Por ahora, el cese al fuego bilateral sigue siendo solo un deseo

A pocas horas de que terminara 2022, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al anunciar un cese al fuego bilateral con cinco organizaciones al margen de la ley, con las cuales –se supone– había adelantado acercamientos para comenzar negociaciones de paz.

El Gobierno, entonces, dio a conocer cinco decretos (uno para cada organización) en los que ordenó a la fuerza pública, primero, continuar las operaciones contra el ELN, y, segundo, detener las acciones militares contra el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El decreto dice que el cese al fuego bilateral –y temporal, de carácter nacional– rige a partir de las cero horas del día 1 de enero de 2023, continúa hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2023, y puede ser prorrogado con autorización del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, que se dispondrá para tal fin.

El objetivo es “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y los grupos ilegales”.

Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. La Defensoría del Pueblo, con su sistema de alertas tempranas, ha detectado al menos 24 hechos violentos que involucran a los cuatro grupos armados que, se supone, están de acuerdo con el cese al fuego.

“Desde el 21 de enero al 17 de febrero, las acciones en contra de la población civil no se han detenido. Las zonas del país más afectadas son la región Caribe y el occidente del país por parte de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada”, asegura el informe.

El documento detalla varios hechos ocurridos en el departamento del Cauca: un hostigamiento contra el Ejército Nacional en el municipio de Buenos Aires el 23 de enero, el hostigamiento a la estación de Policía de Corinto el 3 de febrero, enfrentamientos armados en Argelia el 9 del mismo mes y hostigamientos y combates en zona rural de Balboa el 12 de febrero.

Para profundizar: El tortuoso camino de un cese bilateral al fuego con el ELN

En cuanto a los hechos realizados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en la región Caribe, el informe apunta que se busca perpetuar la violencia a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado, como ocurre en Córdoba, Sucre y la subregión de los Montes de María, en Bolívar.

El informe indica, además, que es motivo de profunda preocupación para la Defensoría del Pueblo la grave situación humanitaria que se registra actualmente en la subregión de Telembí del Pacífico Nariñense, específicamente en los municipios de Roberto y Magüí Payán, donde tienen lugar intensos combates entre facciones disidentes de la Farc, adscritas a la Segunda Marquetalia, y el Comando Conjunto de Occidente, denominado Estado Mayor Central.

Los impactos de dichas acciones sobre la población civil abarcan desplazamientos masivos, suspensión de clases e incluso graves afectaciones contra la vida e integridad física de algunos de sus habitantes.

Los obstáculos del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno, según los expertos consultados por CAMBIO, son dos: la demora en la conformación del mecanismo de verificación y el hecho simple de que ninguno de los grupos al margen de la ley ha firmado documento alguno que los obligue a cumplir el decreto. 

¿Qué pasa con el mecanismo de verificación?

Una de las herramientas fundamentales de la negociación está plasmada en el artículo 5 de los decretos, que ordena la conformación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional, como instancia técnica integrada por el Gobierno nacional (Ministerio de Defensa nacional, Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP, y fuerza pública), delegados de las organizaciones al margen de la ley, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia católica, así como también delegados de la Misión de Verificación de paz de la ONU en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

El articulado precisa que el mecanismo creará su propio reglamento y permitirá la presencia de organismos intergubernamentales y la salida de prisión, si es preciso, de los delegados de los grupos ilegales, a quienes la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) les brindarles seguridad. 

Se supone que el Mecanismo de Verificación elaborará, cada dos meses, una evaluación de los compromisos del cese del fuego bilateral, sus posibles incidentes, trámite y resolución de conflictos, y de todo aquello que considere pertinente evaluar, en función del cumplimiento del decreto por parte de la fuerza pública y de los grupos ilegales.

Sin embargo, el mecanismo ni siquiera se ha conformado. Ni los organismos oficiales ni los grupos ilegales han nombrado delegados para tal fin.

El propio Gobierno ha patinado al hablar de una verificación que todavía se encuentra solo en el papel. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la rueda de prensa del martes 21 de febrero, aseguró que los ataques de las disidencias que se han presentado durante las ocho semanas que lleva el cese bilateral no eran acordes con el compromiso que debían tener con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Estructuras como la Dagoberto Ramos o la Jaime Martínez, que operan en el Occidente, actúan en contravía, y eso tendrá que ser aclarado por el Estado Mayor Central para que las instrucciones se hagan efectivas y acatadas”, dijo el ministro.

Y agregó: “El asesinato del soldado profesional Wilmer Vargas Medina, ocurrido en zona rural de la Plata, Huila; los ataques a las guarniciones militares, así como el secuestro de civiles tiene que ser estudiado por el mecanismo de veeduría y verificación, cuyo resultado debe llegar a manos del alto comisionado para la paz”. Finalmente, instó a la Oficina del Alto Comisionado a "tomar las decisiones que haya que adoptar sobre el tema". 

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Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, contestó, en una entrevista con La W radio, que los sistemas de monitoreo estaban actuando, y que cualquier hecho de orden público lo estaban atendiendo "de manera inmediata". Lo que no aclaró fue cuáles sistemas de monitoreo, si el mecanismo de verificación, oficialmente, todavía no existe.

Dos altos mandos de las fuerzas militares le dijeron a CAMBIO que, en estas circunstancias, no sentían que había garantías para ejercer su labor constitucional. “Todos los días estamos cumpliendo con las operaciones de control pero diariamente se presentan hechos que muestran una falta de compromiso de las organizaciones ilegales”.

Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), le dijo a CAMBIO que, precisamente, ese es el meollo del asunto, pues todavía no se sabe cómo actuará el mecanismo ni cómo será el despliegue del equipo de verificación en todo el territorio nacional. “No sé si tengan contemplado que se presente un despliegue en los 32 departamentos, o si van a priorizar departamentos que sean un foco de presencia de múltiples grupos –llámese Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander o Arauca– para hacer una especie de pilotajes y de ahí ver viendo si está funcionando el cese al fuego”.

Felipe González, analista político, asegura que hacer funcionar el mecanismo es más complejo de lo que en principio se piensa, pues se desconoce con qué presupuesto cuenta ni en qué lugares va estar ubicado, un tema logístico y operativo que se requiere con urgencia para un verdadero desescalamiento de la violencia.

Así, pues, el mecanismo de verificación parece estar todavía demasiado crudo.

Ernesto Borda, analista del conflicto, añade que también es importante que el Gobierno Nacional presente la política de seguridad y de defensa que va a respaldar esos acercamientos con los grupos armados. Opinión que es respaldada por el profesor de la Universidad Militar Jean Carlo Mejía, al afirmar que no hay posibilidad de paz total sin seguridad y no hay seguridad sin política: “Estamos finalizando febrero y claramente no hay una política de seguridad y defensa. No se sabe hacia dónde se va en términos de fuerzas militares y Policía”.

No hay nada que los obligue

Para Francisco Daza, el cese bilateral es una solución parcial porque no hay nada firmado con los grupos delincuenciales. “Así, ellos no tienen afán de desescalar la violencia y pueden continuar sus enfrentamientos con otras organizaciones, Además, ni siquiera está claro en qué lugares se van a concentrar para que los delegados ejerzan la verificación”.

De igual manera piensa Felipe González, en el sentido de que el cese no obliga a los grupos al margen de la ley a dejar de hacer lo que normalmente hacen. “No significa que entonces van a dejar de sacar droga del país, reclutar menores de edad o hacer prácticas de control territorial, porque el cese bilateral con la fuerza pública se los impide. El Gobierno debe llevarlos a mostrar verdaderos gestos de paz".

Jean Carlo Mejía recalca que hay un problema grandísimo en el territorio con el cumplimiento de protocolos: “En el Cauca, estructuras del Estado Mayor Central siguen operando y generando grandes violaciones a los derechos humanos y ellos, taxativamente, han dicho –de acuerdo con fuentes de inteligencia humana– que no se van a meter en el tema de paz total y que seguirán delinquiendo”.

Ernesto Borda afirma que lo ideal sería un cese al fuego multilateral con el que todos los grupos se comprometan a cesar sus actividades criminales. “Sin embargo –añade– para llegar a este punto todavía falta mucho trecho. Esperemos que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lo logre más temprano que tarde”.

A cuatro meses de que se termine el cese bilateral ordenado por Gustavo Petro, es mucha la incertidumbre y la desconfianza sobre el alcance de la medida, no solo entre la población que sufre diariamente los atropellos de los grupos delincuenciales, sino entre los propios militares, para quienes cada día que pasa es uno más de ventaja para los enemigos de la paz.