
Senador Iván Cepeda Castro
El yo acuso del senador Iván Cepeda
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En el acto de reparación por el asesinato de su padre, el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, su hijo, el senador Iván Cepeda, reveló los nombres de los autores intelectuales del magnicidio e hizo graves señalamientos contra el Estado colombiano.
Por: Patricia Lara Salive

En el acto de reparación por el asesinato, hace treinta años, del Senador Manuel Cepeda Vargas, celebrado en la Cancillería el pasado 9 de agosto, su hijo, el Senador Iván Cepeda, pronunció un discurso en el cual hizo graves señalamientos contra paramilitares, militares, directivos del DAS y miembros del sector privado, así como contra el gobierno de Cesar Gaviria.
A continuación, un fragmento de su discurso:
"Hoy tenemos una idea bastante detallada sobre cómo operó (esa maquinaria de la muerte) en el asesinato del senador Manuel Cepeda, pero también sobre cómo planificó y ejecutó el genocidio político contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
La conclusión de esa paciente labor que hemos realizado para armar este rompecabezas nos muestra un sistema de terror compuesto por circulos dirigentes del Estado y del sector privado, distintas estructuras y niveles operativos que han contado con una cuidadosa y sofisticada división del trabajo, coordinada con organizaciones paramilitares.
Descubrimos, por ejemplo, a través de una confesión de Diego Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, que obtuvimos con los abogados del Colectivo José Alvear en una cárcel de la ciudad de Nueva York, que existía una entidad directiva de la criminalidad política que ordenaba las muertes contra la Unión Patriótica, y asesinatos como el del humorista Jaime Garzón. Aún nos falta hoy conocer el conjunto de las identidades de los poderosos autores intelectuales que hacían parte de esa especie de “junta directiva”.
También, supimos, por esa y otras confesiones -como la del propio jefe paramilitar Carlos Castaño- que crímenes como el de mi padre eran encomendados a unidades clandestinas de inteligencia de las Fuerzas Militares que coordinaban sus acciones con las organizaciones paramilitares. En nuestro caso, los emisarios de los determinadores fueron el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez y el general Rito Alejo del Río.
Esas estrategias de eliminación política dentro de la ejecución general del genocidio, se coordinaban como parte del despliegue de planes de exterminio. A comienzos de la década de 1990, Aída Avella y otros dirigentes, entre ellos mi padre, denunciaron que existían planes letales contra la colectividad diseñados desde el alto mando militar. Esa afirmación se hizo sobre información suministrada desde las propias Fuerzas Militares que daba cuenta de cinco de esos planes, uno de los cuales era el Plan Golpe de Gracia bajo el que fue asesinado mi padre, y bajo el cual fue víctima de un ataque perpetrado con rocket la propia Aída, quien por ese entonces era concejal de Bogotá y presidía la Unión Patriótica. Las denuncias documentadas de ese y otros planes de exterminio fueron absolutamente ignoradas, con complicidad omisiva, por el gobierno presidido por César Gaviria.
En lo relacionado con los dirigentes políticos que se iban a asesinar, la primera fase del desarrollo de estos planes de exterminio era elaborar y desarrollar operaciones de inteligencia destinadas a garantizar el éxito de los asesinatos. Hace algunas semanas, en audiencia llevada a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el sargento José Dorado Córdoba, exintegrante de la inteligencia militar confesó que como parte de los asesinatos de líderes de la UP, del M -19, y de otros partidos de izquierda, la Vigésima brigada del Ejército practicaba operaciones de inteligencia para recaudar información, ubicar y seguir a quienes serían víctimas de los atentados. En el caso de mi padre, según este sargento de inteligencia, las órdenes provenían directamente del general Iván Ramírez.
Todos estos agentes estatales y paramilitares, todas estas instituciones, preparativos, procedimientos y planes estaban dispuestos para, como ocurrió en miles de otros casos, pasar al acto y ejecutar a Manuel Cepeda. Gracias a las confesiones de Elcías Muñoz, informante de la inteligencia militar, y de la promocionada biografía del jefe paramilitar Carlos Castaño, conocimos cómo se hizo, paso a paso, ese magnicidio.
Un grupo mixto de militares y paramilitares desplegaron el operativo en una de las principales vías del suroccidente de Bogotá, donde interceptaron el vehículo en el que se movilizaba mi padre y procedieron a ejecutarlo.
De ese equipo mixto hacían parte dos suboficiales entrenados como asesinos profesionales, y pertenecientes a la estructura de inteligencia de la Novena Brigada del Ejército, bajo las órdenes del general Rodolfo Herrera Luna -a quien mi padre había denunciado por anticipado como uno de los mandos que lo iban a matar-. Además, la integraban una decena de sicarios paramilitares que fueron eliminados, uno por uno, luego de perpetrar el atentado. En su libro Mi confesión, el propio Castaño se ufanaba de haber estado en la escena del crimen supervisando su exitosa realización.
Es decir, dirigentes políticos de alto nivel, al menos tres generales de la República, varios jefes paramilitares y decenas de agentes del Estado y sicarios involucrados en esta criminalidad sistemática.
A todo esto se han agregado a lo largo de los años la impunidad y sus métodos de encubrimiento: la permanente campaña para seguir agraviando al senador asesinado, a su familia y al movimiento político a través del estigma y la calumnia, la destrucción de las pruebas, la libertad fáctica de los dos suboficiales condenados quienes estando en guarnición militar seguían comentiendo asesinatos por fuera de su lugar de reclusión, su rápida puesta en libertad con gran reducción de penas, la eliminación de los paramilitares que participaron en el atentado, la captura de personas que pasaron años en prisión como parte de un montaje judicial para presentarlos como falsos autores del magnicidio, las amenazas que nos costaron años de exilio.
Este sistema de inteligencia ilegal, de planificación, de perpetración masiva del genocidio, encubrimiento, distorsión de la verdad e impunidad, constituye sin duda el lado sombrío de nuestra democracia y su Estado de derecho.
Por eso como víctimas reclamamos que esa verdad quede claramente enunciada e incorporada a nuestra historia como sociedad y a la memoria de las generaciones presentes y futuras: en Colombia se ha perpetrado el genocidio como parte del régimen político vigente. Y por eso, tal y como lo hicimos ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hoy pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que tipifique el caso de la Unión Patriótica y del Partido Comunista como genocidio político".
