Operación Orión: ¿Los terceros serán los últimos?

Se suele pensar que la garantía y protección de los derechos humanos es cuestión exclusiva del Estado, como si los ciudadanos e instituciones ―llamados “terceros civiles” en el ámbito judicial― estuviéramos exentos de obligaciones. Si se trata de crímenes de Estado, las investigaciones se orientan a indagar por “¿quién dio la orden?” y sus motivaciones; no obstante, tan importantes como las órdenes impartidas son aquellas que se dejan de dar tanto a agentes estatales como, en determinados contextos, a “terceros civiles”.

El 16 y 17 de octubre de 2002, la defensora de derechos humanos María Victoria Fallon atendía una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Washington, supo desde el primer instante quién y por qué dio la orden de proceder con la Operación Orión en la Comuna 13. Después descubriría las omisiones, en especial las relacionadas con terceros civiles. Por cuenta de las órdenes no impartidas, una empresa ―un “tercero civil”― acumuló escombros sobre un sitio de posible presencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en las operaciones militares en la Comuna 13: durante más de dos décadas, familiares de personas desaparecidas han suplicado para que se detenga el crecimiento de esa montaña de impunidad.

En 2018, el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) medidas cautelares para proteger sitios con posible presencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en Colombia. Entre ellos está en la Comuna 13.