Guerra contra las drogas, ¿cambio de rumbo de Petro?

Un golpe sobre la mesa. El presidente Gustavo Petro dijo: ¡Basta! En medio de la escalada de secuestros masivos de militares por parte de pobladores instrumentalizados por grupos armados ilegales en zonas con cultivos de coca, anunció la posibilidad de reanudar la fumigación aérea. Al menos, esa fue la puerta que abrió el mandatario este lunes 8 de septiembre.  

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, aseguró el jefe de Estado.  

La decisión se da en un momento en que el país político, económico y judicial contiene la respiración por el fantasma de la descertificación, un anuncio que, salvo sorpresas, podría ser negativo para Colombia y debería darse antes del 15 de septiembre.  

Petro tomó la decisión tras el secuestro de 45 soldados en El Tambo, Cauca, ocurrido el domingo, precisamente cuando las unidades adelantaban operativos contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.  

No es un hecho aislado. Por el contrario, los secuestros masivos se han convertido en un problema recurrente para la Fuerza Pública. Solo en este 2025 se han contabilizado 23 casos de este tipo.

Plaga de secuestros masivos

El de El Tambo se suma al ocurrido el miércoles anterior, cuando en otra asonada en Putumayo tres militares quedaron gravemente heridos por quemaduras. Los uniformados pretendían desmantelar un laboratorio de cocaína cuando fueron cercados por los pobladores en un punto geográfico donde las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc imponen la ley con sus fusiles.  

Hace un par de semanas también fueron retenidos 30 uniformados en El Retorno, departamento del Guaviare, cuando realizaban operativos contra el Estado Mayor Central (EMC), también conocido como las disidencias del Frente Primero de las Farc-EP que comanda alias Iván Mordisco, considerado hoy el enemigo número uno de Colombia.  

El propósito de los grupos ilegales es mantener el control sobre las zonas donde se cultiva la coca que nutre sus finanzas, como el Cañón del Micay, su principal santuario. Por el contrario, los planes del Estado son entrar para quitarles su principal fuente de financiamiento.  

La situación, sin embargo, es extremadamente compleja en este punto del departamento del Cauca. “En primer lugar, se trata de una topografía con retos inconmensurables para realizar operaciones militares. Ha sido una zona trabajada y articulada por actores armados ilegales mediante la instalación de campos minados y artefactos explosivos improvisados, donde además se superpone una población atemorizada e instrumentalizada bajo el miedo y el terror”, le dijo a CAMBIO el general (r) Eduardo Herrera Berbel, estudioso del conflicto armado.  

“Se suma una gobernanza criminal de vieja data, la presencia de corredores estratégicos del narcotráfico hacia el Pacífico y la inmersión en una amplia gama de economías y rentas ilícitas. En conclusión, la defensa de esos enclaves productivos de finanzas diversificadas de la criminalidad es a muerte y siempre será un reto trascendente recuperar el control institucional de un territorio tan deprimido por una violencia depredadora”, añadió este experto.

Misión imposible

El tiempo ha pasado y, al menos en los partes entregados a la opinión pública, los resultados no han sido los esperados. ‘Mordisco’ sigue vivo, el territorio continúa en disputa, los cultivos van en aumento y los secuestros masivos se han convertido en una epidemia.  

Eso explica que Petro haya entrado ahora en una dinámica contraria a lo que prometió en campaña. Pero, ¿es posible? ¿De la noche a la mañana los aviones podrían sobrevolar los cultivos para rociarlos con químicos? “Eso cuesta mucha plata, un alto nivel de gestión en seguridad y buenas relaciones con Estados Unidos”, dice Daniel Rico, especialista en economías ilícitas.  

Para él, Petro carece hoy de estos tres elementos, por lo que considera posible que la medida se quede en un simple anuncio. No sería el primer presidente que no pueda cumplir este objetivo. En su caso, sorprende por su carácter progresista y su discurso ambientalista. Pero la realidad es distinta por razones legales, sociales y financieras.  

Así, por ejemplo, su antecesor, Iván Duque, argumentó en su momento que Colombia necesitaba todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato. Sin embargo, esto no ocurrió a pesar de las buenas relaciones que en ese momento tenía la Casa de Nariño con la Casa Blanca.  

El químico más presente en el imaginario de los colombianos es el glifosato. La fumigación aérea con este herbicida podría volver, pero requiere cumplir estrictos requisitos establecidos por la Corte Constitucional, como la consulta previa con comunidades y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental que aplique el principio de precaución.  

No obstante, ha habido impedimentos legales, como cuando la Corte Constitucional rechazó un trámite en 2022 por vulnerar el derecho a la participación de las comunidades afectadas.

Efectos cuestionables

“La fumigación con glifosato es un procedimiento muy costoso en términos sociales y ambientales, con efectos cuestionables en la reducción de cultivos y que, por el contrario, podría agudizar situaciones de vulnerabilidad y conflictos en los territorios, además de los daños a la salud de la población y los impactos ambientales sobre los ecosistemas y la biodiversidad”, señala un documento del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).  

Esta organización, una de las más grandes y reconocidas a nivel mundial en conservación, enfocada en proteger la biodiversidad, añade que la fumigación aérea está asociada con el desplazamiento de personas que habitan en los territorios asperjados.  

• Gobierno adjudicó millonario contrato para reactivar la aspersión terrestre con glifosato

Además, WWF advierte que la medida puede aumentar la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y debilitar la gobernanza en las regiones. Quienes viven en zonas rociadas huyen principalmente por tres razones: los efectos químicos del herbicida en su salud, las operaciones militares en sus territorios y la pobreza que enfrentan luego de que sus cultivos de pancoger fueron fumigados.  

Así las cosas, Petro ha dado un golpe sobre la mesa, pero de ahí a que su instrucción se haga realidad hay mucho trecho. Entre tanto, el tiempo para que el presidente de Estados Unidos anuncie si decide o no certificar al país en la lucha contra las drogas es cada vez más corto.  

La advertencia de Trump

De hecho, aún gravitan las palabras de Donald Trump cuando le dijo a Duque: “Vas a tener que fumigar. Si no fumigan, no los eliminarán. Entonces hay que fumigar”.  

Las fumigaciones aéreas con glifosato están suspendidas por varias razones. A la decisión de la Corte Constitucional se suma el Acuerdo de Paz con las Farc, que estableció limitaciones para su uso.  

Aunque ni la Corte ni el Acuerdo cerraron definitivamente la puerta a esta herramienta, en el pasado ha generado enormes problemas sociales y fuertes advertencias de ambientalistas sobre sus efectos en la naturaleza.  

Petro, que en sus discursos habituales subraya “la belleza incomparable” de Colombia y que incluso muestra con orgullo que su foto oficial de presidente fue tomada en Caño Cristales, ¿dará la orden para que sus hombres rocíen los territorios con químicos?  

Aunque Petro dijo que la Corte debería dar ese paso, en realidad la decisión sobre el glifosato, por orden de la misma Corte Constitucional, no depende de ese tribunal sino del Consejo Nacional de Estupefacientes, que preside el propio Gobierno. Es decir, el mismo Petro podría tomar la iniciativa.  

Este hecho coincide con la publicación, este martes, del informe El desafío del cambio: la disputa continúa, un documento elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Estas tres plataformas agrupan a más de 500 organizaciones de derechos humanos y sociales de todo el país y son las que presentan el informe anual.

Más hechos, menos palabras

En el apartado sobre política de drogas se lee: “Política de drogas del gobierno progresista: regresión programática, planeación incierta y territorios por transformar”.  

En resumen, el balance de estos años de gobierno destaca cuatro aspectos: 

• A) Un viraje en la conceptualización y orientación de la política: regreso al enfoque de seguridad y a la narcotización de las agendas de paz.
• B) Un aspecto positivo: redefinición de la relación Estado–sociedad civil. Además de reconocer derechos a los pequeños productores, se abandona la criminalización de usuarios, bandas juveniles y mujeres privadas de libertad por delitos no violentos de drogas.
• C) Una reducción en la calidad y eficacia de la acción institucional.
• D) Programas con gran incertidumbre sobre su continuidad y sostenibilidad como políticas de Estado.

Algunas preocupaciones, según el documento, son: la eliminación previa de cultivos de coca como condición para acceder al subsidio monetario y a proyectos productivos; la posible reactivación de la aspersión química terrestre; y un tono de descalificación hacia las comunidades que no colaboren con los nuevos planes de erradicación.  

“Esto significa una regresión, pues la política del gobierno, tal como se había enunciado al principio, podía entenderse como un soporte importante de la necesaria transformación territorial, base de la paz”.  

El documento se realizó antes del nuevo anuncio del presidente Petro que abre la puerta a la fumigación aérea.  

La decisión se da también en un escenario muy complejo en la guerra contra las drogas en Colombia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, en el cual el país volvió a ocupar el deshonroso primer lugar como mayor productor de hoja de coca a nivel global, con una extensión de 253.000 hectáreas.  

La superficie cultivada aumentó aproximadamente un 10 por ciento en comparación con el año anterior. El informe destaca que este crecimiento se concentra especialmente en cuatro departamentos: Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo, y advierte que el 98 por ciento de los municipios con cultivos ilícitos tienen presencia de al menos un grupo armado ilegal.  

Así las cosas, la puerta está abierta, pero de ahí a que se haga realidad aún no se ve la luz. Eso a pesar de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una medida que revisará la Corte Constitucional.  

“Lo cierto es que los tiempos han cambiado: hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales que se generaban, hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo e incluso hay posibilidades de emplear drones masivamente para esta fumigación, que podría considerarse más bien una capacidad de erradicación de cultivos con aspersión, para reducir enormemente este cáncer”, aseguró el ministro.