“Mi consejo para otros como yo es que compren un arma y empiecen a matar gente”, escribió Chris Harper Mercer, de 26 años, en el manifiesto que dejó antes de asesinar a nueve personas y herir a otras tantas en un centro de estudios de Oregón, Estados Unidos, en octubre de 2015. Paul Auster recupera esta frase en Un país bañado en sangre, un ensayo sobre la violencia armada que atraviesa Estados Unidos y que se cobra cada año la vida de alrededor de cuarenta mil personas. En España, donde el porte de armas de fuego está restringido, se cometen alrededor de trescientos cincuenta homicidios en un año: los que Barranquilla, por ejemplo, acumula en un solo trimestre. En Colombia, mientras tanto, diecinueve personas mueren cada día en accidentes de tránsito, y dos de cada tres de esas víctimas viajaban en motocicleta. Pero de seguridad se habla mucha paja. Muchísima. Sobre todo ahora, cuando Abelardo y sus cachorros convierten los cadáveres en espectáculo y los exhiben como objetos de saldo en una feria de segunda mano.
¿Recuerdas, Viejo Topo, aquellos tiempos en que podías caminar a cualquier hora por el centro y los barrios del sur de Barranquilla, tomarte unas cervezas y volver tranquilamente a casa, sano y salvo? Mucho ha cambiado desde entonces. El clan Char lleva dos décadas aferrado al poder de la ciudad, con una política que ha privilegiado el cemento en el norte mientras deja en segundo plano la inversión social en el sur, donde se concentra la mayoría de la población. Y allí donde escasean las escuelas y colegios de calidad, los comedores sociales, los escenarios deportivos, las bibliotecas, los teatros, los jardines infantiles, el trasporte público, las escuelas de oficios, las becas y los subsidios de transporte, el crimen encuentra un terreno especialmente fértil. La seguridad se construye barrio a barrio. Barranquilla se ha convertido en el ejemplo de manual de una ciudad que no sabe cómo enfrentar el crimen. La seguridad no se consigue metiéndoles la mano al bolsillo a las clases medias, buscando culpables en el Gobierno central ni paseándose con suficiencia por centros comerciales y conjuntos residenciales convertidos en fortalezas, rodeados de concertinas, alambradas y guardias de seguridad. Es la escenografía de una ciudad sitiada, como si el enemigo estuviera afuera y no dentro de la propia ciudad.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares abatieron a ‘Marlon’, ‘Cholinga’, ‘Whisky’ y ‘Venezuela’, redomados jefes de las disidencias de ‘Mordisco’ en el Cauca. Por su parte, ‘Kevin’ y ‘Guiovany’, líderes de las estructuras que dominaban el Cañón del río Micay, fueron sometidos y enviados a prisión durante la Operación Perseo. En la madrugada del 10 de noviembre de 2025, Petro ordenó además un ataque aéreo en el Guaviare que dejó 19 integrantes muertos de la estructura amazónica comandada por ‘Mordisco’, entre ellos tres de sus más temibles alfiles. La sensibilidad del expresidente y su formación humanista le impidieron convertir en espectáculo los cuerpos sin vida de quienes habían sido abatidos por las armas legítimas de la República. Abelardo, en cambio, parece encontrar en esa exhibición una suerte de morbosidad o, quizá, la expresión de un complejo de culpa vinculado a un pasado turbulento. Habría que preguntarle a Freud o, acaso, a Cristo Rey, por las razones que lo llevan a comportarse de una manera tan inquietante.
No sé, Viejo Topo, si la muerte de ‘Cholinga’ en tiempos de Petro, o la de ‘Bendito Menor’ bajo el Gobierno de Abelardo, alcanzan a cerrar un capítulo de esa larga y repetitiva historia de conflictos armados y guerras recicladas que ha marcado a Colombia. “Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos”, reza el epígrafe, tomado de un corrido popular, que abre el cuento y da título al libro El llano en llamas, de Juan Rulfo. En Pedro Páramo, el autor mexicano recrea un pasaje que resulta particularmente revelador a la luz de una realidad que, décadas después, sigue siendo cotidiana en Colombia:
—Bien, qué se les ofrece —Preguntó Pedro Páramo
—Como usted ve, nos hemos levantado en armas
—¿Y?
—Y, pues eso es todo, le parece poco
—Pero, ¿Por qué lo han hecho?
—Pues, porque otros lo han hecho también, no lo sabe usted, aguarden tantico a que nos den instrucciones, y entonces le averiguaremos la causa, por lo pronto ya estamos aquí.
Tal como van las cosas con Abelardo, el perrateo que el clan Char ha instalado en Barranquilla amenaza con convertirse en el modelo para el resto de Colombia. Es un panorama donde el bienestar social se anula en favor de los negocios de unos pocos. En las regiones más apartadas, entretanto, las economías ilegales, particularmente las de la coca y el oro, seguirán prosperando. En este ciclo, los actores armados que dominan las zonas rurales cobran en efectivo, al tiempo que los beneficiarios finales facturan y blanquean sus ganancias por vías legales. El mercado mundial de las drogas no tiene precedentes en cuanto a su tamaño y diversidad actuales. De acuerdo con las Naciones Unidas, la producción de cocaína se ha cuadruplicado en comparación con la de hace una década.
Llevamos cuatro décadas midiendo la seguridad en Colombia bajo la fría estadística de los muertos, la cocaína incautada y las extradiciones, sin avizorar una verdadera solución y con muy pocos políticos conscientes de ello. Esta desconexión encuentra eco en la advertencia que Paul Auster dejó en La Vanguardia meses antes de morir: “Un sistema económico basado en la competencia y el conflicto va contra la idea de cooperación, todo están en guerra contra todos”.
Recomendación: La lectura de La rabia bajo la piel, del escritor y periodista francés Sorj Chalandon, una novela que recrea la dramática fuga de 156 menores de una colonia penitenciaria en una isla frente a la costa de Bretaña el 27 de agosto de 1934. A través de la implacable cacería de estos chicos, la obra interpela al lector y abre un interrogante crucial sobre los límites de la justicia en su trato con la infancia.
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