El terremoto del 10 de agosto evidenció las grietas que desde hace años tiene el sistema educativo en nuestro país. No solo dejó 245 sedes educativas en riesgo inminente o en estado de colapso parcial. Otras 18 colapsaron totalmente. Más de 232.100 niñas, niños y adolescentes siguen sin asistir a clases después de un mes y no es claro cuándo podrán hacerlo del todo. Algunas personas están tomando clases en las casas de docentes que generosamente convirtieron sus salas en aulas, otras están en parques y muchas en soledad en sus casas con algunas guías enviadas por whatsapp. En cualquier lugar del mundo, interrumpir la educación tiene un costo, pero en Colombia ese costo es demasiado alto.
La escuela no es solo el lugar donde se aprende a leer o a sumar, para millones de niñas, niños y adolescentes, especialmente en algunos de los territorios más golpeados por el terremoto, la escuela es un espacio de protección. La educación mitiga en parte el riesgo de reclutamiento. Es también donde los más vulnerables reciben una comida completa gracias al Programa de Alimentación Escolar y el lugar en el que algún docente se preocupa genuinamente por su bienestar. En medio de una emergencia, volver al salón de clase —aunque sea temporal— le devuelve a la niñez algo tan sencillo como poderoso: una rutina que baja el estrés y ayuda a procesar lo vivido. Además, la escuela suele ser el primer lugar donde se detecta que algo anda mal —maltrato, trabajo infantil, violencia— y desde donde se activa una ruta de protección.
No exagero al decir que la escuela, es un sistema de protección para la vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Sin embargo, el terremoto dejó lecciones que no se pueden ignorar. Findeter reporta que un diagnóstico de 2018 realizado por el Ministerio de Educación Nacional estableció que para ese momento el 84% de las sedes evaluadas no cumplía la norma sismorresistente NSR-10.
Muchos pensarán que no se ha invertido en infraestructura educativa, pero esto no es del todo cierto. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) ha gestionado más de $4,8 billones de pesos en 3.115 proyectos solo entre 2016 y 2024. Pero sin duda se necesita más, porque el déficit de aproximadamente 50.000 aulas no se ha cerrado.
La pregunta no es únicamente cuánto más debemos invertir, sino también cómo priorizamos esas inversiones, con qué información contamos y cómo la usamos para decidir. Y otro punto clave: ¿qué tan en serio nos tomamos el mantenimiento de lo ya construido frente a la tentación de hacer una institución completamente nueva y tomarnos la foto “cortando la cinta”?
La tarea que nos convoca a organizaciones como Fundación PLAN, a las autoridades nacionales y locales, al empresariado, a la cooperación internacional y a la banca multilateral y otros, no se reduce a construir nueva infraestructura y "reforzar los edificios afectados". Tenemos que ir más allá.
La Norma 10 de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) y la Hoja de Ruta hacia Escuelas Seguras del Banco Mundial definen una escuela segura más allá de su resistencia estructural: entran en juego el lugar donde se construye, el mantenimiento regular, el acceso a agua y saneamiento, y la accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros.
La Hoja de Ruta del Banco Mundial, además, establece tres niveles posibles de exigencia para un edificio escolar. El mínimo: que nadie muera si colapsa. El moderado: que la infraestructura se salve. El máximo – y el que de verdad importa para un país que quiere que sus niñas y niños no paren de estudiar — es que el servicio educativo no se interrumpa a pesar de las catástrofes. Una escuela puede no caerse y, aun así, fallarles a sus estudiantes si deja de funcionar como escuela (incluso si fuere para fines loables como servir de alojamiento temporal).
El mayor reto es reconstruir un sistema educativo que sea realmente resiliente. El Marco Integral de Seguridad Escolar es claro en que la resiliencia no es una propiedad del material constructivo, es la capacidad del sistema, que incluye: anticipar el riesgo, saber responder cuando llega, y sobre todo sostener el servicio educativo mientras se recupera.
En Fundación PLAN llevamos 64 años trabajando en Colombia de manera ininterrumpida y mucho de nuestro trabajo ha sido en el sector educativo. Sabemos, por experiencia, que lo que de verdad preocupa no es la interrupción del primer día, cada semana que una niña o un niño no tiene la oportunidad de asistir a un espacio de aprendizaje presencial aumenta la probabilidad de que no regrese y su trayectoria educativa se trunque para siempre.
Por eso, mientras se resuelve la reconstrucción física, hemos puesto en marcha 3 Espacios Temporales de Aprendizaje y Bienestar de los 14 que con nuestro presupuesto actual pondremos en marcha en los municipios priorizados de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Pero necesitamos más recursos: nuestra obsesión es que las niñas y niños no dejen de estudiar y apoyar a las autoridades para que en equipo logremos que esto suceda. La intención es acompañar al menos 1.200 niñas, niños y adolescentes de manera directa, con atención en espacios seguros y materiales de aprendizaje para sostener la continuidad mientras que las sedes se recuperan. De manera indirecta, también apoyaremos a la niñez a través del apoyo psicosocial que le daremos a sus docentes.
Gracias a la solidaridad de las y los colombianos, las fundaciones, los artistas y la cooperación internacional, hemos recaudado más de $7.345 millones de pesos para esta respuesta que, además de estos espacios, incluye protección infantil, acceso a agua segura, alimentación, asistencia multipropósito en efectivo para las familias más afectadas e incluso vivienda.
Los espacios temporales de aprendizaje, por definición, son un puente mientras regresa a normalidad. El desafío a largo plazo es la reconstrucción. Y ahí Colombia tiene una gran responsabilidad: reconstruir mejor, con priorización basada en riesgo, con mantenimiento sostenido desde el comienzo, y con monitoreo continuo.
Reconstruir no puede significar devolverle a cada territorio la misma escuela vulnerable que tenía antes del 10 de agosto. En el marco de la equidad y responsabilidad significa seguir el principio de build back better, es decir, tener escuelas seguras y fortalecer la resiliencia del sistema educativo como un todo, pensando en el ciclo completo. Desde la primera infancia y la educación inicial, hasta la educación básica y media, y ojalá, así en Colombia suene muy optimista, hasta la universidad.
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