¿Qué secuelas dejó el paro armado del ELN en Chocó?

Luego de que el ELN anunció el levantamiento del paro armado que mantuvo en el departamento de Chocó del 25 de febrero hasta el pasado 13 de julio, la Procuraduría alertó sobre los riegos que persisten en la zona, en especial para los menores de edad. 

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, fruto de los enfrentamientos entre el ELN e integrantes del Clan del Golfo, 9.000 personas de 52 comunidades resultaron afectadas. 

Con este panorama, la Procuraduría encontró que "la amenaza de reclutamiento forzado está generando alta deserción escolar y hasta suicidios de menores de edad en Chocó". 

Los riesgos persistentes

El Ministerio Público aseguró que de acuerdo con los reportes recibidos por parte de la Secretaría departamental de Educación, solo en 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento desertaron de los colegios (más del 54 por ciento pertenece a la zona del San Juan que es el epicentro de la actual crisis humanitaria). 

Muchas de esas deserciones se dan porque las familias fueron desplazadas de sus territorios o están confinadas en sus municipios y, por miedo a ser reclutados en el desplazamiento a las clases, muchos jóvenes dejan la escuela, como explica el ente regulador. 

Aunque la Procuraduría aclara que no hay un registro exacto sobre los menores que están siendo reclutados, explica que "según cifras entregadas por la Policía regional, en lo corrido de 2023 se han recuperado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. El subregistro frente a este flagelo es considerable". 

Jefferson Mena, asesor delegado por la procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, asegura que todo este fenómeno de reclutamiento forzado y deserción escolar ha generado efectos directos sobre los suicidios. 

Por otra parte, otro de los hallazgos de la comisión del Ministerio Público enviada a la región fue que la comunidad no recibió las ayudas humanitarias a las que hizo referencia la Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV). 

En esa medida, la Procuraduría recomendó a los altos mandos militares "no bajar la guardia con las precauciones en zonas rurales mientras las unidades militares en terreno logran confirmar que es segura la movilidad de los ciudadanos por ríos y carreteras".