Limpiarse el culo con la ley

Por Yesid Reyes Alvarado

Comienzo con una advertencia para los lectores más pudorosos: sé que hay formas menos toscas de construir el enunciado que sirve de título a este escrito, como por ejemplo asearse el trasero. Pero es que justamente entre todas las opciones que brinda el castellano para expresar la idea que hay detrás de esa frase, Rodolfo Hernández escogió la más vulgar, y no quiero alterar el mensaje que hay detrás de ella; el de su absoluto desprecio por las leyes, salvo que sean sus propios decretos.

Está mal que cualquier persona lo diga, pero mucho más si se trata de quien aspira a ser elegido presidente de Colombia, un país al que el artículo primero de nuestra Constitución se refiere como un Estado social de derecho. Dejando de lado el tema de lo social -ámbito en el que todavía hay mucho por hacer- es innegable que, si hemos logrado mantener una estabilidad democrática pese a padecer durante décadas un conflicto armado interno, es porque institucionalmente respetamos el andamiaje legal que conforma la estructura del Estado.

Ignoro si a alguno la frase de Hernández le ha parecido divertida, pero a quien le haya sucedido lo invito a reflexionar sobre su contenido. La corrupción que tanto anuncia que combatirá no se da por ausencia de normas, sino porque hay gente que no las acata y hasta se ufana de ello a gritos, como en el audio de Rodolfo Hernández que circula por las redes sociales. La inversión extranjera depende en buena parte de que el país ofrezca seguridad jurídica; todo lo que se ha avanzado en ese ámbito se perdería si el próximo presidente decide que a él no lo vinculan los tratados ya suscritos y aprobados por el Congreso, ni las normas que regulan el comercio internacional. Frente a eventuales protestas sociales, en las medidas para enfrentar la delincuencia ordinaria y en el combate a los grupos armados ilegales, ¿dejará de lado las molestas leyes orientadas a la protección de los derechos humanos y adoptará los correctivos que se le vayan ocurriendo según su grado de indignación, como cuando golpeó al concejal Claro?

Anunciar que su primer acto como presidente consistirá en declarar el estado de conmoción interior para gobernar durante un tiempo por decreto, no solo muestra que desconoce los límites que esa figura tiene sino, lo que es aún peor, evidencia que no cree en la utilidad del Congreso. Si transcurrido el período máximo de duración del estado de conmoción interior no ha podido acabar a punta de decretos con la robadera, ¿va a dejar de intentarlo y le entregará al Congreso la tarea de aprobar las leyes para posteriormente aplicarlas? ¿O para no tener que limpiarse con ellas preferirá cerrar el Congreso y seguir rigiendo los destinos del país por decreto?

Gustavo Petro militó en el M-19, lo cual constituyó un delito. Después de eso se sometió a las normas que el Estado colombiano expidió para materializar el proceso de paz que adelantó con ese movimiento guerrillero, entre ellas el denominado reindulto promovido por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez para garantizar la efectiva reincorporación de los alzados en armas a la sociedad. Desde entonces se ha dedicado fundamentalmente a la política destacándose primero por su labor como figura relevante de la oposición en el Congreso, y generando después mucha polémica en su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Pese a los varios reveses políticos que ha tenido (ha perdido dos elecciones a la Presidencia de la República) y a las muchas críticas que recibió su gestión como alcalde, nunca más abandonó la senda de la institucionalidad. Incluso cuando fue sancionado por el entonces procurador Ordóñez, Petro se mantuvo dentro de los límites del Estado de derecho. Acudió a tribunales nacionales y extranjeros para solicitar la protección de los derechos que consideraba le habían sido conculcados, y esperó pacientemente las decisiones que finalmente resultaron favorables a sus intereses.

No es descartable que si llega a ser presidente, Petro repita algunos de los errores cometidos en su paso por la alcaldía y que, por consiguiente, el suyo sea un mal gobierno. Pero por lo que nos ha mostrado en los últimos 30 años, no tengo ninguna razón para pensar que va a desconocer las instituciones, ni que de alguna forma pondrá en peligro el Estado de derecho. No es lo mismo que puedo decir de Rodolfo Hernández después de escuchar declaraciones suyas como la que sirve de título a este escrito, o las que tienen que ver con el desmantelamiento de nuestra infraestructura diplomática, o las propuestas decimonónicas que ha hecho con respecto a su visión de lo que debe ser la administración de justicia.

He dedicado buena parte de mi vida a enseñarles a los futuros abogados la importancia de preservar el Estado de derecho, de acatar la ley, y de solucionar las diferencias por los cauces institucionales. He procurado seguir el legado que nos dejó a todos mi padre, quien murió intentado que la fuerza de la razón primara sobre la razón de la fuerza, la misma íntima convicción que hace muchos años llevó a su primo Darío Echandía a rechazar la Presidencia de la República porque no entendía que el poder fuera un fin en sí mismo.

Tengo un profundo respeto hacia nuestro sistema de justicia, porque sus integrantes siempre se han esforzado por mantener al país dentro del cauce de la legalidad. Su sacrificio fue evidente durante la época más violenta de los carteles de la droga; no solo fueron asesinados Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra por su empeño en proteger la institucionalidad desde el Ministerio de Justicia, sino que se atentó contra la vida de Enrique Parejo por las mismas razones, y se dio muerte a Luis Carlos Galán por sus incesantes esfuerzos para preservar con ahínco la vigencia de las leyes y valores que un puñado de narcotraficantes se empecinaban en torcer. Decenas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, además de soldados y policías anónimos, han pagado con su vida la defensa de las normas que Rodolfo Hernández desprecia. Un mal gobierno siempre es una contingencia de la que se puede salir avante, pero elegir un presidente que se limpie el culo con la ley es poner en riesgo el Estado de derecho.