8 Julio 2022

Mujeres cabeza de familia podrán cumplir sus penas con trabajos comunitarios

Crédito: Yamith Mariño Diaz

Pese a las objeciones del presidente Duque, la ley que busca modificar las penas para mujeres pobres cabeza de hogar que hayan cometido crímenes no violentos está a punto de ser una realidad. El objetivo, en vez de castigar, es ayudar a estas mujeres a recomponer su tejido social.

Por: Maria F. Fitzgerald

La Corte Constitucional decretó este jueves 7 de julio que encontraba infundadas las objeciones de Iván Duque a la ley que busca modificar las penas a madres cabeza de hogar de bajos recursos que hayan cometido delitos menores no violentos por primera vez. 

La ley, que fue promovida por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, ya pasó todos los debates en Congreso y únicamente esperaba la sanción presidencial. Sin embargo, Duque decidió objetar y pedir una nueva revisión, pues consideraba: “Extender el beneficio del servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión a delitos graves y de alto impacto social [...] va en contravía de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar severamente -con pena privativa de la libertad- ese tipo de conductas, y del derecho de las víctimas de tales delitos a la verdad, justicia y a la reparación”. 

Tras la decisión de la Corte, que desestimó la opinión del presidente, el proyecto podrá ser ley y les abrirá un panorama diferente a mujeres que, bajo la normativa antes vigente, habrían tenido que cumplir penas carcelarias de entre 6 y 8 años. 

 

¿Cómo funcionará la ley? 

De acuerdo con el exsenador Lara, la ley pretenderá modificar las penas carcelarias por trabajos comunitarios. De esta manera, en lugar de terminar encarceladas, las mujeres que se sometan a esta modificación podrán ser acompañadas por un proceso de resocialización y reparación. “Con esta ley queremos que se sustituya la pena de prisión por una que permita cumplirla con un trabajo de utilidad pública –dice Lara–. Así esa madre, puede seguir cuidando a sus hijos, puede seguir trabajando y unas tres o cuatro veces por semana, por las tardes, trabajar en asuntos de utilidad pública: arreglando parques, limpiando playas o cuidando viejitos, por ejemplo”. 

Pese a las objeciones del presidente, Lara asegura que la ley fue muy bien recibida por los demás congresistas: “Logramos recaudar firmas desde integrantes del mismo Centro Democrático, hasta la del ahora presidente Gustavo Petro”. El exsenador añade que tanta favorabilidad para la ley proviene del hecho de que es un gran beneficio que termina cubriendo uno de los eslabones más débiles de la cadena criminal: las mujeres pobres. 

¿Y los hombres?

El presidente Duque también quiso argumentar que la ley era discriminatoria para los hombres cabeza de hogar que cometieran crímenes, y que, por lo mismo, no cumplía con el principio de igualdad. “Sería inoportuno –opina Lara– porque el patrón criminal de los hombres es distinto al de las mujeres. Las mujeres presas, en un 80 por ciento, cometieron sus delitos sin violencia. En el caso de los hombres, la violencia está mucho más presente en sus delitos”. 

Finalmente, otra de las objeciones de Duque fue señalar que con ella no se estaría combatiendo de manera efectiva el narcotráfico y que se podría estar facilitando el camino a las redes delincuenciales. Lara argumenta: “Esto no crea ninguna ventaja real para los cabecillas del crimen. Primero, porque los delitos graves están excluidos, y segundo, porque enganchar mujeres en estas actividades es muy fácil. El desempleo femenino es el doble de los hombres y una mujer puede hacer cualquier cosa por alimentar a sus  hijos. Por eso son el elemento más frágil y fungible de la cadena criminal”. 

 

El eslabón más débil 

“Las mujeres que terminan atravesando este tipo de circunstancias se convierten rápidamente en el eslabón más débil de toda la cadena criminal. Son mujeres empobrecidas, que usualmente vienen de enfrentarse a violencias de todo tipo, y que terminan cayendo en estas circunstancias sin que exista para ellas otra posibilidad. Es necesario que empecemos a entender el sistema carcelario como algo que va más allá de lo punitivo, y focalizarse más en la reintegración de esta persona a la sociedad”, asegura Juliana Hernández, directora de la Fundación Artemisas, una organización centrada en promover mejores condiciones para la participación de las mujeres en diversos espacios públicos y políticos. 

Hernández opina que pensar en que toda pena debe ser pagada con cárcel es un absurdo, y que está comprobado por estudios que, cuando una mujer es encarcelada, todo su entorno termina sufriendo las consecuencias. 

Así lo ratifica el informe “Ser mujer e ir a la cárcel”, realizado en conjunto por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Psicología de la Universidad Javeriana, y el Comité Internacional de la Cruz Roja: de las mujeres encarceladas, el 85 por ciento tenía hijos (dos, en promedio). Adicionalmente, el 75 por ciento de esas mismas mujeres son madres cabeza de hogar y, entre ellas, el 45 por ciento tenían hijos menores de 11 años. 

El informe muestra también que, posterior al encarcelamiento, los niños quedan a la deriva. De todas las mujeres que eran cuidadoras de sus hijos, en 38,2 por ciento de los casos los niños tuvieron que ir a vivir a otros hogares. Adicionalmente, en el 79 por ciento de los casos, los niños desmejoraron el rendimiento escolar, 38,7 por ciento dejaron de estudiar para entrar a trabajar, y en 26,5 por ciento de los casos, los niños empezaron a consumir sustancias psicoactivas. 

“Es apenas lógico permitir que las vidas de estas mujeres y sus familias no queden destruidas por un sistema punitivo que, como se ha demostrado por diversas circunstancias, es un sistema profundamente fallido. Por esto, pensar en alternativas reparativas para cumplir las penas podría significar un gran cambio para muchas vidas”, asegura Hernández, quien también sostiene que este cambio tendrá que venir de la mano de reformas que permitan que estas mujeres no lleguen a cometer este tipo de conductas. 

Para Lara, la implementación será un reto para el gobierno entrante: “Ahora viene el proceso de reglamentación del Ministerio de Justicia de la figura de la pena de trabajo de utilidad pública, un gran reto para el próximo gobierno. Espero de corazón que acierten y obren rápido. Estamos ante una ley muy humana que puede cambiar la vida de mucha gente y sobre todo de muchos niños que hoy no tienen hogar”.