Los documentos falsos que tienen en problemas a los hermanos Janna

La familia Janna Raad, con reconocimiento en el mundo empresarial de la costa Caribe por cuenta de sus inversiones en el sector automotor, inmobiliario y agrícola, vive hoy una disputa en la que existen incriminaciones de grueso calibre entre sus miembros y una pugna por miles de millones de pesos. Diferentes procesos cursan en la jurisdicción ordinaria, así como en la Superintendencia de Sociedades, para determinar quién tiene la razón y que podrían desembocar en condenas de cárcel para los involucrados por la comisión de diferentes crímenes. En esta ocasión, CAMBIO conoció una denuncia interpuesta en contra de Aníbal y Yolanda Janna Raad por parte de su hermana Diana, quien los acusa de haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

El origen de la acción judicial es una obligación contraída entre dos compañías que pertenecen al emporio familiar: Arrocera Sahagún SAS y Constructora e Inmobiliaria Janna SAS. El pasado 19 de agosto, la primera sociedad demandó a la segunda para exigirle el pago de 1.045 millones de pesos que constaban en un pagaré firmado 12 años atrás. El documento, que se aportó como prueba a la demanda, tiene fecha del 20 de diciembre de 2010 y evidencia que Aníbal Janna, en su condición de representante legal de Constructora e Inmobiliaria Janna SAS, firmó en favor la Arrocera Sahagún SAS el pago de este monto de dinero. El vencimiento de la obligación se fijó para el 31 de marzo de 2022 y, ante el incumplimiento, la situación fue puesta en conocimiento de la justicia.

Según la demanda presentada por la arrocera, cuya representación legal está en cabeza de Yolanda Janna Raad, la inmobiliaria debía desembolsar el valor exigido, junto con los intereses de mora que se generaron desde marzo. De igual forma, se solicitaron medidas cautelares para embargar todas las cuentas bancarias de la inmobiliaria hasta que no se materialice el pago. Todo indicaba que se trataba de un proceso común y corriente, pero una posible irregularidad fue identificada por Diana Janna Raad, quien tiene intereses en ambas empresas y que la llevó a denunciar penalmente a sus hermanos.

El pagaré utilizado como prueba para la demanda por los 1.045 millones de pesos habría sido falsificado por Yolanda y Aníbal Janna Raad. La razón es que la Constructora e Inmobiliaria Janna SAS, representada por este último y sobre la cual pesaba la obligación, tenía una razón social diferente al momento de firmarse el documento. Es decir, en diciembre de 2010, tal y como consta en los registros de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el nombre de la sociedad era realmente Aníbal Janna & Cia en C. Solo hasta 2014 fue que la empresa pasó a llamarse Constructora e Inmobiliaria Janna SAS y, por lo tanto, no es posible que hubiera accedido al pago de ciertas sumas de dinero bajo una denominación que no tenía al momento de contraer la deuda.

Adicionalmente, como señala la denuncia, las únicas personas que ostentaban la representación y gestión de Aníbal Janna & Cia en 2010 eran Yolanda Catalina Raad y Diana Janna Raad. Por lo tanto, Aníbal Janna no estaba facultado para firmar pagarés ni otro tipo de obligaciones.

CAMBIO contactó a Miguel Ángel Del Río, abogado defensor de Aníbal Janna en otros procesos, quien señaló que los delitos en cuestión —fraude procesal y falsedad en documento privado— ya prescribieron y, por lo tanto, no pueden ser evaluados por un juez en este momento. Sin embargo, otros penalistas consultados señalaron que estos delitos, en el caso en concreto, se configuraron en el momento en que el pagaré adulterado fue empleado para cobrar la millonaria deuda. De tener razón, en ese caso no aplicaría la prescripción, pero será un juez el encargado de determinarlo.

De esta forma se desenvuelve una nueva arista del conflicto de los Janna. Sumado a los procesos en la Superintendencia de Sociedades para dirimir sobre quién está el control de las diferentes empresas, también existen denuncias penales en contra del esposo de Diana Janna, el empresario de moda Samuel Tscherassi, a quien se le acusa de prevaricato por acción por supuestamente modificar los números contables de varias de las compañías familiares y usarlas como pruebas judiciales. Asimismo, el abogado Del Río lo ha acusado de intentar sobornarlo a través de un emisario para que retire esta denuncia y otros señalamientos que ha hecho en redes sociales.

El lío judicial que atrapa la atención del empresariado costeño se complica cada vez más.