30 Agosto 2022

¿Por qué en la Fiscalía de Francisco Barbosa hay ciertos procesos que no avanzan?

Fiscal general, Francisco Barbosa.

Crédito: Yamith Mariño

Hay varias investigaciones que cursan en la Fiscalía contra personas que parecen muy cercanas al fiscal general, Francisco Barbosa. Una de ellas, su propia esposa. Estos son algunos de los casos que tienden a dormir el sueño de los justos.

Hace dos semanas llegó una nueva papa caliente a la Fiscalía. Se trata de una denuncia contra la esposa del fiscal general Francisco Barbosa, Walfa Constanza Téllez Duarte, a quien acusan de un supuesto conflicto de intereses por contratar con una empresa a la que le hacía control fiscal cuando trabajaba en la Contraloría. El proceso fue asignado al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Cárdenas, quien será el encargado de definir si la esposa de su jefe cometió o no un delito. ¿Solicitará la preclusión del proceso por “atipicidad del hecho investigado” o “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”, como sucedió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Para profundizar

Según fuentes consultadas por CAMBIO, hay ciertas personas a quienes a la Fiscalía prefiere dejar quietas.

En el caso del expresidente Uribe, la Fiscalía ha presentado ante los jueces dos solicitudes de preclusión de la investigación que lleva en su contra como presunto responsable de los delitos de soborno y de fraude procesal. Aunque para la Corte Suprema existían suficientes pruebas para llamarlo a indagatoria y dictarle una medida de aseguramiento, para la Fiscalía, el proceso debe precluir por “atipicidad del hecho investigado” o “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”. 

Para profundizar

En marzo de 2021, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, presentó la primera solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente. Aunque una juez negó esa primera solicitud y ordenó a la Fiscalía investigar los hechos, en agosto de este año, luego de que el proceso fuera reasignado al fiscal Javier Cárdenas –el mismo al que le delegaron el caso contra la esposa del fiscal Barbosa– el funcionario radicó una segunda solicitud de preclusión que deberá ser evaluada en las próximas semanas. 


Una tercera “intocable” está resultando ser Juliana Márquez, madre del expresidente Iván Duque, amigo íntimo de Barbosa. La Fiscalía anticorrupción lleva la investigación más ambiciosa de la actual administración que tiene que ver con una sofisticada red de corrupción que estaba liderada, presuntamente, por el senador Mario Castaño. Aunque la madre del expresidente ayudó a gestionar algunos proyectos ante los subalternos de su hijo; autorizó que su secretaria Nova Lorena Cañón –capturada como integrante de la organización– gestionara proyectos a su nombre, y fue mencionada en varias interceptaciones reveladas por CAMBIO, una de ellas, en la que se hablaba de entregarle dineros de una coima. La Fiscalía se quedó con la versión de Cañón de que todo sucedió a espaldas de Márquez y no ha llamado a la madre de Duque a declarar.


Otro caso que, coincidencialmente, no avanza, es el de los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla, citados a imputación de cargos por la fiscal Angélica Monsalve por violación del régimen legal de inhabilidades e incopatibilidades en un contrato de recaudo del sistema TransMilenio, en Bogotá. Incluso, la fiscal Monsalve recibió una orden de traslado al Putumayo, supuestamente para protegerla de unas amenazas contra ella que provendrían del Clan del Golfo, pero que no tenían ningún asidero. Finalmente, la orden fue reversada. 

Según las mismas fuentes, otros procesos que es probable que no se muevan por ahora son las más de 20 investigaciones que hay en contra del empresario y exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, las cuales, aunque están en curso desde hace meses, pero sin ningún compromiso por adelantarlas. Así mismo, dicen las fuentes, seguirá quieta la investigación que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro, San Roque y la Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.