Vladimir Fernández es el nuevo secretario jurídico de Presidencia

Un nuevo nombramiento fue confirmado recientemente por el presidente Gustavo Petro. Se trata del abogado Vladimir Fernández Andrade, quien será el nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República. El líder del Pacto Histórico anunció finalmente a su asesor de cabecera para todos los asuntos legales de su mandato. Fernández se encargará de radicar, registrar, estudiar y dar concepto al nuevo mandatario acerca de los proyectos de ley que surten su trámite en el Congreso. De igual forma lo hará con las iniciativas y decretos de autoría del presidente.

La Universidad Externado de Colombia la tiene hasta la médula. Allí cursó su pregrado en derecho, su especialización en derecho administrativo, así como su maestría y doctorado. Se ha desempeñado como profesor en esa institución y también en la Universidad Santo Tomás y el Politécnico Grancolombiano. Su trayectoria lo ha visto pasar como asesor y director jurídico del municipio de Neiva, de la Contraloría General y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Adicionalmente, durante el periodo de Fernando Carillo en la Procuraduría, Fernández fungió como procurador judicial para asuntos administrativos en Bogotá. 

La transversalidad del cargo al que llega Fernández será clave para el éxito o fracaso de la nueva administración nacional. La serie de reformas planteadas por Gustavo Petro –tributaria, agraria, judicial y la reestructuración de la Policía, entre otras– requieren un manejo jurídico preciso y quirúrgico para no sufrir traspiés al llegar a la Corte Constitucional. Al gobierno saliente de Iván Duque le costó de sobremanera superar los exámenes de constitucionalidad que realizó el alto tribunal a varios de sus proyectos insignia y las derrotas judiciales se volvieron casi que un hábito. Duque tuvo que ver cómo su Ley de Financiamiento se cayó por vicios de trámite, la cadena perpetua para abusadores de menores de edad corrió la misma suerte por ser contraria a la Constitución y la suspensión de la Ley de Garantías, que abrió la puerta para contratar por millones en los meses previos a las elecciones, también sufrió su golpe de gracia en la Corte. 

Detrás de muchos de estos golpes estuvo su secretario jurídico Germán Quintero, quien arribó al Ejecutivo en enero de 2021 para reemplazar a Clara María González. Esta última salió de su cargo en medio de la especulación alrededor de su relación con el presidente Duque. Fuentes consultadas por CAMBIO señalaron que en la Casa de Nariño no era visto con buenos ojos que González fuera tan activa en su rol como abogada de Presidencia y no gustaba que frenara algunas decisiones de Duque y sus asesores. Según contaron, algunos intentos por declarar un estado de excepción –lo que le hubiera permitido gobernar únicamente con decretos– no se materializaron gracias a la intervención oportuna de González. 

En cambio, Quintero estuvo cerca de 20 meses en el Gobierno y no se le recuerda precisamente por la claridad de sus conceptos legales. En enero de este año, una investigación de Caracol Radio reveló que la esposa de Quintero, Claudia Marcela Montealegre, obtuvo más de diez contratos con diferentes entidades estatales por un monto superior a los 700 millones de pesos. Es decir, desde que su esposo llegó a la Secretaría Jurídica, Montealegre se benefició de una jugosa contratación por sus servicios de asesoría legal.

Esos son los zapatos que deberá llenar Vladimir Fernández. Entre menos se escuche su nombre, seguramente mejor será su labor. No la tendrá fácil debido al ímpetu y talante del nuevo presidente. En sus manos está que las normas no mueran antes de entrar en vigor y que, en caso de que ocurra, se frene a tiempo cualquier impulso antidemocrático que pueda surgir en la Casa de Nariño.