Dictan medida de aseguramiento contra alias Calarcá: sucede después de que se reactivara su orden de captura
El máximo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño quedó con orden de prisión por una lista de delitos que incluye el homicidio de seis firmantes del Acuerdo de Paz. La decisión llega después de año y medio de audiencias aplazadas, una declaratoria de persona ausente y la reactivación de su orden de captura.
La Fiscalía logró este 2 de septiembre que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño y comandante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la mayor disidencia de las antiguas Farc.
El ente acusador le atribuyó ocho delitos: concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menores.
Detrás de esa lista hay hechos puntuales que los fiscales lograron reconstruir pese a que 'Calarcá' nunca se sentó a responder por ellos. Le atribuyen el homicidio de seis firmantes del Acuerdo de Paz entre 2023 y 2025, la desaparición forzada de un comerciante en el municipio de El Castillo, Meta, el 17 de noviembre de 2023 y el reclutamiento de una adolescente de 14 años en Garzón, Huila, el 20 de junio de ese mismo año, a quien mantuvo bajo su control hasta marzo de 2026. Los hechos que soportan la imputación se extienden entre 2022 y 2026 en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima.
La medida de aseguramiento es, en la práctica, una victoria simbólica más que material, ya que 'Calarcá' permanece en la clandestinidad y no está bajo custodia de ninguna autoridad. Su paradero no ha podido ser verificado desde que la justicia agotó los mecanismos para lograr su comparecencia y terminó declarándolo persona ausente. La decisión llega apenas un día después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmara la resolución que reactivó 27 órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias, 'Calarcá' entre ellos, suspendidas desde finales de 2023 mientras negociaban con el Gobierno.
Año y medio de audiencias fallidas
El primer anuncio público lo hizo la propia fiscal Camargo el 7 de abril de 2026, cuando confirmó que llamaría a audiencia de imputación a 'Calarcá' por presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ya entonces la Fiscalía lo señalaba por el homicidio de la lideresa indígena nasa Carmelina Yule, asesinada en marzo de 2024 en Toribío, Cauca, además de ataques con explosivos y la siembra de minas antipersonal en zonas de Antioquia y Meta. Camargo le pidió al presidente Gustavo Petro revocarle a 'Calarcá' la condición de vocero de paz y reactivar la orden de captura que estaba suspendida desde finales de 2023, en el marco de la política de Paz Total.
El Gobierno no atendió esa solicitud de inmediato, y el proceso judicial siguió su curso por su lado. La primera audiencia de imputación se fijó para el 5 de mayo, a la que 'Calarcá' no asistió. Se reprogramó para el 12 de mayo y, otra vez, ni él ni su abogado defensor se presentaron. La Fiscalía fijó una tercera fecha, el 28 de mayo, y ese mismo día, ante la nueva inasistencia, radicó la solicitud formal para que un juez lo declarara persona ausente, la figura que permite continuar un proceso penal sin que el acusado esté presente.
Persona ausente, y una imputación sin él en la sala
Para entonces, la Fiscalía ya había buscado el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Otty Patiño, con la esperanza de que ayudara a notificarle los cargos a 'Calarcá'. La respuesta fue negativa: la oficina dijo que no tenía competencia para hacer notificaciones judiciales y que tampoco conocía su paradero.
El Juzgado 104 de Control de Garantías de Villavicencio accedió a la solicitud de la Fiscalía y lo declaró persona ausente. La defensa pública que lo representa apeló, pero el 31 de julio un juez de segunda instancia confirmó la decisión. Cuatro días después, el 4 de agosto, en una diligencia en Villavicencio, el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, empezó formalmente a imputarle cargos por hechos ocurridos entre el 16 de enero de 2024 y la fecha de la audiencia.
Entre esos hechos, la Fiscalía incluyó la masacre de Miravalle, en el Guaviare, ocurrida entre el 18 y el 19 de enero de 2026 y en la que murieron 26 personas, siete de ellas menores de edad, y el homicidio de siete militares en zona rural de San José del Guaviare, atribuido a hombres del Frente Isaías Carvajal, que responde al bloque que comanda 'Calarcá'.
La caravana de la UNP y la infiltración que salió a la luz
Detrás de este expediente hay otro episodio que ayuda a explicar por qué a 'Calarcá' le tomó tanto tiempo a la justicia alcanzarlo, pese a estar señalado desde hace más de dos años. El 23 de julio de 2024, autoridades interceptaron una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a 'Calarcá' y a otros cabecillas hacia una reunión dentro del proceso de paz. En los vehículos se hallaron armas sin autorización, dinero en efectivo, oro y dispositivos electrónicos. Como su orden de captura estaba suspendida por su condición de vocero, 'Calarcá' quedó libre esa misma noche.
Año y medio después, el 23 de noviembre de 2025, Noticias Caracol reveló parte del contenido de esos dispositivos, con indicios de una presunta infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares y en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que aparecían mencionados el general Juan Miguel Huertas y Wilmar de Jesús Mejía. El episodio reforzó, dentro de la Fiscalía, la tesis de que 'Calarcá' seguía delinquiendo y coordinando operaciones armadas mientras se sentaba, al menos formalmente, en la mesa de diálogo con el Gobierno.
De vocero de paz a prófugo
Ese fue, precisamente, el argumento que terminó de convencer a la Fiscalía de pedirle al Gobierno que le retirara a 'Calarcá' la protección jurídica que lo blindaba. El 1° de septiembre, la fiscal Camargo firmó la resolución que reactivó las 27 órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias, por presunto incumplimiento de las condiciones fijadas en la Ley de Paz Total y por violaciones al derecho internacional humanitario. Un día después llegó la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La ofensiva militar que quiere pisarle los talones
El cerco judicial contra 'Calarcá' ha corrido en paralelo a una ofensiva militar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella convirtió en una de sus banderas. Presidencia trazó una hoja de ruta con al menos 15 operaciones de alto valor para los primeros cien días de gobierno, pensadas explícitamente para forzar la caída de los máximos cabecillas de los grupos armados ilegales, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes quedó entre los primeros objetivos. También, en las visitas del mandatario a las regiones, ha ordenado y exigido una ofensiva militar contra todas las estructuras criminales.
El golpe más contundente hasta ahora llegó el 27 de agosto, cuando aviones Kfir y Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, bombardearon campamentos de los frentes Isaías Carvajal y Rodrigo Cadete en zona rural de El Retorno, Guaviare. Ocho integrantes de esas estructuras murieron y las tropas incautaron 11 fusiles y cinco ametralladoras.
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