La familia Pizano pedirá reabrir las investigaciones por las muertes de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro
La Fiscalía de Francisco Barbosa archivaría las dos investigaciones antes de terminar su periodo.
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
En julio pasado, la Fiscalía ordenó el archivo de la investigación por el presunto homicidio en el caso del excontroller de Ruta del Sol II. La audiencia para archivar la investigación por la muerte de Alejandro está programada para enero.
Por: Iván Serrano
María Carolina Pizano, hija de Jorge Enrique Pizano, intuye que en la Fiscalía General hay una inusitada prisa para cerrar las investigaciones de las muertes de su papá y de su hermano. Dicha prisa tendría que ver con la salida del fiscal Francisco Barbosa, cuyo periodo termina el año entrante: “Barbosa sale ahorita, entonces de pronto quieren empezar a cerrar temas y dejarlos cerrados antes de su salida”.
El pasado 21 julio el fiscal Carlos Mauricio Escobar ordenó el archivo de la investigación por homicidio en el caso de Jorge Enrique Pizano, excontroller de Ruta del Sol II, cuyas investigaciones y denuncias revelaron el entramado de corrupción y contratos ficticios en la construcción del tramo II del proyecto Ruta del Sol. Dicho proyecto fue adjudicado a un consorcio conformado por Odebrecht, Episol, filial del grupo Aval y CSS Constructores, de la familia Solarte.
Según el documento de archivo conocido por CAMBIO, la Fiscalía no encontró méritos para atribuir la muerte del ingeniero Pizano a un homicidio. Los investigadores aseguran que se debió a un infarto, consecuencia de su estado de salud.
Sin embargo, la familia Pizano no está satisfecha con el resultado de las investigaciones, y aseguran que dichas pesquisas y conclusiones no les han dado respuestas claras y concisas que disipen las dudas sobre las circunstancias en las que murieron los dos integrantes de su familia.
En el documento de archivo, la Fiscalía advierte que no se encontraron rastros de cianuro en las muestras de histopatología y humor vítreo de Jorge Enrique Pizano, tomadas días después de su muerte.
Sin embargo, en el mismo documento se advierte que dichos exámenes de toxicología no son concluyentes, es decir ni confirman, ni descartan la presencia de la sustancia tóxica en los tejidos. La razón es que las muestras tomadas al cuerpo de Pizano fueron conservadas en formol, elemento que impide que el cianuro sea detectado.
Curiosamente, en la botella de agua saborizada que contenía el cianuro que fue ingerido por su hijo Alejandro, se encontró ADN de Jorge Enrique Pizano. La Fiscalía sostiene la tesis de que el ingeniero pudo tener contacto con la botella antes de que fuera contaminada y que no se podía inferir que hubiera bebido de ella el líquido.
El principal vacío para establecer las causas inequívocas de la muerte de Jorge Enrique Pizano tiene que ver con el tipo de necropsia a la que su cuerpo fue sometido.
Pizano fue encontrado por su esposa tendido en el suelo del baño de su casa en Subachoque. Ella y un grupo de trabajadores lo llevaron hasta el hospital de Fusagasugá. Allí el cuerpo de Pizano fue sometido a una necropsia clínica y posteriormente fue incinerado.
La necropsia clínica tiene una profunda diferencia con las necropsia médico-legal. Esta última tiene como fin la investigación judicial y en ese sentido tiene requerimientos diferentes en cuanto a recopilación de información del cadáver y del entorno del fallecimiento, y obliga a mantener una cadena de custodia sobre evidencias, pruebas y hallazgos.
A la falta de análisis toxicológicos concluyentes se suman una serie de hechos que durante cuatro años han generado dudas y preguntas a la familia Pizano Ponce de León.
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La mancha de sangre que no existió
El 20 de diciembre de 2018, tras ocho años al frente de Medicina Legal, entidad adscrita a la Fiscalía General, Carlos Valdés presentó su renuncia. Valdés ,a quien siempre se le veía con una bata blanca, no era patólogo. Era especialista en antropología forense.
La renuncia de Valdés tuvo que ver con unas declaraciones que dio a finales de noviembre de 2018. El funcionario, en rueda de prensa conjunta con la Fiscalía, aseguró que una mancha de sangre, encontrada en una toalla en la habitación de Pizano, correspondía al ingeniero y qué además no contenía cianuro. Las declaraciones de Valdés, lejos de aclarar, terminaron cubriendo con un manto de dudas las causas de la muerte del ingeniero Pizano. Días después de sus declaraciones, W Radio reveló un informe pericial de Medicina Legal en que negaba que la mancha encontrada en la toalla correspondiera a sangre humana.
Al funcionario no le quedó más remedio que presentar su renuncia. Sin embargo, cinco meses después, fue contratado como asesor de despacho del propio Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Valdés fungió como asesor de Martínez Neira por cerca de un año.
El archivo de la investigación por la muerte de Alejandro Pizano
La Fiscalía de Francisco Barbosa se apresta a archivar también las investigaciones por la muerte de Alejandro Pizano. El joven murió días después que su padre, cuando ingirió de manera accidental agua contaminada con cianuro de una botella que estaba en el estudio de su papá.
En un principio, dicha audiencia estaba convocada para el mes de diciembre, pero fue reprogramada para el próximo 16 de enero.
La familia Pizano Ponce de León ya inició contactos con abogados para solicitar el desarchivo en los dos casos.
A finales de noviembre, el exfiscal Néstor Humberto Martínez se refirió a la muerte de Jorge Enrique Pizano. Aseguró que sobre dicha muerte se habían tejido una serie de mitos que revictimizaban a la familia. También, se mostró como muy cercano a los Pizano Ponce de León y, frente a la pregunta de por qué Jorge Enrique Pizano lo había grabado, Martínez Neira respondió que Pizano grababa todo el tiempo por su “cultura de auditor”.
Estas declaraciones causaron molestia en la familia, cuyos integrantes, cuatro años después, decidieron romper el silencio. Dejaron en claro que la tal cercanía entre Martínez Neira y ellos no existe y que están dispuestos a acudir a las instancias necesarias para que las muertes de Jorge Enrique y Alejandro sean suficientemente esclarecidas.