“En mi Gobierno no tendremos licitaciones con un proponente. La lucha contra la corrupción va en serio”. Ese fue el mensaje que escribió este jueves 13 de septiembre a las 8:45 de la noche, a través de su cuenta en la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El mandatario, como se lee en el trino, fue enfático en asegurar que no permitirá hechos irregulares en procesos contractuales de su administración y por eso me pregunto, a raíz de esa importante advertencia, si Petro va a dejar que este lunes se adjudique la mega licitación, por 1.1 billones de pesos, para proveer los servicios tecnológicos en las 254 sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y que hoy en día tiene un único oferente.
Es absolutamente grave lo que está pasando en ese proceso, que en muchos aspectos parece calcado del que adelantó la Cancillería para el suministro y distribución de los pasaportes, y que fue declarado desierto la semana pasada. Si el Gobierno pudo detener ese adefesio de adjudicación, con la que se cometieron muchos errores, debe hacerlo también y de forma urgente en el contrato que quiere entregar en las próximas horas el Sena, y que tiene exactamente los mismos problemas.
Y no es para menos, porque no solamente estamos hablando de un proceso cerrado en el que no se garantizó la pluralidad de oferentes y con el que se terminará beneficiando a un mismo contratista, que se ha quedado con este proyecto en tres ocasiones consecutivas, sino que también hay irregularidades con la forma en la que se estructuraron los pliegos de condiciones, con la modificación de los cronogramas, la propuesta presentada por el operador actual y muchas otras quejas que fueron manifestadas por otros posibles concursantes a quienes ignoraron en todo este trámite.
En primer lugar llama la atención el costo de la licitación, ya que, según los datos recopilados, ha crecido de forma exagerada, incluso se ha cuadruplicado, en los últimos diez años y sin ninguna justificación. Y las cifras lo demuestran, ya que, en el año 2012, por este mismo proceso, el Sena pagó 285.000 millones de pesos, en 2015 un total de 503.000 millones de pesos, en 2019 fueron 695.000 millones de pesos y ahora, para 2023, el valor subió a 1.107 billones de pesos, lo que significa que aumentó en un 55 por ciento.
Lo anterior es la clara evidencia de que el presupuesto asignado difiere sustancialmente de los estudios de mercado realizados por la entidad. Además, porque para este nuevo contrato habrá un menor periodo de ejecución contractual que es de 41 meses a partir de la fecha del acta de inicio y, lo que es peor, el número de cupos para estudiantes de esa institución ha ido bajando considerablemente desde el año 2019.
Según expertos consultados por esta columna, “en la industria de la tecnología es común que los presupuestos se mantengan o la mayoría de las veces incluso disminuyan por la evolución tecnológica, por eso no se entiende por qué se aumentaron los precios en esa proporción, por qué si hay menos demanda, es decir, menos alumnos, contratarán equipos y servicios igual que cuando había más personas estudiando.
Otro de los problemas tiene que ver con los pliegos hechos, presuntamente, a la medida de un solo proponente, es decir, al actual operador que es Telefónica Colombia. Según las quejas que otras empresas pusieron en el marco del proceso y que fueron conocidas por esta columna, “se obliga a los proponentes a integrar soluciones que son ofrecidas por un único fabricante, lo que impide optimizar los costos e inversiones”.
También se solicitaron características técnicas que solo pueden cumplir los fabricantes que le prestan el servicio al operador que ya tiene el contrato y que se lo quiere volver a ganar. En otras palabras, es como si todo ya estuviera amarrado con el objetivo de que nadie más pudiera ni siquiera hacer el intento y participar. No hubo garantías y por eso, en medio del trámite, otras de las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones en Colombia, la compañía Claro, decidió renunciar.
Adicionalmente, en varias ocasiones, se señaló que los tiempos y condiciones de transición del contrato del operador actual al nuevo, que son solo cuatro meses, eran insuficientes. Ese requerimiento es imposible de cumplir para cualquier proponente distinto al prestador del servicio actual, lo cual ocasionó también que se redujeran las posibilidades de que más empresas se presentaran.
El proceso, que está publicado en el Secop, recibió más de 6.000 observaciones por parte de 60 empresas entre las que están pequeños y medianos proveedores, pero ninguna fue escuchada y por el contrario se cerró la recepción de ofertas con la sorpresa de que solo llegaron dos. La primera, obviamente, fue la de la Unión Temporal Sena Digital 2.0, en donde se encuentran las empresas Telefónica Colombia e Indra Colombia que entraron a competir con todas las ventajas. La segunda fue la de un consorcio que nunca antes había aparecido, que nadie sabe quién es y que se hace llamar Claryicon.
A pesar de que supuestamente llegaron dos ofertas durante el último día que podían presentarlas, el Sena solo publicó, una semana después, el resultado de la evaluación de la primera, es decir, de la unión temporal en donde están las suertudas Telefónica e Indra. En esa evaluación preliminar se evidenció que el consorcio no cumplía con los requisitos jurídicos, pero se le permitió subsanar los errores.
No obstante, hubo quienes se dieron cuenta de algo mucho más grave y que complica la situación: tampoco se estaría cumpliendo con un par de requisitos técnicos del proceso que son incorregibles. En una comunicación enviada a la entidad y a la que esta columna también tuvo acceso, se advierte que “hay dos (2) de los componentes tecnológicos donde no se evidencia cumplimiento en la oferta presentada por la UT SENA DIGITAL 2.0, según la información oficial de las fábricas y modelos relacionados”. Sin embargo, sobre eso el Sena no ha dicho nada.
Pero hay más. No se entiende por qué los pliegos de este proyecto fueron realizados por la Universidad Nacional a través de un contrato que costó casi 3.000 millones de pesos, tampoco es claro por qué el silencio de ambas entidades: la universidad y el Sena a la hora de pedirles explicaciones sobre las denuncias. Es muy extraño, además, que documentos como la carta mencionada, en donde se advierten los incumplimientos técnicos, estén cerrados y reservados en el Secop y no se pueda acceder a ellos, aunque quienes los han enviado también han pedido que se hagan públicos.
El hecho de que no se haya entregado todavía el nuevo proceso, que va desde 2023 hasta 2026, le está saliendo muy caro a Colombia. El contrato vigente ha tenido 20 adiciones que han representado, en valor, un 57 por ciento más del precio original. Además, al no haber adjudicado la licitación antes del 31 de julio de 2023, cuando se vencía el contrato actual, se tuvo que hacer otra prorroga bajo la figura de urgencia manifiesta por cinco meses más que costaron otros 210.000 millones de pesos.
Según el cronograma, este proyecto está para ser entregado mañana lunes y aún hay muchas inquietudes que resolver. Otra de ellas, que no es menor, es la coincidencia con la época preelectoral, ya que al igual que sucedió con la licitación de los pasaportes y por alguna extraña razón, se quiere entregar faltando menos de dos meses para que se elijan nuevos alcaldes y gobernadores en el país. A pesar de las inconsistencias en ambas, hay funcionarios dentro de las dos entidades que se empeñan en dejar en manos del mismo contratista de siempre, los procesos más grandes que actualmente licita el país.
Señor director del Sena, Jorge Londoño, ¿es verdad que en las reuniones de la institución, que se citan para hablar de este tema, se está dejando por fuera a funcionarios que deberían participar y que han prendido las alarmas por las denuncias ya manifestadas?, ¿Sabe usted si alguien ha compartido información privilegiada con el actual operador para que se pueda ganar de nuevo este billonario contrato?, ¿dejará usted que se adjudique la licitación aunque hay un solo oferente y teniendo en cuenta que el presidente Petro pidió que eso no pasara?
Si el país está hablando de los problemas que habrá cuando nos quedemos sin los pasaportes por culpa de una licitación en la que se advirtieron los problemas pero que no fueron escuchados sino hasta el final, cuando ya el país se metió en un lío de marca mayor, es hora de poner los ojos también en lo que están haciendo en el Sena y que le costará a Colombia otros miles de millones de pesos, solo para favorecer los intereses de unas empresas en particular.
