
Iván Velásquez, un perseguido por el DAS, es el nuevo ministro de Defensa
Durante sus años como magistrado auxiliar de la Corte, mientras investigaba la parapolítica, su esquema de seguridad fue infiltrado y sus comunicaciones interceptadas ilegalmente por el Estado. Hoy será quien liderará la política de seguridad e inteligencia del país.
Iván Velásquez será el nuevo ministro de Defensa del gobierno electo de Gustavo Petro. El anuncio, que fue hecho público a través de las redes sociales del líder del Pacto Histórico, cierra así la discusión sobre quién va a presidir esta cartera. Durante las últimas semanas corrió el rumor de que sería una mujer la encargada de encabezar todos los asuntos militares y de seguridad, pero finalmente será Velásquez el llamado a tener línea directa con los altos mandos castrenses.
Velásquez nació en Medellín el 12 de mayo de 1955. Cursó sus estudios de derecho en la Universidad de Antioquia y formó parte del Colegio Antioqueño de Abogados (Colegas), en donde fue muy crítico del Estatuto de Defensa de la Justicia, el cual impuso los jueces sin rostro y los testigos secretos durante los años más violentos del narcotráfico. En la década de los noventa llegó a la Procuraduría y se desempeñó como procurador departamental, adelantando investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas. En el cargo estuvo tres años, entre 1991 y 1994, para después convertirse en magistrado auxiliar del Consejo de Estado en 1996. Solo duró un año allí porque fue elegido director regional de Fiscalías en Medellín. Su periodo en el ente acusador se caracterizó por la férrea lucha contra el creciente fenómeno del paramilitarismo en la región.
Su carrera solo siguió en ascenso. En 2000, fue elegido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. A raíz de este trabajo es que su nombre se conoció en toda Colombia. Velásquez formó parte del órgano de cierre hasta 2012 y en sus últimos seis años coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, que se encargó de investigar las relaciones entre miembros del Congreso y las autodefensas. En su paso por la Comisión consiguió que 50 congresistas, la mayoría de la bancada que apoyaba al entonces presidente Álvaro Uribe, fueron condenados por sus nexos con estos grupos al margen de la ley. Entre ellos estaban Álvaro García, Luis Vives, Álvaro Araújo, Dieb Malof, Erik Morris, y el primo de Uribe, Mario Uribe.
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