La situación y perspectivas de las finanzas públicas son muy preocupantes. El déficit fiscal proyectado se acercaría al 10 por ciento —peor que en la pandemia—, y la deuda pública podría pasar de ser equivalente a 60 por ciento del PIB a 74 por ciento, si no se toman pronto medidas drásticas como por ejemplo la reducción de 40 billones de pesos en el gasto público en los próximos dos años, ahorro que tendría que ser permanente. Los mercados financieros están nerviosos —con razón— por este panorama tan desafiante. Esa desconfianza se traduce en mayor costo de la financiación para Colombia —lo cual es muy negativo no solo para el Gobierno sino para las empresas y los ciudadanos— e incluso puede darse el caso de que se tenga que reestructurar el pago de la deuda (medida radical y nociva que hasta ahora se ha logrado evitar).
Frente a esos densos nubarrones va a ser muy difícil —por no decir imposible— que el nivel de inversión (como porcentaje del PIB) pase de un muy bajo 16 por ciento al 25 por ciento anual que se tenía hace una década. Volumen que incluso debería ser del orden del 35 por ciento para que la economía pueda crecer a un ritmo del 5 por ciento anual, con el que se podrían sanear las finanzas públicas y hacer grandes avances en la erradicación de la pobreza extrema. Digo que esa inversión deseada y necesaria no se logrará porque para ello se requiere confianza en el futuro macroeconómico del país. Confianza que hoy en día es insuficiente y que no aumentará pronto, sino gradualmente, a medida que los expertos tengan evidencia sólida de que dichos nubarrones se están deshaciendo.
Pero atención: el enorme desafío no es meramente económico. Los inversionistas no solo miran las cifras: evalúan también un par de frentes claves —la estabilidad política y la tranquilidad social. Es lógico que así sea porque el progreso de una nación no depende exclusivamente de la calidad de sus variables económicas. Si el ambiente político es tóxico y las tensiones sociales cada vez más alarmantes, las inversiones no se llevarán a cabo. En otras palabras, nuestro futuro no solo está en manos del ministro de Hacienda, sino del presidente y el resto de sus ministros. Si el clima político y social no mejora pronto, no se logrará el despegue de la inversión, que es el motor del bienestar económico.
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