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Por 130 falsos positivos fue imputado el general Mario Montoya
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a varios militares, entre ellos al general Mario Montoya por casos de falsos positivos en Antioquia. Al militar retirado se le acusa de ser responsable de 130 ejecuciones extrajudiciales. Estos son los detalles de la decisión.
Por: Santiago Luque Pérez
Este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que imputó al general (r) Mario Montoya por falsos positivos en Antioquia. En total son nueve los militares acusados de ser máximos responsables de estos crímenes.
Según la JEP, la Brigada IV, que tiene sede en Medellín, ejerció presión por resultados y consolidó el mensaje de presentar “muertes en combate” como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército.
Esta presión que habría llevado a que se presentaran ejecuciones extrajudiciales fue ejercida por el comandante de la Brigada entre 2003 y 2004, el general Mario Montoya Uribe.
También habría sido ejercida por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), que concentra el 80 por ciento de los casos de falsos positivos en Antioquia.
El tribunal afirmó que el general retirado pedía con recurrencia “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre. Estas presiones se realizaban por medio de programas radiales.
Tras ser notificados, los nueve imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. Al terminar el periodo, si hay reconocimiento, la JEP fijará una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para seguir el proceso adversarial.
Los testimonio de militares por falsos positivos
Varios miembros del Ejército han detallado las presiones que había por parte del militar retirado para cometer ejecuciones extrajudiciales.
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"El general Montoya nos decía que él no quería captura, que él quería era muerto en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate. De hecho en el batallón a la entrada del BAJES, había un cartel contador de las bajas que nosotros llevábamos durante todo el año y había una competencia", aseguró el subteniente Pilides José Torres en una audiencia reservada que fue publicada por la JEP.
El nombre de Mario Montoya ha salido en varios de los testimonios que se han dado por falsos positivos. Uno de ellos ocurrió en la audiencia de Dabeiba de la JEP, en la que el sargento retirado Fidel Ochoa afirmó: “Este general [Mario Montoya] efectuaba programas radiales donde nos decía a los comandantes: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”.
El militar añadió que eran presionados por los comandantes para subir el número de bajas y que aumentó con el general retirado Mario Montoya a la Séptima División, a donde llegó después de estar al frente de la Cuarta Brigada.
Dos informes entregados por la Fiscalía General de la Nación y tres por las organizaciones de víctimas mencionan a Montoya por estos hechos.
Esta es la cuarta imputación que se hace en contra de miembros del Ejército por estos hechos, son 62 los militares acusados por estos crímenes. Los subcasos que ya surtieron esta etapa son los de Catatumbo, Costa Caribe y Dabeiba.
Los detalles de la imputación al general Montoya y ocho militares más
Estos asesinatos y desapariciones forzadas fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. Según la JEP, se presentaron tres tipos de modalidades:
- Las víctimas fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas, luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.
- El engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública.
- El asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH que estaban puestas fuera de combate.
Los militares fueron imputados como máximos responsables por su posición de liderazgo y en su calidad de garantes de los derechos de las personas.
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En el caso del general retirado Mario Montoya, la JEP determinó que el militar mintió sobre el número de bajas, encubrió casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionó a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, empleó un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenó que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.
Uno de los casos, fue el de la presentación en rueda de prensa como guerrilleros de las Farc de dos niñas y tres jóvenes civiles, que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael, Antioquia.
Los menores le habían pedido al paramilitar que los llevara a una fiesta en una vereda cercana. A pesar de que el comandante de la operación reportó que eran civiles, según la JEP, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos como guerrilleros dados de baja en un combate.
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La madre de Erika Castañeda recordó en audiencia pública ante la JEP, que cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, ella le gritó: “Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”.
