El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, desbarató la gran licitación de servicios tecnológicos y entregó el contrato por pedazos y de forma directa.
Crédito: Foto: Sena
La gran licitación de tecnología en el Sena que se convirtió en contratos por $200.000 millones entregados a dedo
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Para evitar que sucediera lo mismo que con los pasaportes, el Sena revocó el año pasado una licitación por $1,1 billones que buscaba contratar el internet de esa entidad. Aunque el objetivo era no adjudicar un proceso con un único oferente, en diciembre se terminó entregando por partes, a dedo y sin que a la fecha se haya instalado un solo punto de fibra óptica en alguna sede a nivel nacional. ¿Está en riesgo la conectividad para los estudiantes? Esta es la historia.
Por: Paola Herrera
En 2023, mientras el país ponía los reflectores en la licitación de los pasaportes adelantada por la Cancillería, en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), un proceso con características similares pero de mucho más valor, también se llevaba a cabo.
Tal como lo denunció CAMBIO en septiembre del año pasado, era un concurso para contratar el internet y otros servicios tecnológicos para las sedes de la entidad a nivel nacional, que costaba un $1,1 billones y que, como en el caso de los pasaportes, tenía denuncias por los pliegos de condiciones que para muchos estaban hechos a la medida de un único oferente.
En ese momento, el Sena recibió más de 6 mil observaciones de 60 empresas que, entre otras cosas, alertaron acerca de la intención de la entidad de dejar el contrato nuevamente en manos del operador actual, que desde 2014 se ha ganado ese proceso. Se trataba de la compañía Telefónica Movistar, que para la nueva licitación se presentó en sociedad con Indra Colombia conformando la Unión Temporal Sena 2.0.
Como el presidente Gustavo Petro les había ordenado a sus ministros y miembros del gabinete no adelantar licitaciones con un solo proponente y “luchar en serio contra la corrupción”, en el Sena decidieron evitarse un lío igual que el de la Cancillería. Por eso, tomaron una decisión que les permitió protegerse de una posible demanda posterior: no declararon desierto el proceso, sino que revocaron el acto de apertura de la licitación mientras que supuestamente se buscaba otra forma de hacerla más competitiva.
Para ese entonces ya se había vencido el contrato que tenía vigente Telefónica y con el fin de evitar que las sedes del Sena, y por ende sus estudiantes, se quedaran sin internet, la entidad declaró una urgencia manifiesta, con la que le prorrogó por seis meses más la operación a esa compañía, cuyo plazo final para prestar sus servicios es el 28 de marzo de 2024.
Los interesados en participar en este gran proceso esperaban con ansias la apertura de un nuevo concurso en el que se garantizara la pluralidad de oferentes y la competencia. Sin embargo, la sorpresa llegó a finales de 2023, en plena época de Navidad y fin de año, cuando se enteraron que el Sena decidió fragmentar el contrato que integraba más de 50 servicios y empezó a entregarlo directamente y por pedacitos.
En la entidad habrían hecho caso omiso a la directriz del presidente, quien en un contundente mensaje en su cuenta de X pidió que las licitaciones con un solo proponente se declararan desiertas y se iniciara un nuevo proceso quitando las fallas que impedían la competencia. El mandatario fue claro en afirmar que "o compiten o compiten", pero en el caso del Sena eso no sucedió porque, por el contrario, se le cerraron todas las puertas a la libre concurrencia.
Los contratos a dedo
El servicio más importante que debía contratar la entidad era el del internet para todas las sedes del país. Para eso, el Sena no quiso adelantar un proceso de selección sino que lo entregó de forma directa a través de la herramienta más fácil para saltarse las normas de contratación pública: firmando un contrato interadministrativo con otra entidad estatal que después podrá subcontratar, sin tener que cumplir con los requisitos que exige la ley 80.
Fue así como $65.381 millones llegaron, sin haber competido, a la empresa Internexa, de propiedad de ISA- cuyo mayor accionista es el Estado-, que, además, sin ningún estudio previo de mercado que establecería el por qué de ese valor, recibió este proceso para ejecutarlo hasta el 31 de julio de 2026.
Lo grave en este caso, según fuentes del sector, es que aunque el contrato se firmó el 23 de diciembre de 2023, a la fecha Internexa no ha instalado ni una sola red de fibra óptica en alguna de las sedes del Sena a nivel nacional para reemplazar la conectividad que a finales de marzo deberá dejar de prestar Telefónica Movistar.
CAMBIO conoció también que incluso Internexa ha golpeado las puertas de dos gigantes de las telecomunicaciones en Colombia (Claro y Movistar) para subcontratar con ellas algunas de esas instalaciones.
Pero, entonces, si Internexa necesita que ese servicio se lo brinde otra compañía, ¿por qué no se hizo una licitación para que las empresas del sector pudieran participar en franca lid y ejecutaran directamente en lugar de permitir esa tercerización?, ¿no le sale más caro al país tanta intermediación?
No solo fue el contrato de Internet
El segundo servicio a contratar era el de la Nube Pública o Centro de Datos Principal del Sena. Este fue entregado a través de un acuerdo marco publicado por Colombia Compra Eficiente (CCE) y aunque debía ser un proceso competitivo los interesados dicen que tampoco lo fue por la forma en que Oracle terminó quedándose con el contrato.
Este compromiso costó $99.988 millones, lo que representaría un valor mucho más alto frente al servicio que está prestando el operador actual o con relación al precio que se había establecido para ese ítem en la licitación que se echó para atrás. En ambos casos, el procesamiento y almacenamiento de datos le valen a la entidad entre $25.000 y $30.000 millones por lo que no se entiende por qué Colombia Compra Eficiente habilitó a una empresa que cobró muchísimo más.
Pero ese no es el único problema que tiene ese proceso. Fuentes expertas en contratación le explicaron a CAMBIO que Colombia Compra Eficiente no habría respetado sus propios parámetros ya que el acuerdo marco con el que se hizo el contrato vence en junio de este año y Oracle se ganó la prestación del servicio hasta 2026. “Lo contratado no puede superar el periodo de tiempo del acuerdo marco, por lo que se estaría presentando una contravención a las normas por parte de esa entidad”.
Colombia Compra Eficiente explicó sobre ese proceso que en la Tienda Virtual de Estado Colombiano, las entidades estatales pueden adquirir servicios de Nube Pública en los segmentos Amazon, Google, Microsoft y Oracle.
Según las necesidades de las entidades se escoge el segmento que para el caso del SENA en efecto fue Oracle. Teniendo definido el segmento se habilitaron los proveedores Comware S.A, Unión Temporal Soain Think It, BusinessMind Colombia y UT Nube Pública para entregarles el contrato. Tres de esas empresas presentaron propuesta, una no y el proveedor que ganó fue Comware S.A, que, según CCE, fue seleccionado por tener la oferta más baja. Es por eso que aclaran que sí hubo competencia.
Dice además esa entidad que el valor de la oferta ganadora fue menor al que se presentó en el estudio de mercado que realizó el SENA previo a esta contratación, aunque interesados en el tema le aseguraron a CAMBIO que nunca hubo tal estudio.
Finalmente señalaron con relación a los tiempos del contrato que no hubo contravención a las normas ya que si las entidades compradoras cuentan con vigencias futuras, pueden colocar órdenes de compra por un término mayor al del plazo del Acuerdo Marco.
Hay un tercer proceso por $49.142 millones otorgado también de forma directa a otro proveedor para, nada más y nada menos que, brindar ciberseguridad a los datos que serán guardados en la nube que manejará Oracle. El problema es que aunque todavía no hay nada guardado en ese datacenter, porque es Telefónica la que está prestando el servicio hasta el 28 de marzo, el valor del mismo ya se le pagó en su totalidad al nuevo proveedor.
En solo esos tres contratos, que suman en total $214.000 millones, no hubo procesos competitivos, ni estudios de mercado y mucho menos se verificó previamente la idoneidad y capacidad de cada empresa para poder ejecutar. Además, históricamente todos los servicios de tecnología del Sena se han contratado en forma conjunta para que haya un solo responsable de armar todo el sistema y por eso, para los conocedores del tema, no es viable que cada operador trabaje por su lado y tenga un contrato aparte cuando en algún momento se tendrán que sincronizar los productos.
Quien entrega y firma esos procesos es Pablo Fernando Arciniegas, un funcionario encargado de la Oficina de Sistemas de la entidad, ya que el jefe en propiedad, que era el señor Carlos Martín Coy, fue suspendido por la Procuraduría durante tres meses justamente por haber revocado la apertura de la licitación del año pasado “sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión”.
De los 50 servicios que incluía la licitación del año pasado, al Sena aún le faltan algunos productos por contratar. Por ejemplo, el de la mesa de ayuda, que es el más costoso, porque requiere de la contratación de ingenieros para estar todo el tiempo trabajando en las sedes de la entidad.
CAMBIO habló con el director del Sena, Jorge Londoño, quien explicó que una vez revocado el proceso de licitación LP-0001 de 2023, decidieron cambiar la forma de operar y prestar los diferentes servicios.
El funcionario confirmó que la conectividad la va a prestar Internexa mediante un convenio interadministrativo marco y sus contratos o convenios derivados y que la nube pública se contrató mediante la adhesión a un acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.
Londoño fue más allá. El director le dijo a CAMBIO que para el caso de la mesa de ayuda, esa se va a garantizar a través de personal propio, es decir, con muchos de los aprendices, aunque no fue claro en señalar si esas personas tendrán la capacidad de hacerlo y si les van a pagar por eso. Finalmente, manifestó que todos esos cambios van a representar una disminución ostensible de costos.
La pregunta que queda es si todo eso estará listo el 29 de marzo cuando Telefónica termine la urgencia manifiesta. ¿Está garantizada la prestación de los servicios tecnológicos en la entidad? Si Internexa no ha empezado a instalar su fibra óptica y solo le quedan 20 días para hacerlo, ¿podría estar en riesgo la conectividad para los cerca de 500 mil aprendices que hoy tiene el Sena a nivel nacional?,¿revocaron la licitación para luchar contra la corrupción o para poder repartir el contrato como quisieron?
