La Corte Constitucional tumba la reforma a la Ley de Garantías

El pasado 12 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque firmó el proyecto de ley que suspendía la Ley de Garantías. Su decisión lo convirtió inmediatamente en el blanco de una lluvia de críticas. La Ley de Garantías se creó como un obstáculo a la corrupción en tiempos de campañas electorales, para que los dineros de la contratación pública no fueran destinados en favorecer a ningún candidato. Su contenido prohibía dos escenarios en los cuatro meses previos a unas elecciones: que se llevara a cabo contratación directa por parte de las entidades del Estado y la celebración de contratos interadministrativos entre las mismas. Este último fue el que resultó suspendido con la firma de Duque. Es decir, las instituciones públicas siguieron impedidas para contratar a dedo, pero sí estaban facultadas para hacerlo con otras entidades.

Esa “nueva” realidad se acabó hoy. La Corte Constitucional determinó que el trámite que surtió la reforma en el Congreso tenía vicios de trámite y, en consecuencia, la tumbó con efectos retroactivos. Esto quiere decir que los convenios interadministrativos celebrados en los meses recientes quedarán sin ningún vigor. Lo que no es claro aún es cómo se disolverán estas obligaciones y qué pasará con los dineros involucrados.

“Por ahora es imposible saber. Lo único que sabemos es que esto tendrá efecto retroactivo, pero sin certeza de qué sucederá con la plata. No sabemos si deberá devolverse o si los contratos se liquidarán. Sabemos que hay interventorías andando y contratos en ejecución. Habrá que esperar a que se publique el fallo de la Corte”, señaló a Cambio el representante a la Cámara José Daniel López, uno de los congresistas que más se opuso a la reforma.