Todo se le cae a Iván Duque

A nadie tomó por sorpresa que la Corte Constitucional tumbara la modificación de la Ley de Garantías que el gobierno impulsó con el pretexto de reactivar la economía y generar empleo para amortiguar los efectos de la pandemia. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que una ley estatutaria no puede modificarse a través de una ley ordinaria. El gobierno, en una jugadita para evitar el control previo de constitucionalidad que tiene la ley estatutaria, metió gato por liebre. La disfrazó de ley ordinaria, que solo tiene control posterior, para tener la plata disponible para las campañas políticas. 

Sin embargo, para muchos colombianos, lo más indignante era saber que la Casa de Nariño quería aprovechar los meses de su vigencia para impulsar a sus candidatos al Congreso y a la Presidencia, convirtiendo en mermelada los recursos que no quiso invertir durante los peores meses del Covid19. Mientras países como Perú, con economías de similar tamaño, invirtieron entre cinco y seis veces más recursos que Colombia para aliviar a los más pobres, la administración Duque cerró la llave durante la peor sequía para poder abrirla en época de elecciones.

A primera vista el fracaso de la intentona podría verse como una derrota jurídica pero, en materia política, Iván Duque se salió con la suya. El gobierno logró repartir suficiente mermelada para elegir a la mayoría de los 15 senadores del Partido Conservador, a muchos de su partido, el Centro Democrático, e incluso a varios del Partido Liberal que estuvieron alineados con sus iniciativas legislativas.

La Corte trató de corregir el error pero el daño que ya estaba hecho. Muchos de esos recursos, otorgados por convenios interadministrativos que perdieron su legalidad por la decisión, siguen trabajando de alguna manera para la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, el candidato favorito del presidente. En este caso “el error jurídico” del gobierno ha funcionado para apalancar a sus aliados políticos.

Los que le ayudaron al gobierno a aprobar una norma, claramente inconstitucional, son los mismos beneficiarios. Estaban advertidos sobre la ilegalidad del trámite y tenían la certeza de que esto se iba a caer en la Corte Constitucional, como en efecto pasó, pero pusieron en la balanza los beneficios electorales y decidieron asumir el riesgo. Las consecuencias serán costosas para Colombia. Los legisladores favorecidos con la mermelada seguirán elegidos, pero los contribuyentes tendrán que pagar las millonarias demandas al Estado originadas en más de 600 mil contratos que se cayeron por la ilegalidad que los sustentaba.

No hay un congresista que no estuviera advertido y es raro encontrar alguno que no recibiera tajada. Fue una vulneración de la ley consciente. La aprobación estuvo llena de episodios exóticos como el del representante a la Cámara por el Guainía, Anatolio Hernández del Partido La U, quien llegó al Congreso con 2.338 votos y que votó esa ley de presupuesto sin tener claro siquiera de qué se trataba. La también cuestionada presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, le indicó cómo tenía que votar y le señaló al secretario el sentido del voto del gris legislador. “Anatolio, vota sí”. 

Esta probablemente es la imagen más folclórica del trámite chapucero de muchas iniciativas del gobierno que han terminado estrelladas en la Corte Constitucional. La carrera de fracasos de Duque en esa materia arrancó desde los albores de su gobierno. 

El primero de ellos tuvo que ver con la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Iván Duque se encontró con una ley aprobada en Cámara y Senado y lista para sanción presidencial. Es decir, tenía una norma terminada sobre el escritorio y solo le quedaban dos caminos: firmar u objetar para devolverla al Congreso. El mandatario se habría podido ahorrar el dolor de cabeza pero prefirió seguir la política antiacuerdo de paz de su mentor. Duque formuló seis objeciones y las presentó al Congreso. La administración apenas estaba comenzando —y tenía todo por repartir—, había llegado con la mayor votación lograda por un presidente, y tenía de su parte a la enorme mayoría de los congresistas. Pero, como en la historia de la armada invencible, Duque vio hundir su flota antes de empezar la guerra. 

Se gastó el primer año y medio de su presidencia en una batalla que estaba perdida desde el primer día. El manejo político fue tan torpe que el gobierno logró unir a una parte importante de su bancada con sus más fieros opositores por la obsesión de llevarse un punto de honor. Quería, entre otras pretensiones, excluir a los militares de la JEP con el argumento de que terminarían confesando lo que no habían hecho para obtener beneficios. Para algunos sectores de la derecha, la objeción del gobierno significaba excluir a  los uniformados de la justicia transicional, dejarlos con las culpas y sin la posibilidad de rebajar las penas. Mientras que para la izquierda era una forma de ocultar la verdad. Las dos interpretaciones terminaron uniéndose y el presidente empezó a ver a su bancada haciéndole oposición. El gobierno más votado de la historia solo consiguió 34 votos en el Senado y 47 legisladores se opusieron a sus pretensiones. 

Como la norma requería una mayoría calificada, es decir, de la mitad más uno de los senadores (46,5 en una corporación que en ese momento tenía 93 actuando), se volvió una discusión jurídica que acabó en manos de la Corte Constitucional. Haciendo el cuento corto, la Corte determinó que las objeciones quedaban rechazadas y, así, 18 meses de gobierno se fueron por el sifón y el presidente Iván Duque arrancó con el pie izquierdo su relación tanto con el Senado como con la Corte. 

Aunque el hundimiento de las objeciones fue la primera iniciativa presentada por Duque que naufragó, antes había fracasado otra que inició su trámite posteriormente. Es decir, se hundió a toda velocidad casi inaugurando el gobierno. Se trataba de la primera reforma tributaria que, como ha sido costumbre con Duque, se bautizó con el eufemismo de “Ley de Financiamiento”. En este caso sí lograron las mayorías, pero se les cayó por la evidente ignorancia jurídica del equipo del gobierno. Pese a que tenían el tiempo suficiente para cumplir con los requisitos de trámite, se saltaron la sesión de una comisión de conciliación obligatoria que debía juntar en un texto los articulados diferentes aprobados en Senado y Cámara. El derecho está compuesto por formalidades y saltarse una de esas exigencias siempre sale caro. Esa omisión llevó a la Corte Constitucional a tumbar esa reforma. Los responsables públicos terminaron siendo la ministra del Interior de la época, Nancy Patricia Gutiérrez, y el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, porque el titular de la cartera, Alberto Carrasquilla, no consideró que el trámite merecía su presencia.

La saga perdedora de Duque continuó con la Ley de Víctimas. Al principio del gobierno Santos esa ley se había aprobado por diez años. Estaba cantado que el plazo se extendería luego de la firma del acuerdo de paz. La administración de Duque, en lugar de irse por el camino lógico de prorrogarla, esperó a que la Corte se pronunciara. Cuando la Corte ya había fallado ordenando extender la vigencia de la ley, Duque, por tratarse de una iniciativa de Juan Manuel Santos, se fue en contra de lo ya dicho por la Corte y tramitó un proyecto contrario. Como era de esperarse, por pura lógica jurídica, la Corte Constitucional ganó el pulso y la Casa de Nariño se colgó otra innecesaria derrota en la solapa. 

El choque de trenes volvió a presentarse cuando el gobierno tramitó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo. Esa iniciativa, denominada también como “la hoja de ruta de un gobierno”, terminó convertida en una colcha de retazos plagada de micos. No iba a ser fácil conseguir las mayorías. La fórmula para lograrlo fue la de siempre: el reparto de mermelada. De nuevo, por unidad de materia, la Corte tuvo que salir a frenar la inagotable imaginación del presidente. En ese episodio, el ejecutivo trató de modificar leyes permanentes con una ley de carácter transitorio. La jurisprudencia era clara. El equipo de Duque, otra vez sin necesidad y haciendo gala de una gran ignorancia jurídica, perdió el pulso con el poder judicial que tuvo que llamarlo al orden. 

Otros puntos de honor llegaron después. Una de las principales banderas del presidente, la aspersión aérea con glifosato, también superó las capacidades presidenciales. Una tutela que invocaba los daños que esa sustancia produce en la salud había suspendido la fumigación en la administración Santos. La Corte oyó a todos los interesados, decidió tenderle una mano al presidente y morigerar la tutela fijando unos requisitos para permitir el glifosato. El gobierno jamás pudo cumplir con las condiciones y se quedó con el pecado y sin el glifosato. 

Las derrotas de Duque en la Corte se han extendido al campo del orden público. En épocas del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el gobierno quiso que la Corte Constitucional revisara y echara para atrás una decisión de la Corte Suprema que limitó el tipo de armas que podía usar la fuerza pública para reprimir la protesta social. El tribunal constitucional privilegió el derecho a la asociación y a la protesta y dejó en firme la decisión de la otra alta corte. Triunfó la rama judicial y el gobierno, una vez más, tuvo que salir con el rabo entre las patas.

Duque, que antes de ser uribista era un liberal convencido, se convirtió en una especie de apóstol de los valores conservadores. Siempre que ha podido ha intentado convertir en ilegal lo que considera pecado. Sin embargo, la Corte le cerró la puerta cuando pretendió criminalizar la eutanasia y más recientemente el aborto. El jefe de Estado ha perdido tutelas por manifestaciones públicas en donde se ha confundido su labor de presidente con la de devoto católico. También la vicepresidenta Marta Lucía Ramirez se llevó un regaño cuando quiso erigir a nuestra señora de Fátima en patrona de Colombia. La Corte debió recordarle que tiene todo el derecho a su fe pero no a imponerla utilizando la fuerza del Estado que constitucionalmente es laico.  

Quizás una de las más sonoras derrotas del presidente Duque tuvo lugar cuando quiso imponer la cadena perpetua para ciertos delitos. De tiempo en tiempo, y ante crímenes atroces, resurge lo que en materia jurídica se conoce como el populismo punitivo. Cada vez que un niño es víctima de un criminal resucita la idea de aplicar la cadena perpetua como si fuera posible aplicarla retroactivamente al delincuente y por voluntad popular. En los Estados de Derecho la ley preexistente prevalece en favor de un reo por terrible que sea su crimen. Por eso pregonar la aplicación de la cadena perpetua no deja de ser un discurso que arranca aplausos en la galería pero que está basado en la ignorancia de los principios básicos del derecho. Aún así Duque, que es abogado, lo ha intentado con el resultado previsible de la inconstitucionalidad. 

A su palmarés de derrotas, nunca visto en un gobierno anterior, el presidente Duque ha sumado el intento de no prorrogar la vigencia de la Comisión de la Verdad; su proyecto para desaparecer las curules de paz —que fue esteril por la vía constitucional pero que funcionó en la práctica entregándoselas a herederos de los victimarios aliados de la administración—, la reforma al Código Electoral, varios de sus decretos emitidos durante la pandemia y la reforma a la estructura burocrática y de competencias de la Contraloría. El gobierno parece no aprender de sus errores porque los repite una y otra vez con el mismo resultado.

A menos de cien días de terminar su mandato, y a juzgar por los exámenes que ha perdido en la Corte Constitucional, no parece atrevido decir que el presidente Iván Duque resultó mejor como estudiante de derecho que como abogado.