzó otra bola de fuego a quien ha sido, sin duda, un defensor de la paz y que puede demostrar, con hechos, que los dos procesos adelantados en su departamento estaban dando resultados, aún en medio de la barbarie de los ejércitos ilegales que persisten en sus ignominiosas acciones.
La mesa de co-Construcción de Paz, realizada por el Gobierno de Gustavo Petro con Comuneros del Sur, alcanzó 11 acuerdos que sirvieron para demostrar que se puede pensar en nuevas maneras de alcanzar la paz, y no esperar a cesar el horror, hasta que todo esté acordado. Nadie puede decir, por supuesto, que fue un ejercicio perfecto, pues la búsqueda de acuerdos tiene breñas que hacen parte del esfuerzo por alcanzar lo improbable: el desarme, acompañado de una presencia institucional que no deje a las comunidades al desgaire. Pero para eso hay “darse la pela”, como dijo Garzón.
En 1982, Belisario Betancur fue elegido presidente convocando al país a caminar hacia la paz. El filósofo antioqueño Estanislao Zuleta hizo parte de los equipos negociadores que comprendieron en qué consistía sobrevivir en medio de un ataque desmedido por parte de las Fuerzas Militares o los enemigos agazapados de la paz, como los llamaba Otto Morales Benítez. El libro Historia de un entusiasmo, de Laura Restrepo, que también hizo parte de las negociaciones, y que acaba de editarse para conmemorar los cuarenta años de publicación, cuenta bien esa historia. Laura Restrepo debió salir exiliada del país cuando acabó el Gobierno.
Zuleta escribió entonces: “Lograr la paz y la ampliación de la democracia implica transformaciones culturales en todos los ciudadanos y particularmente en las instituciones. Entre otros aspectos aprender la resolución pacífica de los conflictos; reconocer las diferencias entre territorios y grupos sociales; fortalecer las capacidades para el diálogo especialmente en aspectos dividen a la sociedad de acuerdo con sus ideologías e intereses; superar las violencias estructurales y simbólicas que se han convertido en sentido común”.
Ese sentido común hoy es la verdadera disputa cultural que estamos librando. Se trata de pensar en que la vida es un valor supremo y que la dignidad humana no puede ser mancillada por el horror de los genocidios o la manipulación tecnológica. En Colombia, ese sentido común es tan profundo desde hace tanto tiempo que hoy se reencaucha una salida autoritaria con alborozo. Me pregunto cuántas veces hemos visto o escuchado esta historia. Qué quiere decir que los comentaristas de los medios corporativos sonrían y comenten el asesinato de criminales como un acto de justicia; que quienes deben reflexionar como conciencia crítica persistan en presentar esta nueva sangría como consecuencia de la búsqueda de la paz, siempre imperfecta y compleja como pocos asuntos en nuestra historia. Qué quiere decir que cientos de miles de colombianos asistan impávidos a la imagen de un hombre que camina entre cadáveres a través de las redes sociales; y que este martes hayamos firmado varios acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, vía Marco Rubio, para entregar buena parte de nuestra soberanía a través de concesiones mineras de oro, minerales ‘raros’ y nuevas perforaciones en búsqueda de petróleo usando fracking. ¿Se trata, en verdad, de una nueva política? ¿O es más de lo mismo, con medidas cada vez más delirantes y exacerbadas como el levantamiento a la suspensión general del porte de armas?
Atacar y señalar a quienes han defendido la paz es una vieja estrategia usada un sinnúmero de veces en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales como María Ovidia Palechor y James Flor, asesinados en Cauca el viernes pasado.
Al oír las palabras y los señalamientos de De la Espriella, me pregunté si él había olvidado su lugar como asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia, en las negociaciones que tuvieron lugar en el Gobierno de Álvaro Uribe, de 2003 a 2006. De la Espriella negoció como asesor un acuerdo con sus representados o asesorados, para la desmovilización de un ejército de unos treinta mil hombres.
En un video revelado por Tercer Canal, aparece sonriente un joven de veintiséis años vestido con camiseta blanca y kufiya —el tradicional pañuelo símbolo de la resistencia palestina—. Está rodeado de la comandancia principal de ese ejército paraestatal. Allí están Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y otros comandantes de la época que se encontraban en la negociación de San Antonio de Ralito. Hoy es presidente de Colombia.
Ve aquí el video:
Lea los comentarios
