Corrupción en el ICBF: los contratos que el Gobierno de Gustavo Petro le ha entregado al cartel de las familias falsas

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), insistió este miércoles en el Congreso de la República que su administración ha sido clave para denunciar los grandes casos de corrupción que han obstaculizado la gestión de la entidad. 

Sin embargo, mientras la funcionaria ha estado al frente de esa institución, se han firmado varios contratos que evidencian presuntas irregularidades y generan muchas dudas, porque quedaron en manos de personas investigadas por prácticas ilegales.  

En medio del debate de control político contra la funcionaria que lidera el Bienestar Familiar, Cáceres aseguró que durante años operadores privados han desmantelado una entidad que maneja un presupuesto de 9 billones de pesos, debido a las tercerizaciones que han permitido que los recursos de los niños terminen en bolsillos de particulares. 

Caceres reiteró que por eso era importante acudir al espejo retrovisor, porque “si no miramos hacía atrás, no habrá manera de saber qué es lo que debe cambiar. Las formas de contratación que han existido son las que no permiten el gran cambio que quiere este Gobierno”. 

No obstante, es llamativo que aunque la directora del ICBF se jacte de ser la que está limpiando la casa, en su administración sigan entregando contratos a empresas involucradas en el escándalos de corrupción, como es el caso de los protagonistas del cartel de las familias falsas en Nariño denunciado por CAMBIO. 

El pasado mes de enero, este medio dio a conocer que fundaciones vinculadas al exconcejal de Cambio Radical Otoniel Vergara se apropiaron en 2021 de recursos destinados a atender a los hogares más vulnerables del departamento, mediante cobros por familias inexistentes. 

Cuando la dirección regional en Nariño hizo la supervisión de la ejecución de ese contrato, encontró que, de un total de 812 llamadas que hicieron a las familias para confirmar si fueron atendidas, solo un poco más de la mitad (441) fueron contestadas, y de esas, 62 hogares respondieron que no sabían de la existencia del programa del Bienestar Familiar. 

Además, otros 370 intentos de comunicación con supuestos beneficiarios relacionados en la lista entregada por el operador se malograron, porque los números de contacto no eran los indicados o simplemente no existían.

Otoniel Vergara estaría detrás de ese presunto engaño con la ayuda de su gran amiga y asesora de la dirección general, Martha Tovar, que durante años ocupó cargos de alto nivel en esa entidad. Unas conversaciones telefónicas, reveladas también por este medio de comunicación, demostraron que Tovar y Vergara tienen un vínculo de amistad. Eso permitió que desde 2016 las empresas del político nariñense hayan obtenido 66 contratos para operar programas de la niñez en esa región del país. 

Cuando se dieron a conocer esas denuncias, el ICBF le respondió a CAMBIO que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha firmado contratos con las firmas implicadas en el cartel de las familias falsas, ni con sus asociados, y que el proceso que se entregó en la administración Duque ya había sido declarado incumplido. Por ende, el contratista fue sancionado.

Aunque la señora Martha Tovar sí fue declarada insubsistente por su relación con Otoniel Vergara, este medio encontró que la actual administración les ha otorgado otros ocho contratos a las fundaciones del exconcejal, tiempo después de haberse apropiado de recursos públicos que eran para los menores. 

Incluso, uno de esos procesos fue adjudicado el pasado 19 de febrero de 2024. Solo dos semanas después de que se conociera el desfalco que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. 

El nuevo contrato fue entregado a la Fundación para la Paz, la Salud y la Educación del Pacífico, cuyo representante legal es Samir Estacio Quiñones, primo y socio de Otoniel Vergara y fundador de la IPS Afrosalud y la firma Corsocial. Esas dos empresas también son del exconcejal y conformaron la Unión Temporal Mi Familia, con la que ganaron la operación del programa en el que se inventaron las familias atendidas. 

CAMBIO conoció un documento en el que el ICBF le reconoce en 2016 la personería jurídica a la IPS Afrosalud y a Corsocial e inscribe a Samir Estacio Quiñones como representante legal de esas compañías. Esa resolución está firmada por Martha Tovar, por entonces directora encargada de la regional Nariño. 

Los otros siete procesos se los dieron a Otoniel Vergara durante 2023 a través de la fundación Asoformando, representada legalmente por su hija Geraldine Estefanía Vergara Tenorio. Con esa empresa operaron el programa de Mi Primera Infancia en varios municipios nariñenses.

En esos casos también se habrían presentado irregularidades similares a las denunciadas en el caso de las familias falsas. Por ejemplo, ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Nariño, se denunció la presunta alteración de documentos y extractos bancarios que entregó el contratista para cobrar los dineros al ICBF. 

Ese fue uno de los cuestionamientos que le hicieron a la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, en el debate citado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Allí, el congresista Andrés Forero le preguntó a la funcionaria si en su administración ha seguido beneficiando a Otoniel Vergara. Aunque ella lo tomó como un chiste –riendo mientras el representante daba su intervención– su respuesta fue aún más sorpresiva. 
 
Según Cáceres, las sanciones a los operadores en Nariño, que cobraron por las familias falsas, estaban engavetadas en esa regional y fue por orden de la dirección nacional que los procesos se llevaron ante las autoridades. 

Luego la funcionaria argumentó que fue ella quien pidió celeridad para que el contratista fuera multado y se autoproclamó como la persona que desmanteló el entramado, culpando de las demoras a la directora regional, que en diciembre del año pasado fue declarada insubsistente.  

Pero la realidad sería otra. Según lo revelado por CAMBIO a comienzos de este año, fue justamente la directora del ICBF en ese departamento quien denunció el caso ante la sede nacional y ante la Fiscalía desde el año 2022. Además, a la directora Astrid Cáceres y a su predecesora, Concha Baracaldo, les advirtieron de ese desfalco meses atrás, pero hicieron caso omiso de ellas. 

A Cáceres, como a Baracaldo, también les informaron de la relación de la asesora Martha Tovar con el polémico contratista, pero ninguna tomó cartas en el asunto. Además, por solicitud de Tovar se le pidió la renuncia a la directora de Nariño justo un día después de haberle confirmado la millonaria multa a su amigo Otoniel. 

Otra inconsistencia en las explicaciones que Cáceres le dio al Congreso tiene que ver con la salida de la directora de la regional Nariño. En el debate en el Legislativo la funcionaria dice que la declaró insubsistente por no haberse movido con las denuncias contra el contratista implicado, pero, en contraste, en enero de este año le respondió a CAMBIO que esa solicitud de renuncia no tuvo nada que ver con el escándalo revelado. 

Por esa razón, persiste la incertidumbre frente a las actuaciones de la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, en relación con el caso de las familias falsas y sus protagonistas. Las respuestas que dio la funcionaria ante el Congreso también fueron rechazadas por la misma corporación que sigue pidiendo explicaciones por ese escándalo y por los nuevos contratos entregados a las empresas del político investigado, que están vigentes y empantanado la gestión de quien dice estar atacando la corrupción.