El rompecabezas que debe armar el Gobierno con el Clan del Golfo

Las autoridades han identificado que actualmente la organización criminal más grande del país es el Clan del Golfo, que controla más del 45 por ciento del negocio del narcotráfico, minería ilegal y extorsión en más de 200 municipios en varias regiones del país.

Se trata de una organización de tercera generación que funciona como una gran red, con mandos territoriales que son reemplazables fácilmente, varias estructuras armadas encargadas del control de los mercados ilegales y pequeñas bandas para el control del microtráfico.

“En sus zonas de injerencia la estructura funciona de forma piramidal. Tendrá mayor poder el que tenga más integrantes a su mando. En las áreas rurales, se pasean portando uniformes con la insignia de la organización y armas largas; en los centros poblados, utilizan a jóvenes –conocidos como puntos– para que los alerten sobre la presencia de la fuerza pública o de personas ajenas a la zona”, afirma un oficial de inteligencia.

Pero el Clan tiene una característica adicional que bien puede complicar el sometimiento a la paz total: la subcontratación del crimen. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que una de las modalidades más utilizada por el Clan del Golfo es la de alquilar pequeñas bandas criminales para que se encarguen de recolectar dinero para la organización y para que afronten confrontaciones con otros grupos ilegales.

“Eso significa que deben armarlos y darles recursos para enfrentar a otras estructuras, para ejercer mayor presencia, y que la atención de las autoridades se centre en los integrantes de las bandas que son reemplazables”, asegura.

Según una investigación realizada por la Fundación Pares, el Clan del Golfo utiliza dos formas para cooptarlos: la primera es que asesinan al jefe de la banda y le envían un mensaje al resto de integrantes para que comiencen a trabajar con la organización. La otra forma es reunir cuatro o cinco personas con antecedentes judiciales para conformar un grupo que tome el control de sitios estratégicos. En ambos casos, los participantes reciben un sueldo que oscila entre dos y tres millones.

“Un buen resumen de esto es lo que se vive en el Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. Estas regiones junto al Urabá se convirtieron en un importante bastión para la organización criminal. Se han centrado en el control de las minas de oro –Segovia, por ejemplo–, mientras que en las cabeceras municipales han subcontratado combos y pandillas locales, como es el caso de los Zorros en Valdivia”, expresa Valencia.

Esta forma de funcionar –agrega– les permite acolchonar los golpes de la fuerza púbica y adaptarse al territorio. Además, les ayuda a cooptar a narcotraficantes y otros criminales, asimilándolos a la estructura, y así evitar guerras largas.

Por eso ha llamado la atención que el Gobierno del presidente Gustavo Petro piense en una negociación que incluya a estas organizaciones subcontratadas, que trabajan para el Clan del Golfo pero no hacen parte de él, y cuyo número de integrantes puede ascender hasta mil, distribuidos en unas 140 bandas locales.

El problema de negociar con todos los criminales

“La pretensión del presidente es que todos esos grupos hagan parte del proceso de la paz total, los que más quieran dejar de delinquir. La esperanza del alto comisionado es que el Clan del Golfo los jalone y, de alguna manera, los represente y lidere”, le dijo a CAMBIO un asesor del comisionado de paz.

Según León Valencia, 26 de estas bandas le han enviado cartas al alto comisionado, expresando su interés de ser incluidas en el acuerdo. “El principal reto que quiere cumplir el comisionado es que todas las bandas delincuenciales en el país entren al proyecto de paz total, por eso el interés de que los cabecillas del Clan del Golfo convoquen también a las organizaciones que tienen subcontratadas en el país”, asegura.

La tarea, por supuesto, no es fácil. Según el senador Ariel Ávila, uno de los parlamentarios que ha liderado la presentación del proyecto de ley de acogimiento, el Clan del Golfo tiene cinco cabecillas principales al mando sobre otros 51 cabecillas secundarios, que a su vez manejan más de 3.000 hombres, incluidos los integrantes de las bandas delincuenciales.

“Allí la tarea es de alta filigrana: establecer si el Clan del Golfo va reconocer a estas pequeñas bandas como parte de su estructura delincuencial, porque el objetivo de ellos ha sido siempre utilizarlos para tareas de control. pero nunca como base de la organización ilegal”, afirma.

El general retirado Carlos Martínez piensa que el Gobierno está jugando un doble juego: por una parte, que los cabecillas le ordenen a las bandas delincuenciales que se acerquen a la propuesta de paz; por la otra, que es la más segura, que los entreguen o ajusticien, como en su momento lo hicieron las Farc en los diálogos de paz.

A quiénes cobija la ley y a quiénes no

El senador Ariel Ávila asegura que el tema de la subcontratación ha mutado durante los últimos siete años y ahora se ha vuelto masivo: "Hoy en día es muy descentralizada y fuera de control, como pasa en la calles del parque Lleras, en Medellín, donde una banda se encarga de la venta de droga pagándole un permiso al Clan del Golfo, pero a la par tiene una red de proxenetas y prepagos que les generan ingresos extras pero que no tienen que ver con la organización”.

En este sentido, Ávila aclara que no todas las organizaciones ilegales pueden tener el beneficio de la ley de sometimiento, porque en el país hay bandas que solo trabajan para guardar plata o transportar droga, pero no hacen parte de la estructura criminal del Clan del Golfo.

Esa opinión es compartida por León Valencia, quien afirma que la obligación de los negociadores del Clan es determinar si estas bandas hacen parte de la estructura; y, si es así, qué nivel tienen dentro del grupo. Porque, si no, no podrían obtener los beneficios del Gobierno.

El gran problema es determinar hasta dónde se extienden las estructuras reales del Clan del Golfo y desde dónde empiezan las bandas delincuenciales que trabajan para él, pero que no pertenecen a él. En cualquier caso, si la paz total quiere abarcar tanto que hasta los jaladores de carros terminen cobijados por el acuerdo, las probabilidades de que esa ley apriete poco serán cada vez mayores.