MinDefensa denuncia posible "hostigamiento institucional" tras requerimientos del representante Jaime Uscátegui
El Ministerio de Defensa solicitó a la Procuraduría General de la Nación evaluar lo que calificó como un posible "hostigamiento institucional", luego de recibir seis requerimientos del representante Jaime Uscátegui que reúnen 1.360 preguntas dirigidas a la cartera, las Fuerzas Militares, la Policía y 18 entidades del sector. Conozca los detalles.
Por: Nataly Ríos
El Ministerio de Defensa acudió ante la Procuraduría General de la Nación para solicitar una actuación preventiva frente a una serie de requerimientos enviados por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, al considerar que el volumen y la concentración de las solicitudes podrían representar un uso desproporcionado de las herramientas de control político.
Según explicó la cartera en un oficio dirigido al Ministerio Público, entre el 3 y el 14 de julio el congresista presentó seis requerimientos que contienen 1.360 preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 18 entidades descentralizadas del sector.
No obstante, el Ministerio aclaró que la solicitud no busca limitar las funciones constitucionales del Congreso: "Esta solicitud no pretende de forma alguna cuestionar el ejercicio legítimo del control político que corresponde al Congreso de la República", señala el documento.
La cartera advierte sobre un posible "hostigamiento institucional"
Uno de los principales argumentos expuestos por el Ministerio de Defensa es la magnitud de la información requerida. De acuerdo con la entidad, responder las solicitudes implica procesar más de 6.000 unidades de información, que deben ser localizadas, verificadas, consolidadas y revisadas por distintas dependencias.
Además, indicó que muchas de las preguntas exigen soportes documentales, códigos, versiones, responsables, fechas, folios y otra información complementaria, parte de la cual está sometida a reserva o clasificación por razones de seguridad y defensa nacional.
La cartera también llamó la atención sobre la forma en que fueron radicados los requerimientos. Según el documento, cuatro de ellos fueron enviados el mismo 14 de julio, entre las 3:34 y las 3:39 de la tarde, acumulando cerca de 1.100 preguntas en apenas cinco minutos.
Frente a ese hecho, el Ministerio advirtió que esta dinámica "puede derivar (...) en una práctica administrativa objetivamente desproporcionada, susceptible de generar hostigamiento institucional, desgaste deliberado de la administración o presión indebida sobre servidores públicos".
Asimismo, sostuvo que los funcionarios encargados de elaborar las respuestas podrían enfrentarse al dilema de entregar información con premura y riesgo de errores o tomarse el tiempo necesario para verificar los datos y exponerse a cuestionamientos disciplinarios por incumplir los plazos.
La Procuraduría evaluará la proporcionalidad de los requerimientos
En el documento, el Ministerio enfatizó que su petición no está relacionada con el contenido de las preguntas formuladas por el congresista, sino con "la proporcionalidad objetiva del medio empleado" y con las actuaciones posteriores que, según la cartera, se han conocido públicamente.
Por ello, solicitó a la Procuraduría evaluar si la sucesión, reiteración e intensidad de los requerimientos podrían evidenciar "riesgos de utilización desproporcionada de las facultades de control político".
Finalmente, la cartera pidió que el Ministerio Público acompañe el proceso de respuesta a las solicitudes y deje constancia de las actuaciones adelantadas para atender los requerimientos formulados por el representante.
El antecedente de la controversia
La solicitud del Ministerio de Defensa se conoce días después de un primer choque entre la cartera y el representante José Jaime Uscátegui por el acceso a información oficial.
El pasado 16 de julio, el congresista denunció que el Ministerio respondió solo de manera parcial a dos derechos de petición en los que formuló cerca de 260 preguntas sobre asuntos relacionados con el sector Defensa. Según Uscátegui, la entidad desconoció las garantías previstas en el Estatuto de la Oposición, pese a que invocó esa norma para solicitar la información.
En respuesta, el Ministerio sostuvo que el Estatuto de la Oposición solo aplica cuando las solicitudes son presentadas por la organización política declarada en oposición a través de su representante legal ante la autoridad electoral. Además, argumentó que, para este caso, las normas aplicables son la Ley Quinta de 1992 y la Ley 1755 de 2015, que regulan el derecho de petición y las funciones de control político de los congresistas.
Tras conocer esa decisión, Uscátegui anunció acciones ante la Procuraduría General de la Nación al considerar que el Ministerio limitó el ejercicio del control político. Entre los temas sobre los que pidió información figuraban las vigencias futuras por 13 billones de pesos aprobadas para proyectos del sector Defensa, así como un contrato cercano a 800.000 millones de pesos para el denominado Escudo Nacional Antidrones, cuya suspensión solicitó mientras se revisan sus aspectos técnicos y presupuestales.
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