Datos clave del fallo que no llega sobre Santiago Uribe

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe, es actualmente procesado por concierto para delinquir, homicidio y la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

Según la Fiscalía, este grupo es acusado de cometer al menos 533 asesinatos en la población antioqueña de Yarumal y sus alrededores. En el documento acusatorio se informa que algunos de esos crímenes habrían sido coordinados desde la finca La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez.

Yohir Akerman, en su columna para CAMBIO afirma que el delito por el cual el ganadero espera sentencia es el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus que cubría la ruta de Yarumal a Campamento, quien estaba en la lista negra manejada por el Distrito de Policía Número 7, en Yarumal, inicialmente bajo el mando del coronel Pedro Manuel Benavides Rivera y posteriormente del mayor Juan Carlos Meneses Quintero.

Por otro lado, la Fiscalía exhibió un documento sobre una banda de testigos falsos que presentó la defensa.

“Lo que en verdad presenciamos fue una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos, quienes con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados; comportamiento que se explica en las más diversas motivaciones de cada uno de ellos, unas veces mintieron para favorecer sus propios intereses y otras veces porque inequívocamente querían proteger los intereses jurídicos de Santiago Uribe Vélez”, se lee en el documento. 

¿El fiscal Barbosa está implicado en la situación jurídica de los Uribe?

Akerman afirma que desde la llegada de Francisco Barbosa a la Fiscalía, el ente acusador favoreció a Santiago Uribe en dos hechos: primero se inhibió de abrir otra investigación formal al ganadero por hechos correlacionados, como la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, ya que según el organismo no existen pruebas suficientes que lo vinculen. 

En segundo lugar está la orden de captura (marzo de 2021), por parte de la Fiscalía, en contra del mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, uno de los actores principales de Los Doce Apóstoles y testigo del proceso que se adelanta contra Santiago Uribe. 

Este punto es importante en medio del proceso judicial de Uribe, ya que Meneses fue postulado y aceptado por la Justicia Especial para la Paz y, por lo tanto, la Fiscalía no tenía competencia para procesarlo porque la JEP le concedió la libertad condicional en un auto del 5 de abril de 2019 y son ellos quienes pueden revocarle la libertad. 

Por eso, la entidad tuvo que liberar a Meneses dos días después del arresto, admitiendo que no tenía autoridad para hacer lo que hizo. 

Cabe aclarar que Meneses es el testigo que afirma que eran los ganaderos quienes entregaban las listas negras de supuestos colaboradores de la guerrilla que debían ser asesinados, además de detallar la vinculación de Santiago Uribe con con el asesinato del conductor de bus Barrientos Durán. 

También denunció los hechos en los que presuntamente participó como financiador.

Akerman explica que “dentro de los detalles que contó, quedó comprobado que el grupo de autodefensas tenía dos comandos: uno urbano, al mando de alias Pelo de Chonta, y otro rural, al mando de alias Rodrigo o el Mono de los Llanos”. 

Otro testigo esencial era el agente retirado Alexander de Jesús Amaya, quien, en palabras de Akerman, “ha decidido, sorpresivamente, olvidar todo lo que ya había atestiguado en contra de Uribe”.

Amaya afirmaba que los dos grupos paramilitares mencionados tenían como jefe a Santiago Uribe Vélez. 

Más de noventa implicados y solo tres condenados

El periodista Sergio Mesa Cárdenas publicó el libro “El apóstol Santiago: Uribe, contrainsurgencia y limpieza social”, en el que habla sobre la temporalidad en que operaron Los Doce Apóstoles, los nombres de los grupos en que fueron mutando; y la lista de políticos, empresarios, militares, policías y sicarios a quienes la Fiscalía no ha investigado en tres décadas.

Mesa menciona a más de noventa implicados, de los cuales solo están condenados, y en libertad por sometimiento a la JEP, el capitán Rafael Herney González Pérez, del Batallón Pedro Nel Ospina, por una masacre cometida en diciembre de 1992, en Entrerríos; el mayor Meneses Quintero y Alexánder de Jesús Amaya Vargas.

Uno de los que logró impunidad fue el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, padre que desde la Iglesia de Yarumal era integrante de Los Doce Apóstoles (falleció en septiembre de 2020, a la edad de 87 años). Además, dio muerte a 35 personas de la región entre los años 1993 y 1994. 

En su columna, Akerman afirma que el sacerdote fue protegido por la Arquidiócesis de Medellín, ya que fue dejado en libertad gracias a los altos cardenales de la Iglesia católica que entraron en su defensa, ya que Palacio estaba “exonerado de toda responsabilidad frente a Dios”.  

Ha pasado más de año y medio desde que el juez Jaime Herrera Niño, del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, dijo que se iba a tomar cuatro meses para la sentencia del ganadero Uribe Vélez (10 de febrero de 2021), por lo que, aunque la Fiscalía determinó que fueron 533 asesinatos selectivos cometidos en el norte de Antioquia por el grupo Los Doce Apóstoles, campesinos y familiares de los cientos de víctimas de ese grupo aún no consiguen respuestas ni justicia.