La transfobia, una larga lista de víctimas en la impunidad

Por María Fernanda Fitzgerald

Diskimberly, una mujer trans venezolana trabajadora sexual, fue asesinada por un hombre que la apuñaló en Ibagué, Tolima. En otra zona de esa ciudad, Lucía fue engañada por un supuesto cliente que la golpeó violentamente con la ayuda de otros cuatro hombres. La denuncia fue hecha por la Red Comunitaria Trans que reclama a las autoridades civiles y de policía que hagan justicia. 

Diskimberly y Lucía no son las únicas víctimas de la transfobia. La Red documentó 35 asesinatos de mujeres trans durante 2021 que se suman a la larga lista de ataques ejercidos contra esta población. 

De acuerdo con la ONG Temblores, el registro de violencias que atentan contra la integridad de las personas con identidades de género diversas es muy difícil de lograr. Según su informe "Qué maricada con nuestros derechos", existe un amplio subregistro de estos casos pues, bien sea por falta de rigurosidad al momento de registrar el caso, por miedo a denunciar o por estigmatización, los organismos públicos de control no hacen un seguimiento juicioso de los ataques: “Medicina Legal en 9 años solo presenta 124 casos a nivel nacional contra personas TLGB y 95 contra trabajadorxs sexuales bajo la categoría ‘Violencia interpersonal´ y 2 homicidios, uno contra persona TLGB y otro contra una persona que ejerce trabajo sexual”.

Otro de los capítulos graves de la violencia contra la población trans está relacionado con la no aceptación de su identidad sexual y los ataques por parte de las autoridades, como ocurre en este caso. Una mujer trans lleva más de seis meses detenida en una celda de hombres, en la Estación de Policía Antonio Nariño del barrio Restrepo, en Bogotá, donde denunció haber sido torturada y abusada junto con una compañera a quien sí trasladaron de sitio de reclusión.

Las encerraron con más de 30 hombres en condiciones insalubres. Las celdas están hacinadas, los reclusos duermen en el suelo y hay comida botada por todas partes. “Maricones”, “violos”, “hombres”, les gritaron los otros reclusos. Luego las golpearon y las extorsionaron para no golpearlas más. Y aunque pidieron ayuda, ningún policía las protegió.

La víctima aún recluida en el mismo sitio, de quien no decimos su nombre por seguridad, llegó hace algunos años como migrante desde Venezuela. Ya estando aquí fue cuando supo que quería iniciar también su proceso de tránsito para sentirse más cómoda con su cuerpo: dejó crecer su cabello, empezó a maquillarse, a utilizar ropa diferente a la que había usado toda su vida. 

Asegura que antes de lo ocurrido en la estación, nunca había recibido ataques por su orientación sexual ni por su identidad de género. “Quiero que se sepa que la estación Antonio Nariño está manejada por policías homofóbicos, que nos maltrataron de todas las maneras posibles. Yo jamás creí que me iba a tocar a mí”, dice. 

La violencia policial

Hasta ahí, la violencia había sido ejercida por sus compañeros de celda. Pero todo empeoró  el 4 de enero. Cuando ella lo cuenta, los nervios se notan en su voz y sus palabras empiezan a trastabillar. 

Según su narración, la sacaron de la celda dos policías. Dice que primero fueron seis electrochoques con una pistola taser en distintas partes de su cuerpo, luego la arrastraron hasta el baño, donde la encerraron. Allí, prosigue, la obligaron a desnudarse mientras la grababan, le exigieron ponerse de rodillas y pedir perdón “por ser marica”. Recuerda cómo la golpearon y la golpearon tan fuerte que empezó a vomitar del dolor. 

Sus heridas fueron tan duras que tuvo que ser remitida al hospital San Blas para que la trataran. En el dictamen de Medicina Legal, se señala que llegó con “múltiples traumas contundentes” en sus tejidos blandos, además de un trauma craneoencefálico y un politrauma superficial. Se ordenó la hospitalización para tratar las heridas, además de acompañamiento psicológico, pero el informe señala que ella no lo aceptó.

Gracias a que pudieron meter un celular a escondidas a la estación cuando las recluyeron por primera vez, las mujeres hicieron contacto con la Red Comunitaria Trans, que se encargó de adelantar la denuncia y logró la intervención de la Personería de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Diversidad. 

“Nosotres, como población trans, tenemos constantes casos de persecución, perfilamiento y ataques por parte de la Policía Nacional. Hay un historial muy largo, que cada vez aumenta más, de casos de abusos muy fuertes en nuestra contra. En este caso, ella es una mujer con tres condiciones que la hacen especialmente vulnerable: es trans, es inmigrante venezolana y es una mujer trigueña. Ella debería ser sujeto de especial protección”, asegura Juliana Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.

A esta perspectiva se suma Juan de Brigard, filósofo con maestría en Bioética que ha investigado la relación entre la policía, la salud mental y las poblaciones vulnerables. De Brigard asegura que es usual que este tipo de ataques se den, principalmente porque las personas trans son una minoría, lo que las lleva a ser más vulnerables a los organismos del orden. 

“La policía tiene ante todo una misión de control moral y de comportamiento, por eso buscan reprimir todo lo que salga de esos estándares establecidos. Ahora, por ser una institución profundamente patriarcal, se entiende incluso más que se den estos ataques tan fuertes en contra de la comunidad LGTBIQ+, y más especialmente contra la comunidad trans”, asegura De Brigard. 

El 19 de enero, dos semanas después de los hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor Eliécer Camacho, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que anuncia una investigación de los hechos, además informa el traslado de estación del uniformado involucrado. A esa explicación fue remitida Cambio.

“Esos videos ya los hemos visto muchas veces, y ya nos tienen cansades. Nosotras seguimos esperando acciones reales que nos protejan, no una seguidilla de casos que continúan quedando en la impunidad y que nos siguen poniendo en profundo riesgo”, asegura Juliana Salamanca.

Las dos mujeres trans  identificaron a uno de los dos atacantes. El subteniente Daniel Garzón quien hace parte del cuadrante 1 de la Estación Antonio Nariño. 

A raíz de la denuncia, el traslado de una de ellas se agilizó, pues, como lo señaló Salamanca, la vida de ambas corría mucho peligro: “Es urgente que se entienda que no importa si la persona cometió un crimen, o si pertenece a un grupo que a la policía no le agrade. Sus derechos deben estar por encima de todo y eso incluye protegerlas a toda costa”. 

Pero la segunda víctima sigue corriendo mucho riesgo. Para protegerse, tuvo que cortar su cabello, dejar de maquillarse y volver a usar su ropa de hombre, para evitar que la siguieran atacando mientras continúa detenida en la misma estación en que la atacaron: “Para que dejara de notarse que soy marica”, aseguró. 

De Brigard considera que el manejo de la relación de la policía con la población vulnerable debería extenderse a un espacio que permita que, en ciertos casos, ellos no sean los primeros acudientes, pues con ello se está creando una problemática muy difícil de aliviar: “En este momento, mitigar los ataques de la Policía Nacional hacia la población vulnerable ya dejó de ser un asunto de protocolos. Es urgente desmontar una serie de preconcepciones, que están muy profundamente instauradas en esta Institución, y eso únicamente se lograría con una reforma policial”.