La Corte Constitucional tumba la reforma a la Ley de Garantías

El pasado 12 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque firmó el proyecto de ley que suspendía la Ley de Garantías. Su decisión lo convirtió inmediatamente en el blanco de una lluvia de críticas. La Ley de Garantías se creó como un obstáculo a la corrupción en tiempos de campañas electorales, para que los dineros de la contratación pública no fueran destinados en favorecer a ningún candidato. Su contenido prohibía dos escenarios en los cuatro meses previos a unas elecciones: que se llevara a cabo contratación directa por parte de las entidades del Estado y la celebración de contratos interadministrativos entre las mismas. Este último fue el que resultó suspendido con la firma de Duque. Es decir, las instituciones públicas siguieron impedidas para contratar a dedo, pero sí estaban facultadas para hacerlo con otras entidades. 

Esa “nueva” realidad se acabó hoy. La Corte Constitucional determinó que el trámite que surtió la reforma en el Congreso tenía vicios de trámite y, en consecuencia, la tumbó con efectos retroactivos. Esto quiere decir que los convenios interadministrativos celebrados en los meses recientes quedarán sin ningún vigor. Lo que no es claro aún es cómo se disolverán estas obligaciones y qué pasará con los dineros involucrados.

 
“Por ahora es imposible saber. Lo único que sabemos es que esto tendrá efecto retroactivo, pero sin certeza de qué sucederá con la plata. No sabemos si deberá devolverse o si los contratos se liquidarán. Sabemos que hay interventorías andando y contratos en ejecución. Habrá que esperar a que se publique el fallo de la Corte”, señaló a Cambio el representante a la Cámara José Daniel López, uno de los congresistas que más se opuso a la reforma.

El año pasado, el presidente Duque defendió la suspensión de la Ley de Garantías asegurando que facilitaría los procesos de “desarrollo de infraestructura e inversiones” en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia. Sin embargo, hay un antecedente que demuestra cómo para su partido, el Centro Democrático, y su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, estos argumentos no resultaban válidos.

En sus últimos cuatro años como presidente, Juan Manuel Santos planteó la posibilidad –así como Duque– de suspender la Ley de Garantías. La embestida política de sus opositores no se hizo esperar. 
Incluso, el mismo Duque, que fungía como senador, escribió una columna para el periódico El Colombiano en la que calificó el accionar de Santos como un intento por “incidir en los procesos electorales”. El texto se tituló “Mermelada con sabor a paz”. 

Duque también dejó sentada su posición en el Congreso. En medio de un debate, afirmó que la Ley de Garantías era necesaria para impedir que el partido de Gobierno “perpetúe sus instancias de poder”.

Pero, más allá del giro de 180 grados del presidente y sus aliados respecto de su postura frente a este tema, la decisión de la Corte Constitucional implica una nueva derrota judicial para este Gobierno. Una de sus principales banderas, la cadena perpetua para abusadores de menores de edad, en la que invirtieron mucho tiempo y esfuerzo, se cayó también en la alta Corte. Pasó lo mismo con varios artículos del Código de Policía y la Ley de Financiamiento. Este nuevo episodio pone en duda el nivel de asesoramiento jurídico que tiene la Casa de Nariño en la antesala de presentar proyectos legislativos en el Congreso.