4 Mayo 2022

¿Quiénes se alivian con la extradición de Otoniel?

Montaje CAMBIO

El envío del líder criminal a Estados Unidos es una clara derrota para sus víctimas. En cambio, hay una gran cantidad de políticos que respiran aliviados porque Otoniel, por ahora, dejará de contar lo que sabe de ellos.

Un auto del Consejo de Estado había frenado la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo y quien había sido capturado el 23 de octubre de 2021. Una tutela interpuesta por un grupo de víctimas alegó que el envío del líder criminal al extranjero vulneraba sus derechos a la verdad y la reparación. En aras de proteger estos derechos potencialmente afectados, el alto tribunal de lo contencioso administrativo, el pasado viernes 29 de abril, frenó el proceso, que ya estaba en curso y próximo a consumarse. 

Sin embargo, hoy, en una nueva providencia, echó para atrás la medida cautelar y dio vía libre a la extradición de Otoniel. Según advirtió el Consejo de Estado, las vías administrativas no habían sido agotadas —lo que es un requisito para presentar una acción de tutela— y, por lo tanto, se esfumaba así el sustento jurídico que dio pie a la medida cautelar. 

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Con la extradición de Otoniel, muchas verdades quedaran a medias o desconocidas. Una columna de Daniel Coronell reveló que el capo había entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo. Dicho listad incluía a un exministro, un exdirector nacional del DAS, seis exgobernadores, un senador de la república actuante y reelegido, cuatro excongresistas y dos universidades.

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La justicia transicional, en un documento que reseña la columna, señaló que los mencionados por Otoniel son presuntos partícipes de “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.


Entre los mencionados por Otoniel está el exministro del Interior, Sabas Pretelt, condenado por la compra de votos en el Congreso para aprobar la reelección presidencial de 2006, y el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, quien gestionó el nombramiento de un hombre cercano a los paramilitares, según relató Otoniel, como directo del organismo en Casanare.

“Él era primero agente del DAS, subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Eso lo cuadraron aquí en Bogotá. El que ayudó eso fue Noguera y dieron una plata para que lo colocaran ahí”.
Adicionalmente, Otoniel mencionó a varios gobernadores. 

“En Casanare allí sí se cuadraba con Gobernación total, pues con gobernadores...Con William Pérez, Miguel Ángel Pérez y Raúl Flórez. Estuvo encargado unos días Helí Cala”, aseveró.

Sus declaraciones también salpicaron a dos universidades: la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda. Al parecer, ambas instituciones financiaron a grupos paramilitares. 

Para profundizar


Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital, directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”.

Entre las 63 personas mencionadas en el documento de la JEP, que recoge el testimonio de Otoniel, están el senador liberal Miguel Ángel Pinto; el exsenador Milton Rodríguez Sarmiento, del Partido de la U; el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz, también de La U; el exrepresentante a la Cámara liberal por el Casanare Jorge Camilo Abril Tarache, y el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, cuyo nombre ya había sido revelado hace unos días.